El Centro Mandela denuncia "hostigamiento policial" a periodista de Machagai

05/02/2016 - 09:37 hs Actualizado 05/02/2016 10:07 hs

El Centro Mandela denuncia que el corresponsal del diario Primera Línea en Machagai, Lorenzo Fernández, "fue claramente presionado por funcionarios policiales luego de que el medio de comunicación para el que trabaja el referido periodista publicara una noticia en su edición del martes 12 de enero de 2016, en la página 20 de la sección Policiales, con el título: "Cuestionan el proceder de la Policía Rural".

Ese mismo martes el corresponsal "fue coaccionado en la vía pública por el jefe de la División Rural de Colonia Aborigen, comisario inspector Gerardo Cáceres, quién se movilizaba con una camioneta policial y con dos policías más, sin que aparentemente advirtiera la presencia de otras personas que vieron lo que ocurría. El comisario Cáceres cuestionó, en voz alta, el contenido de la nota y amenazó con futuras acciones, ‘hasta las últimas consecuencias’, contra quien o quienes habían sido fuente de la información periodística ya que, según su propia versión, era falsa la afirmación de que los productores de la zona del Departamento 25 de Mayo, Quitilipi y Las Garcitas donaban o aportaban combustibles para el patrullero, situación que fuera mencionada en la nota que generó la reacción de los funcionarios policiales", relata Rolando Núñez, director del Centro Mandela.

"Fernández, les garantizó el derecho a réplica. Luego, bastante alterado el comisario y sus subalternos se retiraron del lugar. Poco más tarde regresó el comisario Cáceres y otros policías para hacer entrega al periodista de un escrito firmado y sellado por el propio Cáceres, en el que ‘se desmentía toda la información de la mencionada nota’, exigiendo verbalmente al corresponsal que divulgara la fuente, siempre con un tono amenazante. No obstante la delicada situación, el corresponsal mantuvo la reserva de la fuente, tal cual correspondía según las garantías constitucionales". Al día siguiente, miércoles 15, fue publicada la nota policial en función del derecho a réplica, en la sección interior del diario Primera Línea, previa gestión del corresponsal Fernández.

Según consigna el Centro Mandela, el jueves 14 de enero Fernández recibió un llamado a su celular por parte del comisario mayor Ceferino Sánchez, supervisor de Zona 8, Sáenz Peña, quién citó al periodista para que se hiciera presente a las 18:30 en la comisaría de Machagai para hablar sobre la nota publicada el martes 12 de enero. Minutos después de la hora indicada, el corresponsal Lorenzo Fernández fue atendido por el jefe de la comisaría de Machagai, comisario inspector Leandro Aguilar, y por el comisario mayor Ceferino Sánchez. Ambos funcionarios policiales indagaron al periodista, "quién percibió un inconfundible hostigamiento. Nuevamente pidieron que revele la fuente de la información publicada en la mencionada nota. Argumentaron que con esa información se aportaría datos importantes para la investigación porque el comisario inspector Gerardo Cáceres, jefe de la División Rural, estaba siendo investigado y afrontaba un sumario administrativo por el contenido de la nota publicada el 12 de enero. Sin embargo, el corresponsal Fernández no solamente que no reveló su fuente, sino que consideró que la conversación o interrogatorio había terminado en virtud de todo los hechos irregulares que se habían producido".

OTROS CASOS

Según el Centro Mandela hace pocos días efectuaron disparos de arma de fuego contra la vivienda de la periodista Adriana Taponier, en Villa Ángela. "Producto de este grave hecho la periodista realizó una denuncia en la Comisaria Primera de dicha ciudad. No es la primera vez que Taponier recibe ataques por su labor". Refirió que antes le sacaron los bulones de las ruedas de su automotor, que recibió "huevasos" y que frente a su oficina se dispararon bombas de estruendo, que los relacionó con su actividad periodística.

Gustavo Salto, de Corzuela, dijo haber recibido amenazas del director del hospital, como también durante las elecciones pasadas. Fue quemada la Radio 3.

"Sin embargo el caso de Lorenzo Fernández es el más grave dado que es de carácter institucional, porque los responsables de los hechos eran funcionarios públicos que estaban ejerciendo sus funciones", considera Núñez. "Además de ser un atentado contra la labor de un trabajador de prensa, que afectó la libertad de prensa y el derecho social a la información, puede ser considerado un típico caso de violación de los derechos humanos dado que el agresor ha sido el Estado, a través de los funcionarios intervinientes. Está bueno que hayan abierto sumario, pero en realidad también debe iniciarse una causa judicial en la fiscalía de turno de Sáenz Peña, por lo menos por el posible abuso de autoridad en que incurrieron los funcionarios policiales, sobre todo si se repite lo que ocurre habitualmente, que es la manipulación de los sumarios por parte del Órgano de Control Interno policial (OCI), que no tiene independencia ni criterio suficiente porque depende de la Jefatura de Policía, también influenciable desde el poder político, o sea que reiteradamente no se sanciona a aquellos policías que son investigados porque existe un marcado tráfico de influencias que garantiza ciertos niveles selectivos de impunidad. Los restantes casos mencionados en esta nota, de periodistas que fueron víctimas de atentados o de coacciones, no son menos graves".

"Lamentablemente el pésimo funcionamiento de la justicia penal muchas veces también alimenta la impunidad. Finalmente, la opinión pública tiene derecho a saber lo que ha ocurrido en cada caso en función del derecho social a la información. Mientras tanto, la difusión de estos casos contribuirá a despejar el silencio que frecuentemente encubre estos atropellos de funcionarios o agentes públicos contra la prensa. Es necesario que se publiquen estas triste y preocupantes historias para que no se repitan. El camino pasa por unir a periodistas, empresas de medios de comunicación, poder político y judicial para encaminar o restaurar el pleno respeto por los trabajadores que construyen a la libertad de prensa e información y, finalmente, respetar y auspiciar la plena vigencia del derecho social a la información objetiva y seria, que por cierto no abunda en Chaco", dijo Núñez.