El Consejo Profesional de Abogados repudia declaraciones de UIA Chaco sobre supuestos abusos cometidos por abogados

El presidente de la UIA Chaco, Andrés Irigoyen, en versiones periodísticas habló de la existencia de una "industria del juicio" o de "beneficios abusivos de los abogados", en relación a la actuación profesional de los abogados en juicios laborales.
Ante esto, el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial manifiesta su "enérgico repudio a las descalificatorias declaraciones vertidas por el empresario.
"Rechazamos estas agraviantes expresiones que se dirigen indiscriminadamente contra todos los abogados que ejercen la defensa de un sector especialmente débil y que tiene por ello una reforzada garantía de protección establecida desde la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos como son los trabajadores", marcaron.
Mediante un comunicado expresaron textualmente: "Los montos indemnizatorios o los reclamos salariales que son patrocinados por los abogados o reconocidos en sentencias judiciales y que les parecen exorbitantes al Sr. Presidente de la Unión Industrial del Chaco, son expresión consecuente de la agravada tarifa establecida legalmente con el fin preciso de que el trabajo y el trabajador no resulten un mero producto ni una mercancía más para el empresario, defendiendo así la dignidad de la persona humana por sobre el siempre insatisfecho ánimo de lucro de quienes se valen del trabajo para producir. Si la disconformidad se plantea en términos de crítica hacia las pretensiones de los trabajadores que los abogados llevamos a juicio, que los críticos dirijan su mirada o conocimiento previo hacia los fundamentos dogmáticos y principialistas que han llevado a que el Derecho tutele de manera diferenciada a los trabajadores, sobre la base de la presunción de que resultan ser siempre los más débiles frente a sus empleadores.
Pero en modo alguno se puede admitir que los operadores del sistema de protección de los derechos, como somos los abogados, sean ligeramente atacados y acusados indiscriminadamente de supuestos abusos, que si los hubieren y están en conocimiento de quienes los denuncian desde el genérico anonimato que agravia a todos los abogados por igual, debería traducirse en una inmediata denuncia ante los organismos judiciales que hoy tienen competencia para juzgar la conducta profesional de los abogados. En este sentido y ante la exhortación que hace el Sr. Gobernador a las entidades que representan a los abogados le recordamos que tales entidades son simples asociaciones civiles, es decir privadas, por propia decisión del Poder Legislativo del Chaco. Tal vez ello sea una novedad para el Sr. Gobernador dada su condición de profesional ingeniero y por tanto alcanzado por la jurisdicción de un colegio legal que es una persona de Derecho Público no estatal, pero no resulta ser el caso de los abogados, cuyo gobierno y control del ejercicio profesional se encuentra bajo la jurisdicción de órganos del Poder Judicial. Desde este Consejo Profesional de Abogados hemos bregado desde siempre por el ejercicio ético de la profesión y por el establecimiento consecuente de las entidades de ley que tengan competencia y facultades suficientes para realizarlo, objetivo que hasta ahora no ha tenido el coherente acompañamiento de quienes sólo se acuerdan de la necesidad de dichos controles cuando sus intereses son afectados por actuaciones profesionales que consideran abusivas.
Ratificando nuestro rechazo a los dichos que nos agravian como entidad representativa de los abogados, instamos a quienes las han pronunciado a circunstanciar debidamente sus afirmaciones y a encausarlas por las vías institucionales que se encuentran establecidas, a fin de evitar que el imprescindible servicio profesional que prestamos quienes defendemos derechos de otros, se vea genéricamente injuriado", concluye el mimo.