Supervisora refuta a docentes del Nacional: "Las irregularidades deben ser investigadas le pique a quien le pique"

Lilián Aranda había sido señalada por profesores de esa institución en un documento en el que se solidarizaron con su par Marcelo Graciosi y con la directora Esther Quenardelle por presuntas actitudes de acoso de la funcionaria en pleno conflicto por el cambio del plan de estudio del colegio. 

Como réplica a esa publicación, Aranda presentó en Diario Chaco la nota que se reproduce a continuación:

En la mencionada publicación se alude a un grupo de docentes que el pasado lunes 5 de octubre presentaran – entiendo que a la redacción de ese medio periodístico – un documento donde expresan su "solidaridad para con el profesor Marcelo Graciosi y la Directora Esther Quenardelle", y a la vez  enuncian su "preocupación frente a la presencia de la supervisora".

En carácter de Supervisora de la mencionada institución, quiero dejar en claro que mi presencia en el Colegio Nacional es absolutamente normal y continua, lo cual puede ser verificado en ésta y las demás instituciones a mi cargo en el registro pertinente, obrante en cada establecimiento, donde casi con regularidad semanal se asienta mi presencia y las indicaciones que considero atinentes a mis labores. 

De más está decir que el grupo de docentes "preocupados frente a mi presencia" y que se manifiestan públicamente a través de la prensa, lo hacen motivados por razones distintas a las que expresan, ya que mi presencia continua en el Colegio Nacional lo desvirtúa. 

 Superficial y tendenciosamente se afirma en el documento publicado que llegué al colegio "para solicitar puntualmente la declaración jurada del mencionado docente", lo cual es una imputación falsa de los hechos. Más aún, independientemente de la opinión de este grupo de docentes solidarios, quiero destacar que no he realizado ninguna solicitud puntual de documentación, aunque debo reconocer que me encuentro en medio de una tarea de control de documentación cuyo plazo de presentación era el 31 de marzo y a la fecha no se encuentran cumplimentadas.

La situación detallada en el párrafo anterior habilita a mi parte a llevar adelante las acciones administrativas pertinentes, siempre  dentro de las competencias y el marco legal correspondiente. Ello significa exigir el cumplimiento de documentación, plazos, regularización de trámites y, llegado el caso instruir la Información Sumaria o el Sumario Administrativo según la gravedad del caso, a fin de determinar las responsabilidades de los funcionarios intervinientes.

Se expresa en el documento una conducta "llamativa" de mi persona "en medio de un conflicto, de venir a requerir dicha documentación" y  se la relaciona con la existencia de un conflicto por cuestiones relativas a la "exigencia de que la institución cambie el plan de Estudios".

En éste sentido cabe aclarar que nada tienen que ver ambas situaciones y que relacionarlas tiene un claro objetivo político de obtener un beneficio manipulando la información. Es posible demostrar a través de los trámites iniciados por la Supervisión a mi cargo, que la documentación requerida corresponde a la verificación del cumplimiento de instrucciones previas muy lejanas en el tiempo al conflicto con el cual se la asocia. Y de lo anterior deviene la posibilidad de instruir la investigación administrativa para el deslinde de responsabilidades de los funcionarios intervinientes, más allá de las incomodidades personales que ello produzca.

Manifiestan los docentes en la nota periodística, y ello es correcto, que "los problemas no arrancan con el petitorio" y que  lo que se pretende es dar un debate  " en el marco de las políticas educativas a aplicarse en la provincia…" vinculado a esa problemática del Plan de Estudios. 

Como puede concluirse, si lo que se pretende es el debate de políticas educativas en el ámbito de la provincia, ello excede ampliamente las atribuciones de cualquier funcionario educativo cuyas funciones sean la supervisión de establecimientos educativos, por lo cual tampoco existe relación entre los hechos por los cuales el grupo de docentes califica de "llamativa" mi conducta, mucho más si con ello lo que se busca es la modificación de la Ley de Educación Superior y normas conexas.

Expresa la nota periodística que "Hace días estos docentes remitieron un petitorio a las autoridades de la cartera educativa solicitando la incorporación de este "bachillerato general" y explicando cómo y por qué consideran válido autorizarlo", que  "Al día de la fecha no fue respondido" y que el mismo "Es una propuesta a la que se oponen…" según sostienen. 

Nuevamente puede observarse cómo erróneamente se me involucra en una situación ajena a mis competencias. Que si los docentes se encuentran a la espera de una respuesta a su petitorio, y que ésta fue realizada a las autoridades superiores del Ministerio de Educación, no deben esperar una respuesta de la Supervisión de la institución sino de las autoridades a quienes dirigieran el requerimiento y que posiblemente llegue a través de los canales administrativos pertinentes.

Merece una mención especial el párrafo in fine de la publicación periodística donde se menciona que en diálogo con Diario Chaco, el Docente Marcelo Graciosi  "admitió la sorpresa que le causó la medida llevada adelante por mi consistente en pedir su declaración jurada, hecho al cual calificó "de sesgo intimidatorio", " sin explicar motivos",  "inusual" y "extemporánea", abundando en interpretar el hecho como una búsqueda de debilitar u oponerse a un justo reclamo que sostiene la comunidad educativa del Colegio Nacional.

Cabe aclarar lo siguiente respecto a las expresiones del Sr. Graciosi. La solicitud de declaraciones juradas de un grupo de docentes que no han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa vigente desde el año 2012 según los registros de la institución, no debería sorprenderle. Dicha solicitud, en virtud de las circunstancias, no es para nada "inusual" y mucho menos puede calificarse de "extemporánea" dado que la normativa no prevé fecha en la cual deba realizarse por mi parte un requerimiento de éste tenor.

Y más allá de las variadas interpretaciones de los hechos, circunstancias y motivaciones personales de una u otra parte que quieran argüirse, lo concreto es que existen presuntas irregularidades de antigua data que deben ser investigadas "le pique a quien le pique", y que nada tienen que ver con el "justo reclamo" de la comunidad educativa al cual pretenden asociarse los hechos controvertidos.