Asociación Pensamiento Penal responde a Mariano Moro
La Asociación Pensamiento Penal emitió un documento para afirmar su postura en cuanto a la exigencia del juicio por jurados. El abogado Kevin Boss Nielsen firma la nota en que contesta a Mariano Moro, luego de sus opiniones al respecto.
A continuación, el texto del comunicado:
"Respuesta a Mariano Moro, sobre juicio por jurados
Estimado Mariano Moro, hace aproximadamente un año se sancionó la Ley 7.661 que establece al jurado popular como sistema de enjuiciamiento para ciertos delitos graves en la Provincia del Chaco, o más bien se podría decir que se dio cumplimiento en lo normativo local a la obligación que surge de la propia Constitución Nacional desde el año 1853.
Usted se refiere a que "es la misma realidad la que nos está demostrando la total ausencia de demanda por parte de la sociedad de este instituto" y en cambio nos narra una serie de inquietudes que según Usted son prioritarias para la gente.
En primer término, me despierta curiosidad saber mediante qué mecanismo logra Ud. saber a ciencia cierta qué es lo que reclama la sociedad, y aún más, qué es lo que de ninguna manera reclama. Esta intención de constituirse en una suerte de intérprete del cuerpo social y hablar en su nombre no hace más que despertar suspicacias sobre si realmente obedece al sentir colectivo, o en cambio no son más que una serie de conjeturas que realiza a título personal. En cualquier caso, debería aclararlo.
Le recuerdo que en nuestro sistema democrático y representativo, en virtud del Art. 1 de la Constitución Nacional (el mismo que Usted supo citar para oponerse al juicio por jurados) el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Es decir, si hay alguien que puede hablar en nombre de la sociedad, es, en todo caso, en primer término, el poder legislativo.
Fue el mismo poder legislativo el que hace un año, por la contundente legitimidad que otorga la proporción de 23 votos contra 7, sancionó la Ley que hoy reclamamos por su aplicación.
Ahora bien, la sanción de la Ley 7.661 lejos estuvo de ser un capricho u ocurrencia. Tampoco fue un proyecto forzado en sus tiempos y menos aún carente de discusión. En este sentido es necesario recordarle que se realizaron sendos debates en cada una de las circunscripciones judiciales de la Provincia, espacios en los que, tanto de forma oral como escrita, se recibieron y se pusieron en común todos los puntos de vista sobre el proyecto. Los supuestos "inconvenientes técnicos" fueron debatidos en un marco de diversidad, y los prejuicios fueron vencidos desde la argumentación, aunque así generalmente no lo admitan quienes sostienen posiciones que resultan perdidosas. Lo innegable es que fueron escuchados, fueron analizados y pese a ello la ley fue sancionada. De eso, estimado Moro, se trata la democracia deliberativa. No de imponer, sino de discutir, confrontar, y aun así, estar dispuesto a perder.
Con respecto a su imputación de que el juicio por jurados obedece a "intereses sectoriales"; difícilmente pueda entenderse de qué manera delegar el poder decisorio sobre las causas penales -o en realidad devolvérselo al pueblo- podría obedecer a un "interés sectorial", al menos que por sectorial entendamos al conjunto de la sociedad, lo que significaría caer en una enorme imprecisión semántica. El sentido común nos dicta en cambio, que es más bien la oposición al juicio por jurados la que refleja la resistencia a perder poder por parte de un segmento de la denominada "familia judicial". Eso, estimado, sí se puede definir como sectorial. Coincido plenamente con Usted sobre aquellas problemáticas que señala que son dignas y acuciantes de resolverse, tanto en lo que hace a la situación de las personas privadas de la libertad, así como la de brindar respuestas efectivas a las víctimas del delito. Ambas son ejes centrales que planteamos día a día en nuestro quehacer cotidiano desde la asociación a la que pertenezco. Ahora bien, de ninguna manera lo uno es excluyente de lo otro, máxime cuando el supuesto gasto público que implica la implementación del juicio por jurados es prácticamente insignificante. Sin embargo, lo que tenemos para ganar es demasiado, ya que resulta un instrumento altamente efectivo para transparentar la administración de justicia y en consecuencia devolver la tan vapuleada confianza que la sociedad deposita en su poder judicial. Objetivos que según entiendo y me gratifica, compartimos."