Casi tres millones de argentinos viven en villas de emergencia

Al menos 2,7 millones de personas viven en la Argentina en casas muy precarias en asentamientos sin energía eléctrica, agua potable ni cloacas, invisibles ante los ojos del Estado.   

Hay 1.834 asentamientos en el 70% del territorio nacional donde viven 532.000 familias de cinco integrantes en promedio, según el relevamiento de Techo, una ONG sin fines de lucro con presencia en toda América Latina.

Casas de chapa de cartón, toldos, barro o material sin terminaciones mínimas configuran islas en el corazón o la periferia de las ciudades más populosas; a cinco minutos del Obelisco, en Cuyo, el norte y el sur, las villas de emergencia no 

han parado de crecer en los últimos cuarenta años. 

Allí la posibilidad de mejorar la vivienda –para que no llueva sobre las almohadas- es relegada ante la necesidad de comer y vestir; no existe planificación ni infraestructura urbana: el Estado –casi- no está; y en la mayoría de los casos falta 

organización de los vecinos para alzar la voz.

Las tomas de tierras chocan con el derecho a la propiedad privada en un devenir histórico que no supo o no pudo o no quiso generar oportunidades para todos: los padres se acuestan pensando que sus hijos pueden no tener dónde vivir mañana porque no cuentan con seguridad dominial.

Las familias rechazan el asistencialismo, buscan oportunidades en una sociedad que muchas veces las discrimina, las empuja al aislamiento y las saquea con inflación y desigualdad; viven hacinadas y empobrecidas en un país con 2.780.400 kilómetros cuadrados que produce alimentos para 400 millones de personas al 

Sólo el 4% de los créditos del sistema financiero son hipotecarios y la oferta demanda requisitos imposibles, impone tasas impagables (ajustada por inflación) en una economía con el 40% del empleo no registrado y en la que la teoría del derrame se impone cada diez años.

El Estado llegó hace unos años con algunas urbanizaciones como ocurrió con la Villa Palito, en La Matanza, y planes distributivos como la Asignación Universal por Hijo y Progresar, que ayuda un millón de jóvenes de entre los 18 y 24 años que no trabajan o lo hacen informalmente para que puedan sostener sus estudios.

Pero el acceso al mercado laboral con salarios que superen a la canasta básica es dificultoso, mientras la economía se sigue concentrando y no se observan cambios estructurales que permitan superar definitivamente esta terrible situación.  

 A esas villas de emergencia –que se tornaron permanentes- llegan todos los días los voluntarios de Techo, que ya construyeron 11.000 viviendas de emergencia, entregaron 1.600 microcréditos y lograron que unos 2916 vecinos se gradúen en 

oficios.    

Techo releva los asentamientos cada dos años, actualiza su información y la pone a disposición de los gobiernos locales y  provinciales; ahora está trabajando en 108 villas y desde que llegó al país, en 2007, movilizó unos 108.000 voluntarios. 

Esta ONG y sus voluntarios -la mayoría jóvenes de entre 16 y 30 años- colaboran para organizar a las familias, en pos de mejorar su calidad de vida en Buenos Aires, Córdoba, Salta, Misiones, Chaco, Corrientes, Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Tucumán.    

Arquitectos, médicos, docentes, asistentes sociales, ingenieros, algunos pocos rentados y otros miles ad honorem, no llevan soluciones estándar: interactúan con los pobladores, los escuchan, se ponen a disposición, ofrecen herramientas y trabajan en conjunto. 

Se mueven con una concepción: las ciudades no son una mera acumulación de edificios, sino las personas interactuando entre sí y creando oportunidades; no se trata sólo de una casa más digna sino de la generación de un hábitat que comprenda al individuo como un ciudadano con derechos y posibilidad de acceso.  

"Tenemos que comprender que no somos culpables de la pobreza pero sí claros corresponsables. Sólo la acción social podrá hacer superar este flagelo", define Pablo García Lazo, director de la sede Oeste de Techo en Buenos Aires.

El 50% del financiamiento de Techo es por donaciones de individuos y el resto se reparte entre aportes de empresas, eventos y la colecta anual de la organización, que en 2016 se llevará a cabo los días 2, 3 y 4 de septiembre. 

Son conocidos por la construcción de casas de madera con techos de zinc, pero hacen mucho más que eso: brindan apoyo escolar, cursos de oficios y asesoramiento legal, por ejemplo.   Una investigación de J-PAL, un centro internacional de investigación sobre desarrollo y pobreza, dice que las viviendas 

de Techo impactan positivamente en los asentamientos, en la percepción de seguridad y de bienestar que los encuestados tienen de sí mismos.

"Las soluciones de más alto impacto salen de los propios vecinos. Ellos saben mejor que nadie qué necesitan para mejorar su calidad de vida", cuenta García Lazo y explica el trabajo se realiza en mesas de gestión que propone Techo, en las que los vecinos diagraman –con ayuda profesional- propuestas para sus 

barrios.

Una de las principales misiones de la organización –según este joven ingeniero de 32 años- es darle visibilidad a los problemas de las comunidades.

"Sólo cuando el problema está en agenda, el Estado se ve obligado a atenderlo", define García Lazo y cuenta que el Gobierno pidió recientemente el relevamiento de asentamientos y se comprometió a terminar el censo en el 30% del país que falta.