José López desafía a primo de Macri y a otros constructores a que digan si les pidió "retorno"

José López, el ex secretario de Obras Públicas preso tras llevar nueve millones de dólares a esconder a un convento, defendió hoy ante la Justicia su gestión como funcionario, desmintió la "cartelización" en favor del también detenido Lázaro Báez y reclamó que declaren empresarios como Angelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- y Cristóbal López, para salvar su "buen nombre y honor".

El detenido ex funcionario kirchnerista ofreció careos con los representantes de 36 empresas constructoras -incluido el primo del Presidente- para que cuenten si él les solicitó "en algún caso retorno o entrega de alguna suma de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra".

López, que cumple prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza desde el 14 de junio último, formuló ese petitorio en el escrito de descargo que presentó ante el juez federal Julián Ercolini en la causa por supuesto direccionamiento de licitaciones en favor del empresario kirchnerista Báez donde está imputada la ex presidenta Cristina Fernández. 

En la audiencia de declaración indagatoria ante el magistrado también participaron el fiscal federal Gerardo Pollicita y los abogados defensores Diego Sánchez y Fernando García.

López llegó a las 8.40 al edificio judicial del barrio porteño de Retiro en medio de un fuerte dispositivo de seguridad del Servicio Penitenciario Federal (SPF), que lo trasladó desde la cárcel de Ezeiza, donde cumple arresto por la causa por enriquecimiento ilícito luego de que lo atraparan el 14 de junio en un convento de General Rodríguez con bolsos donde había nueve millones de dólares.

En esa causa López aseguró que el dinero provenía "de la política", pero no dio más detalles.

En este expediente Ercolini investiga la obra pública y por ello ya indagó esta semana a la ex presidenta Fernández, al ex ministro de Planificación Julio De Vido y a Báez.

Sin contestar preguntas, López negó "terminantemente los pretendidos ilícitos atribuidos" y reclamó que se cite a declarar al titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, quien hablo de la "cartelización" de la obra pública, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, que afirmo que "se robó haciendo obra pública y por cada dos pesos que se gastaba a la obra iba solo un peso" al emprendimiento.

Tras pedir que esos funcionarios aporten pruebas de sus dichos, López agregó que "como Dietrich dijo que de 107 mil millones de dólares que se manejaron, unos 53.500 quedaron en manos de los empresarios", se los cite también a ellos, a los representantes legales de las 36 firmas "con mayor contrato de obra pública" para que puedan "explicitar y salvaguardar su buen nombre y honor".

Allí nombró a firmas como "Techint, de Paolo Rocca; Electroingeniería, de Osvaldo Acosta y Gerardo Ferreyra; IECSA, de Angelo Calcaterra; Corporación América, de Eduardo Eurnekian; INVAP, Odebretch, ESUCO, CPC de Cristóbal López y Grupo Austral, de Báez, entre otras, indicaron a DyN fuentes judiciales.

Precisamente, la sospecha de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques es que durante el gobierno kirchnerista se direccionó la obra pública para favorecer a Báez, preso desde abril pasado en la causa por lavado de activos -conocida como la "ruta del dinero K", el único empresario que cobró por sus servicios en comparación con el resto.

Al igual que Cristina Fernández, reclamó que se haga una auditoría "de toda la obra pública desde 2003 a 2015, y añadió el pedido de la citación a los empresarios.

A ellos, dijo López, deberían preguntase si él "como secretario de Obras Públicas le indicó a alguno de ellos que no se presentara en alguna licitación; si organizó alguna mesa o reunión para arreglar alguna licitación y si solicitó en algún caso retorno o entrega alguna de dinero a cambio de la adjudicación de alguna obra".

Incluso, ofreció un careo con cualquiera de los empresarios, si se considerara conveniente.

En su defensa, López aseguró que para el gobierno kirchnerista el desarrollo de la obra pública era clave en el aspecto "político-social" y el "político-económico": el primero haciendo eje en "el empleo y la inclusión social", y el segundo en la "dinamización de la economía de la industria de la construcción por la cantidad de rubros que moviliza".

Sostuvo que "si se considera el número de las obras, el 95 por ciento de las que se ejecutaron se desarrollaron en forma descentralizada, lo que permitió construir más de 40 mil obras en todo el país", y remarcó que de no haber sido descentralizado "hubiera resultado imposible al Estado Nacional con su propio sistema de administración" construirlas. Y añadió que "no hubo ni discrecionalidad ni arbitrariedad en el manejo de los fondos".