Según Rolando Núñez, Capitanich utilizó un informe provisorio y no una auditoría de corte para declarar la emergencia económica en el municipio
A través de la Fundación Nelson Mandela, Rolando Núñez sostuvo que no hubo, al cierre del mandato de Aída Ayala como intendente de Resistencia una auditoría de corte "como anunció Capitanich en su momento". En cambio, lo que hubo fue "un informe interno" realizado por fiscales del Tribunal de Cuentas en diciembre pasado. Núñez afirma que Capitanich, ya asumido intendente, se valió un documento "limitado con datos provisorios" para presentar y hacer aprobar por el Concejo Municipal la emergencia económica "que siempre le sirve al gobernante para evitar o atenuar los controles institucionales sobre cómo administra los recursos públicos", dice Núñez.
La auditoría de corte contable por cambio de autoridades es realizada por el Tribunal de Cuentas para determinar el estado económico y financiero de la municipalidad al término de un mandato. Para Núñez no es posible que Capitanich, un político se haya simplemente confundido un informe con una auditoría de corte:
"Es paradójico que, siendo Capitanich un avezado profesional en ciencias económicas y políticas, confundiera un simple informe de control con uno de auditoría. Lo que leyó es un elemental informe de rutina. Por lo tanto, todo indica que la confusión no sería tal ni casual, como tampoco derivaría de una simple apreciación técnica opinable. Lo manifestado públicamente por el actual Intendente está muy lejos de ser un simple error. Por el contrario, parece que utilizó los datos del informe con una finalidad política e institucional claramente tendenciosa, aprovechándose de una información parcial y de baja calidad, que naturalmente contiene cifras provisorias, sujetas a mayores controles que los realizados al 9 de diciembre pasado.
"Capitanich nos persuadió de que utilizó algunos datos provisorios de un informe para justificar la emergencia económica, el tarifazo que aplicó, su vocación de endeudar, en este caso al Municipio y, quizás, para renegociar condiciones y resultados de contratos de dudosas legalidad y de escasos resultados positivos para la comunidad. Montado en el informe interno del Tribunal de Cuentas, el actual Intendente salió a hablar -a poco de asumir- de una situación desastrosa en el municipio capitalino, con una "deuda flotante" de alrededor de 500 millones de pesos, argumento que utilizó para implementar la declaración de emergencia municipal"
"La dudosa deuda flotante municipal también le dio pie al actual Intendente para gestionar modificaciones en la ordenanza tributaria, intentar un nuevo endeudamiento con fines poco razonables, y para encarar la renegociación de los contratos con las tres empresas que vienen siendo cuestionadas desde hace varios años, conocidas como Relevamientos Catastrales, LOGOS, y Pimp, sobre las que el Centro Mandela ha echado bastante luz en los últimos tiempos, aunque continúa y reina la impunidad en este tema".
"A esta altura del año y de la situación económica y financiera de la Municipalidad de Resistencia, resulta indispensable que el Tribunal de Cuentas -con muchos más elementos de juicio reunidos luego del cierre del ejercicio fiscal 2015- amplíe el informe de cambio de autoridades y despeje algunos interrogantes inquietantes sobre la real situación de la Municipalidad al cierre del mandato de la ingeniera Aída Ayala", considera Núñez.
EL DOCUMENTO QUE ENTREGO EL TRIBUNAL DE CUENTAS
El documento elaborado por los contadores Rodrigo Belbey y Víctor Ledesma, fiscales del Tribunal de Cuentas del Chaco, es un informe especial sobre procedimientos de corte realizado al cierre de un mandato producto del cambio de autoridades que se produjo el 10 de diciembre pasado. Claramente, no es un informe de auditoría porque no se condice con un examen de auditoría, ni con una revisión limitada de estados contable. El informe especial ni siquiera fue requerido por Capitanich, como trascendió en un principio, sino que formó parte de las tareas de control de la hacienda municipal a cargo del Tribunal de Cuentas, según lo contempla la Ley 4159.
A lo largo del informe se mencionaron un conjunto de incumplimientos, faltantes, indeterminaciones y diferencias detectadas, entre las que vale la pena mencionar las siguientes: incumplimientos reiterados de requerimientos formulados con anterioridad a la fecha de cierre por cambio de autoridades; diferencias e incongruencias entre registros contables; falta de conciliaciones bancarias; cuentas bancarias con saldos negativos; indeterminación de créditos a favor del municipio por tributos impagos de contribuyentes; diferencias en registros de acreedores; indeterminación del inventario de deudas y principales acreedores; diferencias entre registros y comprobantes de bienes patrimoniales; falta de Balance General al cierre por cambio de autoridades; falta de Balance de Tesorería al cierre por cambio de autoridades; diferencias entre el registro de compromiso, liquidaciones y pagos y el estado de ejecución de gastos al cierre por cambio de autoridades; falta de información actualizada sobre altas, promociones y bajas del personal; y, falta de registro de retenciones al personal y aportes patronales y de conciliaciones con el INSSSEP.
CONTRATOS RENEGOCIADOS
"Los borradores de las modificaciones contractuales con Relevamientos Catastrales, LOGOS, y Pimp generan muchos interrogantes y más preocupaciones acerca de los supuestos beneficios que generarían a favor del Municipio. Por otra parte, y esto también es muy grave, están intentando consolidar obligaciones emergentes de los contratos vigentes que pagaremos todos los contribuyentes con nuestros impuestos, lo que se producirá en el caso de que el Concejo Municipal apruebe los proyectos de convenios con las tres empresas, lo que no debería ocurrir si es que los concejales verdaderamente defienden los derechos e intereses de los vecinos", sostiene Núñez.
"La grave situación mereció ciertos reparos, no solo de la oposición en el Municipio, sino hasta del propio oficialismo encabezado por el actual presidente del Concejo Gustavo Martinez, quién pidió analizar con más tiempo y detenimiento las nuevas cláusulas que se pretenden introducir a los convenios con las empresas cuestionadas. Martinez utilizó algunos de estos contratos para atacar por años la gestión de Ayala. Ahora, parece que lo que era malo o muy malo para el Municipio se convertiría -de la noche a la mañana- en algo muy beneficioso en la gestión Capitanich. El actual titular del ejecutivo municipal habló de ahorros para el municipio por muchos millones de pesos, de recursos que resignarían las empresas a cambio de no sabe bien de qué factor o circunstancia. Por otro lado, se ejecutan ampliaciones de zonas en el sistema de estacionamiento medido, con duplicación en el valor de la tarifa, pasando por un nuevo sistema de recolección de residuos con equipamiento propio, aunque subsistiendo la contratación de empresas privadas en este rubro, que hacen dudar de las verdaderas intenciones económicas de lo que están negociado".