Las nuevas andadas del Consejo de la Magistratura del Chaco

 El Consejo de la Magistratura repitió viejas conductas que reflejan la antigua distorsión que ha signado su funcionamiento en materia de designación de jueces. Personalmente he visto en la audiencia pública celebrada el viernes 02 de octubre que no mejora el sistema de selección de jueces, a pesar de que se aparenta el cumplimiento de las formalidades legales, cuando en realidad toco indica que triunfan los intereses de las corporaciones vinculadas con lo que debería ser el servicio de justicia. Lamentablemente se volvió a empañar algo que debió ser claro, transparente e irreprochable desde el punto de vista legal y constitucional, esta vez en el marco de un proceso trascendente como es la inminente designación de un Juez para integrar el Superior Tribunal de Justicia de Chaco, fuertemente cuestionado fundamentalmente en lo relacionado con su profunda crisis de independencia externa, con consecuencias concretas en materia de independencia interna de jueces y magistrados de las distintas instancias que integran el servicio de justicia.

Un protagonismo inesperado e indeseado de quién escribe esta carta puso en evidencia la farsa "democrática y participativa" de la audiencia pública convocada para designar el quinto miembro del poder vitalicio  más importante del estado provincial, como es el Superior Tribunal de Justicia. Como un simple trabajador de la abogacía de los muchos que todos los días nos ganamos la vida transitando los pasillos de los tribunales sin pertenecer a ninguna asociación, sin tener sueldo ni subsidio del Estado, el 23 de setiembre formalicé mi inscripción para participar, a título personal, en la audiencia pública del día 2 de octubre. Era el décimo anotado hasta ese momento. Con el correr de los días totalizamos 47 participantes acreditados para expresarnos "libremente", según el orden de expositores que dependía de las fechas de las inscripciones. Pero había sido que el ejercicio de la esperada libertad de expresión y opinión no era tal. Según me informaron, momentos antes de la audiencia, debía previamente presentar por escrito los temas y las preguntas para ser analizadas por un supuesto "comité de admisión" (sic), o sea una especie de "comité de censura previa". Por supuesto que me negué a ello y menos a hacerlo a mano antes de ingresar al salón donde se realizó la audiencia pública. Exigí que se  respetara mi derecho a expresarme libremente. Al inicio de la audiencia los nueve expositores que me precedieron, que fueron conocidos profesionales, funcionarios y ex funcionarios judiciales, todos con mandato y representación de organizaciones del interior de la provincia, dieron su apoyo a la Dra. Emilia Valle. Cuando llegó mi turno de expresarme libremente, la Sra. Presidente de la audiencia pública me comunicó que no podría hablar por no haber presentado el escrito previo con las preguntas y temas. Protesté y me opuse a la decisión por considerar que era un acto de censura que desvirtuaba el carácter público, democrático y participativo en la audiencia. El Consejo deliberó en pleno durante un rato y decidió concederme la palabra pero enviándome al final de la lista de los que expondrían, como si esto fuera el antiguo juego de la OCA, en el que el penalizado debe volver al punto de partida. Denuncié que esto era un acto discriminatorio, antidemocrático y de censura, y que debía concedérseme la palabra en el orden correspondiente porque de lo contrario no hablaría, dado que los abogados somos esclavos de la ley. Se llamó a un cuarto intermedio a deliberar. Al cabo de 10 minutos el Consejo de la Magistratura ratificó la decisión penalizadora de "permitirme la palabra al final". Entonces, manifesté que mi derecho a expresarme en el orden pre-establecido era innegociable y no una concesión graciosa por lo que en la audiencia no me sometería a ser censurado y discriminado para brindar mi opinión libre e independiente. El Consejo de la Magistratura no respetó mi derecho; por lo tanto, debí retirarme del recinto sin poder ejercer mi derecho constitucional de plantear mi opinión en lo que se magnifica como el acto de mayor participación directa de la ciudadanía en el concurso para designar el futuro Juez del Superior Tribunal de Justicia. Hasta aquí llegaría mi reclamo público e institucional,  pensé, después de retirarme de la audiencia. Sin embargo, otro dato desalentador me obliga ética y jurídicamente a ampliar mi opinión porque en la gacetilla de prensa distribuida por el Consejo de la Magistratura y publicada en los medios masivos de comunicación sobre el resultado de la audiencia, insólitamente aparece mi nombre como apoyando la candidatura de la Dra. Emilia Valle, lo cual es absolutamente falso porque se cercenó mi derecho de expresarme. Entonces, debo informar a la opinión pública que no apoyé a nadie. No me permitieron.  Lo verdaderamente grave es que cualquiera sea la persona que en el futuro resulte designada para ocupar el quinto lugar del poder vitalicio del Chaco, aunque todo indica que ya se insinúa ganadora el "caballo del comisario", la audiencia pública  fue una farsa, que aparentemente sirvió para legitimar una designación decidida de antemano y acordada por las corporaciones del sistema judicial y político. Lo cierto y concreto es que el gobernador está facultado para designar a cualquiera de los candidatos, soslayando los apoyos y las tachas que se pueden producir en estas audiencias públicas. Allí radica el tramo final de la verdadera trampa y la funcionalidad de los procesos para seleccionar y designar jueces, quedando en el camino los más idóneos, capaces, comprometidos y decentes, lo que finalmente explica la profundidad de la crisis del poder judicial, la pérdida gradual de su independencia interna y externa, y la crítica persistente de amplios sectores sociales por el mal funcionamiento del servicio de justicia.

Para mejorar debemos comenzar por cambiar la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, quitándoles a los consejeros las extraordinarias discrecionalidades con las que se manejan habitualmente, y garantizar instituciones de control popular que impidan a los partidos políticos mayoritarios con representación parlamentaria y a los poderes públicos,  sus ambiciones hegemónicas por tener un poder judicial dependiente, que les garantice impunidad.

(*) Abogado 

MP 4103