Carbón Blanco II: niegan excarcelaciones a los tres consortes de causa de Salvatore
El tribunal consideró que Silvia Valles, Santiago Valles Ferrer y Gassan Saba, detenidos en el marco de la investigación por lavado de los activos que surgió como secuela de la causa principal por narcotráfico, entorpecerían la investigación si quedan libres.
Si la magnitud de la causa Carbón Blanco era asombrosa, la ingeniería aplicada al blanqueo del dinero obtenido por la venta de esa cocaína lo es aún más. El cerebro de la operación era Carlos Alberto Salvatore, preso desde 2012, quien organizó a un grupo de allegados para crear unas sesenta sociedades con participación en fideicomisos de construcción, actividades inmobiliarias, producciones audiovisuales, compra de vehículos y hasta en el negocio gastronómico. Eso explica que el embargo fijado oportunamente por la jueza Zunilda Niremperger alcanzara los 1.600 millones de pesos.
DENIEGAN CONDICIONAL
Se trata de los beneficios oportunamente solicitados por Silvia Valles, Santiago Valles Ferrer y Gassan Saba, consortes de causa de Carlos Alberto Salvatore.
EL Tribunal rechazó los beneficios excarcelatorios solicitados, en el marco de incidencias que se encontraban pendientes de Resolución, luego de que en fecha 18 de agosto del corriente año, la Cámara declaró la incompetencia territorial para seguir entendiendo en la causa principal 2021/2014, la cual tuvo su origen en una denuncia efectuada por la PROCELAC ante el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña, quien detectara operaciones económicas sospechosas por parte de los imputados.
Con fecha 8 de octubre, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, integrada por los Dres. José Luis Alberto Aguilar y Ana Victoria Order, Secretaría actuante Dra. María Lorena Re, resolvió no hacer lugar a los recursos de apelación que fueran interpuestos por los imputados en las incidencias excarcelatorias de quienes se encuentran procesados por el delito de lavado de activos de origen delictivo, agravado por haberse realizado como miembros de una asociación o banda formada para su comisión.
Entre los argumentos empleados al resolver, los señores Jueces pusieron énfasis en la gravedad de la imputación que pesa sobre los imputados y manifestaron que nuestro país está obligado a la lucha contra el lavado de dinero, por haber ratificado la Convención Internacional contra la Delincuencia organizada trasnacional y su Protocolo; como así también citaron los estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del Terrorismo, puntualmente; las cuarenta recomendaciones del "Groupe d"action financière sur le blanchiment de capitaux" (GAFI).
Respecto a los parámetros objetivos analizados, consideraron los Camaristas que debían destacarse las complejas características del ilícito por el cual se encuentran procesados y la calidad de supuestos miembros de una asociación ilícita que –prima facie– demostrara gran capacidad organizativa.
Evaluaron los Sentenciantes que en los casos analizados es presumible considerar real el riesgo procesal de eludir la acción de la justicia y entorpecer las investigaciones.
Según fuentes judiciales la causa principal de mención se remitiría al Juzgado Federal Nº 10, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo del Dr. Julián Ercolini, quien fuera insaculado para entender en la misma.