Representantes de la Unión Judicial dialogaron con Garavano sobre la situación salarial de judiciales de Chaco
Durante su visita a la provincia por la presentación del programa Justicia 2020, el ministro Jusitica y DDHH de la Nación, Germán Garavano, recibió al secretario general Walter Bernard y al gremial Javier Ocampo quienes comentaron "la delicada situación salarial y de infraestructura que afrontan los trabajadores judiciales del Chaco, provocada por la falta un presupuesto acorde".
Resaltaron "la imperiosa" necesidad de un aporte de fondos por parte de la Nación que permita recomponer los salarios chaqueños que "son uno de los peores del país y llegan a una tercera parte de lo que percibe un trabajador de la justicia federal".
Hablaron sobre la aprobación en mayo de 2015 de la Ley Provincial N°7573, de Narcomenudeo con la cual la provincia adhiere a la ley nacional N° 23737 (Ley de estupefacientes). Y detallaron que esta transferencia causas de delitos de fuero federal a juzgados y fiscalías provinciales deparó un "gran crecimiento en las tareas asignadas a la justicia provincial, todo ello sin el correspondiente incremento en el presupuesto para afrontar el ingreso de personal, su capacitación y las necesidades de infraestructura".
El gremio informó que "el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación reconoció la calidad del servicio de justicia que brinda nuestra provincia y el justo reclamo que se lleva adelante por la equiparación salarial y se comprometió a gestionar ante la Nación recursos que permitan mejorar la situación".
Tras esto la UTJCH expresó: "Coincidimos en muchos aspectos planteados por el programa Justicia 2020; tenemos divergencias en otros, consideramos que mientras haya participación y diálogo de todos los sectores que hacen a la administración de Justicia y de la sociedad en su conjunto se puede construir una justicia eficiente y cercana a los más necesitados. Es necesario que se empiecen a hacer las cosas en forma planificada para que la Justicia responda a las expectativas y necesidades del pueblo argentino.
Queremos aprovechar la oportunidad para expresar nuestro más enérgico repudio a las agresiones de tinte mafioso sufridas por el fiscal antidrogas 2 Sergio Cáceres Olivera y fiscal de Estado ad hoc, Edgardo Aguirre Hayes y exhortamos al Estado provincial a que arbitre los medios y recursos necesarios para garantizar la seguridad de trabajadores, funcionarios y magistrados", concluyó.