Vergüenza ajena
Existe un sentimiento vulgarmente denominado "vergüenza ajena", que es aquel que provocan un acto o una situación de ridiculez y desubicación de un tercero que uno sería incapaz de protagonizar.
Y ya son varios los episodios de vergüenza ajena que están afrontando millones de ciudadanos al ver a no pocos dirigentes o protagonistas de la vida diaria en posturas que generan esa reacción.
Un caso es el de cierto sector de sindicalistas que se colgaron de las barbas de Daniel Scioli después de que hasta ayer estuvieron aplaudiendo como zombies a Cristina Fernández, quien lo único que hizo fue ignorar las demandas del gremialismo en general y mantenerlo dividido.
Los reclamos principales tienen que ver con los trabajadores, pues, por ejemplo, el Impuesto a las Ganancias es un arma mortal directa contra los ingresos, y la carrada de millones de pesos de las obras sociales de la que el Gobierno se ha apropiado y se niega a devolver podrían redundar en beneficios para los afiliados, obviamente si esos fondos son bien administrados.
El ejemplo emergente de ese grupo es el jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, aunque solo por esa condición es el que más se destaca, pues hay varios otros congéneres suyos que no se ruborizan ante los virajes que andan pegando.
Lo que sucede es que la organización que a la par conduce Caló, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), carga con una mochila de plomo inédita.
A partir de una confesión de un ex abogado condenado por la Justicia, el gremio que construyeron Augusto Vandor, José Rucci y Lorenzo Miguel deberá transitar los tribunales en un caso de presunto lavado de dinero relacionado con un negocio de cobertura de seguros.
En el expediente hay una retahíla impresionante de dirigentes metalúrgicos que deberán dar explicaciones a la Justicia, aunque públicamente alguno haya querido descargar ese lastre.
Pero no es todo. De yapa, a dos sindicalistas de fuste entre los "meta", Hugo Curto y Francisco "Barba" Gutiérrez, les pasó una aplanadora por encima en las recientes elecciones.
Ambos, intendentes de Tres de Febrero y de Quilmes, respectivamente, perdieron en sus distritos, y encima los responsables de su ocaso fueron dos jóvenes y noveles dirigentes del PRO de Mauricio Macri, como el periodista e historiador Diego Valenzuela y el cocinero Martiniano Molina.
El tener todas las herramientas y los aparatos de poder en las manos y caer de esa manera en unos comicios municipales es un hecho imperdonable para las estructuras tradiciones del Justicialismo y del sindicalismo peronista.
Pero para que esta historia sea más dramática, basta con recordar la tarea de "rosca" y construcción política que siempre hizo Lorenzo Miguel, a quien hoy ni le atan los zapatos, más allá de los inevitables cuestionamientos que se le puedan hacer al extinto caudillo. Ni en los peores momentos, cuando en el PJ de hace tres décadas se acuñó la definición de "mariscales de la derrota" para señalar a quienes hicieron caer al peronismo a manos de la UCR de Raúl Alfonsín, la UOM atravesó una debacle política similar.
En momentos como los actuales, Miguel estaría operando y moviendo trebejos a diestra y siniestra para tal o cual candidato, cuidándose de la pleitesía resignada y gratuita.
Y seguramente, también, en consecuencia habría podido dar pasos concretos en favor de la unificación del sindicalismo pejotista, sin necesidad de andar escondiéndose, con los obvios réditos para el sector gremial en la clásica acción del "toma y daca".
De todas maneras, hay otras frutillas en este postre del mundo laboral que lejos está hoy de ser una de aquellas tortas de varios pisos que en el pasado se supo ofrecer a la sociedad.
Si alguien creyó que había visto todo, está muy equivocado. Se conoció en los últimos días que una cuasi quebrada firma productora de pollos habría pretendido pagarles deudas salariales a sus empleados con patas, muslos y pechugas.
Surgió como "novedosa" idea para que los desplumados trabajadores vendieran los animalitos faenados y así poder convertir en billetes lo que por ley les corresponde.
En días en que algunos desarrapados de intelecto andan pronosticando que si gana determinado candidato volverán las plagas de Egipto y hasta el trueque, no se sabe que alguien del oficialismo -pero específicamente del ámbito laboral- haya levantado públicamente de manera contundente una voz de repudio para tamaña práctica antediluviana. Claro, es época electoral y no hay que hacer olas.
Los trabajadores cortaron la neurálgica avenida 9 de Julio, en Capital, y ponerse firmes para protestar por su situación. A la vez, evitaron tamaño desatino en un siglo XXI que ya dejó la época del gateo. Al final, otra vez la burra al trigo y el Estado -o sea todos los ciudadanos-, salió a apagar el incendio provocado por algunos particulares que no pudieron, no supieron o, tanto o más malo, no quisieron ser eficientes.
"Hermosa" idea que, de cundir, podría redundar en pintorescas situaciones. Así, por ejemplo, los despedidos de una estación de servicio de las tantas que cierran para dejar lugar a complejos inmobiliarios podrían llevarse unos bidones de nafta súper para vender entre sus vecinos.
O los que sean declarados prescindibles en una fábrica de pastas se harían acreedores a unos tentadores ñoquis que comercializarían en trenes y colectivos.
Un poco más complejo sería para los cesanteados en alguno de los miles de tambos que cerraron en estos años merced a ciertas políticas oficiales. Dicen que es difícil tener una vaca lechera en casa.
Ni pensar lo que ocurriría con aquellos que se queden sin empleo en las empresas de camiones atmosféricos, esos armatostes que aún andan vaciando pozos ciegos gracias a la ausencia de cloacas, dicho sea de paso algo tan "común" en época en que el hombre anda investigando el suelo de Marte. Que la flexibilidad laboral impuesta en los 90s nunca se fue no es ningún secreto.
Como tampoco es un secreto la inutilidad, hoy, de un elefantiásico Ministerio de Trabajo en un país donde cuanto menos cuatro de cada diez trabajadores está en negro y el desempleo y el subempleo andan por niveles que se perciben pero se desconocen con exactitud, ya que los únicos porcentajes son dibujados por algo que aún se llama INDEC pero que desde hace rato dejó de ser un orgullo nacional, como supo serlo alguna vez.
No es obligación directa del próximo Gobierno, pero será condición necesaria para reconstruir muchas cosas destruidas que el sindicalismo actúe de una vez por todas de manera seria y responsable.
También -acá sí hay una responsabilidad inevitable de la gestión gubernamental- no debe haber lugar para prácticas denigrantes para los trabajadores y la cultura del trabajo.
En síntesis, deben desaparecer todas esas situaciones que lo único que hacen es provocar, además de consabidos perjuicios e indignación en muchos casos, una generalizada, lamentable e innecesaria vergüenza ajena.