Audiencias públicas: una necesaria reforma

El sistema político-institucional argentino cuenta con diversos mecanismos para acrecentar la transparencia de los actos de gobierno, permitir un acceso igualitario a la información y ampliar la participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración.

Según el diccionario de la Real Academia, la palabra "audiencia" significa el "acto de oír los soberanos u otras autoridades a las personas que exponen, reclaman o solicitan alguna cosa".

Este acto de "oír los soberanos" en nuestro derecho se presenta como una garantía de oír al interesado (con acceso al expediente, debate y prueba, control de la producción de la prueba, alegato y decisión fundada sobre los hechos alegados y probados), antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo. (Conf. http://www.gordillo.com/pdf_tomo2/capitulo11.pdf)

Desde esta perspectiva, el mecanismo de la audiencia pública se encuentra directamente emparentado con la garantía constitucional del derecho de defensa, entendido como el derecho de todo usuario y consumidor a ser oído con carácter previo a la emisión de un acto -de alcance general o particular- que pueda afectar sus derechos o intereses legítimos.

Considero que el acto de la audiencia pública además de garantizar el procedimiento administrativo exigido por la ley provincial 4654, debe constituirse en un mecanismo de fomento, colaboración y de estimulación a la participación ciudadana en temas que importan y afectan a toda la ciudadanía. Pero además debe sumarse como instrumento idóneo para controlar la actividad de las empresas provinciales que prestan servicios públicos domiciliarios como lo son en nuestra provincia SECHEEP y SAMEEP.

Casi 20 años han pasado desde la sanción de la ley 4654, que crea el mecanismo de las audiencias públicas en la provincia y aun creo que no hemos tomado conciencia de que la Audiencia Pública es un elemento de democratización del poder, conforme al ya clásico principio de que la democracia no es sólo un modo de elección y designación del poder, sino también un modo de ejercicio del poder.

Observando la última experiencia a nivel nacional con las audiencias públicas del gas y la energía eléctrica, he presentado al Sr. Defensor del Pueblo un proyecto de reforma de la ley 4654, que siguiendo esos lineamientos busca garantizar la mayor participación ciudadana en la provincia.

Considero que es necesario un cambio de metodología en las audiencias públicas en nuestra provincia, en especial en el caso de los servicios públicos domiciliarios que permita, que las audiencias se puedan celebrar en distintas delegaciones provinciales y sumar a ello algún mecanismo de participación virtual de los usuarios.

Por esto puse en consideración de la defensoria para que sea elevado a la Cámara de diputados, mi  proyecto de reforma de ley que considera cambios en la forma de la convocatoria, la forma de publicidad del informe, prevé inscripciones en todo el territorio y no limitadas a un solo lugar, como así también en cuanto a que el expediente esté el día de la audiencia en todas las sedes habilitadas a disposición de los usuarios.

Este cambio de metodología propuesto en el proyecto de ley, surge con motivo de los diversos inconvenientes que se han presentado en nuestra provincia y que hemos sido testigos en los últimos años y que, casi en todos los casos, han sido motivos de tensiones entre los sectores representados por las empresas prestadoras del servicio y los que representan a los usuarios y consumidores, siempre perdiendo estos últimos.

Desde la disposición de cargos específicos sin el llamado a Audiencia Pública que provoco una acción de amparo por parte de la Defensoría del Pueblo en los autos caratulados: "DEFENSORIA DE PUEBLO C/SERVICIOS ENERGETICOS DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.CH.E.E.P.) Y/O PODER EJECUTIVO PROVINCIAL Y/O MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS S/ACCION DE AMPARO", en el año 2013 por el que se declaro la inconstitucionalidad de la Resolución N 297 de fecha 23 de abril del Ministerio de Infraestructura y consecuentemente se ordeno a la empresa SECHEEP que refacture las boletas emitidas por la aplicación de las normas impugnadas debiendo ajustarse al cuadro tarifario anterior e imputar la diferencia resultante de períodos abonados, pasando por la audiencia publica, donde si bien cumplió con las formas de la ley 4654 no lo hizo respecto de la finalidad tuitiva de los derechos de usuarios y consumidores, fijando por decreto provincial 2772 que se realice el día 27 de diciembre en horario comercial y únicamente en la localidad de Sáenz Peña ubicada a 150 kilómetros de los centros de mayor consumo, a la última audiencia celebrada en la localidad de Campo Largo el último 9 de agosto, donde solo estuvieron presentes algunos funcionarios y muy pocos usuarios.

Como puede observarse el mecanismo se repite y la legislación vigente deja cuestiones a interpretación de la autoridad de aplicación que interpretadas estricto sensu, si bien podría decirse que se está cumpliendo con la letra de la ley, no se cumple con su espíritu.

Estos hechos indicativos de una merma en el derecho que se pretende proteger de los usuarios y consumidores y por ello desde el lugar que me toca estar considero que la reforma propuesta puede ser un aporte, para que mediante una nueva legislación en la materia y que impulsaremos desde el lugar que me toca en la Defensoría del Pueblo, se revierta esta situación de los usuarios.

Por ello, si bien la participación ciudadana depende en definitiva de cada uno de nosotros y nuestro compromiso social, es necesario que desde el Estado constantemente se esté avanzando en mejorar la situación del usuario y consumidor y no mantener un sistema que a la vista no ha sido efectivo en garantizar los derechos y en cumplir con su finalidad. 

(*) Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia del Chaco.