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Diputados busca la obligatoriedad de los debates presidenciales


La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dio hoy un primer paso en la aprobación de un dictamen consensuado sobre una iniciativa destinada a establecer la obligatoriedad del debate presidencial para los candidatos que superen las PASO. 

La propuesta, que recibió dictamen de la comisión que conduce la kirchnerista Diana Conti, terminará de ser pulida en las comisiones de Legislación General, de Comunicaciones y de Presupuesto y Hacienda, que tienen competencia secundaria para considerar el asunto.

Carla Carrizo (SUMA+UNEN) fue la vocera del proyecto consensuado al que llegó la subcomisión "ad-hoc" que armó Asuntos Constitucionales en base a siete proyectos de ley presentados por diputados de distintos bloques políticos. 

Carrizo destacó que el concepto central que rige la idea del "debate público obligatorio" de candidatos es que "es un bien público" informar a la ciudadanía.

A su vez, aclaró que "esto está hecho para los ciudadanos, no para los candidatos", cuando algún diputado le planteó dudas acerca la obligatoriedad de los postulantes a debatir.

El proyecto consensuado indica que en el debate presidencial entrarán los candidatos que superen el piso de las PASO y dispone que el candidato que se rehúse a participar recibirá como "sanción" que sus espacios publicitarios sean precedidos por 20 segundos en los que se reseñará al electorado su decisión.

Por otra parte, el texto dispone que la Cámara Nacional Electoral será la encargada de establecer las fechas y demás condiciones del debate aunque el mecanismo será "flexible" para que antes los candidatos puedan acordar moderador y otros detalles.

Alberto Dalla Via, integrante de la Cámara Nacional Electoral, indicó a los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales que "para nosotros es auspicioso" la reglamentación de los debates obligatorios tras las PASO y antes del ballottage, pero les advirtió que "no debe ser un marco excesivamente regulatorio".

Por su parte, Hernán Charosky, coordinador del emprendimiento "Argentina Debate" expresó que hay que cuidar "el no uso distorsivo de esta institución", así como evitar la eventual "judicialización" en torno del debate.

El diputado Alberto Asseff (UNIR) discrepó con la sanción que establece el proyecto porque dijo que "20 segundos no es sanción. Con esta sanción no hay obligatoriedad" y propuso que el castigo a los candidatos que no debate se imponga sobre los recursos que reciben para las campañas.

Sin embargo, Carrizo consideró que una sanción como la propuesta por Asseff no tendría la misma incidencia en los candidatos con más recursos que con los que menos apoyo económico reciben.

Si bien la ley en ciernes, según Carrizo, es "de sencilla implementación" y se estima que de ser sancionada no alcanzará a aplicarse en la elección presidencial de octubre, aunque la posibilidad no está descartada.