Juristas y académicos criticaron la creación de subprocuraciones para limitar el poder de Gils Carbó

Magistrados, juristas y académicos criticaron hoy en Diputados que la reforma del Ministerio Público Fiscal enviada por el Gobierno establezca la creación de cuatro subprocuraciones por fueros, por considerar que "atentan contra los principios jerárquicos del organismo", conducido por Alejandra Gils Carbó, y buscan "debilitarlo". 

En un plenario de las comisiones de Justicia, de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda, una veintena de especialistas brindó este martes su opinión sobre el proyecto de ley enviado por el gobierno de Mauricio Macri, que pretende limitar del poder de la procuradora general de la Nación, Gils Carbó, a quien considera una militante kirchnerista. 

El blanco de las críticas al proyecto de modificación de la ley 27.148 (Orgánica del Ministerio Público Fiscal), ya no sólo de la oposición sino también de los expertos, es la creación de cuatro subprocuraciones en las áreas de criminalidad organizada y derecho penal, público y privado. 

Para el fiscal general de la Cámara del Crimen, Ricardo Sáenz, uno de los primeros en exponer su visión sobre la iniciativa, la creación de subprocuradores "atenta contra los principios jerárquicos y de unidad de actuación" que la Constitución establece para el Ministerio Público Fiscal. 

Sáenz, como lo harían después otros oradores, citó al respecto el artículo 120 de la Constitución Nacional, que establece que "el Ministerio Público es un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera" y que "está integrado por un procurador general de la Nación y un defensor general de la Nación y los demás miembros que la ley establezca". 

Sáenz, quien está abiertamente enfrentado a Gils Carbó, señaló sobre los subprocuradores que "desde hace muchísimo tiempo, quizás desde la formación misma formación del Ministerio Público Fiscal, a fines del siglo XIX, existen cuatro cargos por debajo del procurador, que son procuradores generales ante la Corte" y que el procurador podría "integrarlos" a su "cogobierno". 

Por su parte, la directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, afirmó que el proyecto de ley "tiene graves problemas" y que "el punto principal es que plantea un debilitamiento importante de la figura del procurador general". 

"El proyecto de alguna manera está planteando una especie de cogobierno del del Ministerio Público Fiscal entre el procurador y los subprocuradores, integrados al Consejo General de Fiscales. 

Es un diseño de organismo contrario a la idea de unidad y de organización jerárquica, porque le quita al procurador sus funciones básicas de establecer y definir su política criminal, de persecución penal y de defensa del interés público", aseveró. 

La abogada del CELS, organismo que preside el periodista Horacio Verbitsky, cuestionó que en este Consejo "a diferencia de los subprocuradores, el procurador no tiene votos, salvo casos de mpate". 

Litvachky también consideró en relación con el mandato del procurador, que dejará de ser vitalicio, que el plazo de cuatro años que prevé el proyecto "es muy corto y limitado, porque en vez de fortalecer esa función y permitir que desarrolle un plan de gobierno lo que hace es limitarlo". 

Sobre este asunto, Litvachky sugirió un plazo de duración del mandato del procurador general de la Nación de ocho años, aunque sostuvo que lo ideal serían diez años. A su turno, el procurador general de Salta, Pablo López Viñals, señaló que en su provincia "por mandato constitucional el procurador dura seis años y es reelegible". "Yo voy en el octavo año de mandato. 

Y es bueno que la figura de procurador tenga un límite en el tiempo, porque esto permite ejercer un control más firme sobre el desempeño del Ministerio Público Fiscal", evaluó. 

Por su parte, Julio Maier, profesor consulto de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal de la UBA, señaló que tanto Macri como su ministro de Justicia, Germán Garavano, "presionaron a la procuradora públicamente para que renuncie y así poder designar a un nuevo procurador y criticó al proyecto al señalar que "reduce sus competencias a las de un gerente administrativo". 

"Crea cargos que o bien le quitan competencia o de cuya aprobación dependen sus actos (los subprocuradores y el consejo general del Ministerio Público Fiscal), con el agravante político de que los cargos de subprocuradores no dependen de prueba alguna de idoneidad previa (concurso público), como los demás fiscales, y sólo requieren el nombramiento del Poder Ejecutivo con acuerdo de mayoría simple del Senado, mientras el Procurador General depende de un consenso de dos tercios de la Cámara", resaltó Maier. 

Sin embargo, también hubo voces a favor de los subprocuradores, como la del exdiputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien en su calidad de abogado constitucionalista señaló que estas figuras "existen en Brasil, en México, y tienden a la especialización". 

"Está bien discutir si tienen que ser cuatro, dos o tres, pero la figura del subprocurador en sí no está mal. Sí quiás se podría requerir que la ley establezca algún requisito de idoneidad", admitió Gil Lavedra. 

Otros expertos cuestionaron que el proyecto establezca la derogación de los artículos 32 y 33 de la actual norma, que le permite a la procuración "establecer fiscalías especializadas y direcciones especiales". 

La de este martes fue la primera sesión del plenario de comisiones sobre el proyecto, que también le quita a la Procuración General de la Nación la facultad de la que dispone en la actualidad de intervenir en los procesos de selección y remoción de fiscales. Hasta el momento, el oficialismo no ha fijado plazos para la reunión en que se emitirán dictámenes sobre la iniciativa.