Los jueces consideran "inadmisible" publicar sus declaraciones juradas y aseguran que "compromete" la seguridad
La Asociación de Magistrados consideró hoy "inadmisible" que los jueces presenten sus declaraciones juradas y las mismas se hagan públicas, al advertir que esa situación podría "comprometer" la seguridad de los miembros del Poder Judicial y de sus familias.
"Resulta inadmisible contemplar la posibilidad de que, so pretexto de publicidad y transparencia, se generen mecanismos que permitan que la información patrimonial, principalmente en lo que atañe a su guarda y publicidad, dependa de un órgano o departamento del gobierno federal distinto", subrayó la entidad.
En un comunicado, los jueces resaltaron la necesidad de reserva respecto a "determinados datos o aspectos" que "comprometan la seguridad personal de los miembros del Poder Judicial y sus familias".
La declaración de la Asociación de Magistrados lleva la firma de su presidente, Ricardo Recondo, y su vicepresidente, Alejandro Sudera, y se produce luego de los cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública impulsados por la diputada Elisa Carrió para que los integrantes del Poder Judicial estén obligados a mostrar sus declaraciones juradas "en aras de la transparencia que demanda la sociedad".
Los jueces reclamaron que para acceder a sus datos se "exija la acreditación de un interés real y jurídicamente valioso, independientemente de las pretensiones y expectativas que desde algunos sectores de la política puedan proyectarse en punto a lo que se estime ideal en materia de publicidad".
La Asociación de Magistrados se expresó de esta forma luego de que la Cámara de Diputados aprobara la ley de Acceso a la Información Pública, que ahora será discutida por el Senado, y obliga a la presentación de las declaraciones juradas de los jueces.
La entidad destacó que "los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos tienen a su cargo de modo permanente la intervención y decisión en controversias que involucran tanto intereses particulares como colectivos, incluso en varias oportunidades también ligados a otros de naturaleza política".
"Y sin perjuicio de las opiniones y exigencias que agentes externos a esa jurisdicción pudieren proferir a partir del ejercicio de sus roles, en el entendimiento de que ello contribuye a la mejora de la calidad institucional, resulta menester que cualquier reforma que sobre esta temática se pudiese proponer o impulsar compatibilice las expectativas de la generalidad con las especiales características, responsabilidades y exposición personal que resulta inmanente a la delicada tarea que nos compete por imperativo constitucional", agregaron los jueces.
En ese marco, la diputada Carrió, una de las impulsoras de la idea de que los datos de los magistrados estén al alcance de cualquier ciudadano, criticó la decisión de la Asociación de Magistrados y subrayó: "Estoy mucho más amenazada por haber investigado que la Justicia Federal entera. Y mi declaración patrimonial es pública, porque la imparcialidad y la independencia deben ser juzgadas a la luz de la transparencia de su vida pública y privada como sucede en cualquier país civilizado".
Para la legisladora, las declaraciones juradas de funcionarios y jueces "no deben estar en otro poder del Estado, deben estar al alcance de los ciudadanos en Internet". La diputada, referente del interbloque oficialista Cambiemos, logró la semana pasada imponer una modificación en el proyecto de Ley de Acceso a la Información para que "cualquier decisión judicial" que vaya en contra de la norma será causal de "mal desempeño", lo cual podría derivar en un juicio político. "¿Cómo es posible que no podamos acceder a las declaraciones juradas de los jueces de la Corte y demás Tribunales siendo que ellos son la cabeza del Poder Judicial?", se preguntó en la última sesión en la Cámara baja.
La intención de la diputada era incluir en el proyecto un inciso que dijera que los jueces que se opusieran a la norma serían objeto de un juicio político, lo cual fue rechazada por Graciela Camaño, del Frente Renovador, por razones técnicas.
Para terciar, el diputado oficialista Pablo Tonelli aceptó incluir en el proyecto un inciso que estableciera que "cualquier decisión judicial" que fuera en contra de la norma sería causal de "mal desempeño".
La semana previa, la diputada de la Coalición Cívica ya había pedido formalmente por carta al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, las declaraciones juradas de los integrantes del Tribunal y de los magistrados federales, a lo que el máximo tribunal respondió afirmativamente respecto de su caso.
El reclamo fue una clara señal política de Carrió en un nuevo capítulo de su enfrentamiento con Lorenzetti, pues a principio de año lo denunció por presunto enriquecimiento ilícito, causa que terminó archivada.