El Ejecutivo envió a Diputados el proyecto de ley que establece las bases para el funcionamiento de la Ciudad Cívica
Con el Nº 1323/15 de proyecto, el primer mandatario provincial Jorge Capitanich remitió la iniciativa de ley que establece las bases para el funcionamiento de la Ciudad Cívica, proponiendo "un cambio de paradigma respecto al rol del Estado, de llevar adelante una gestión enfocada en la satisfacción de las necesidades de la ciudadanía, sumado al crecimiento demográfico exponencial que ha sufrido la ciudad de Resistencia en los últimos años", en consecuencia, "hace imprescindible la definición de una estrategia que posibilite optimizar los tiempos de respuesta hacia las demandas del ciudadano, mejorar la comunicación entre los tres poderes del Estado, contar con edificios públicos modernos y accesibles a toda la ciudadanía, orientados a la atención eficaz, eficiente, ágil y oportuna para el ciudadano" plantea a modo de fundamentos.
Otros objetivos propuestos dentro de este proyecto son "reducir sensiblemente los gastos de operación (gastos de logística, comunicaciones, papeles, alquileres, etc)., mejorar las condiciones de trabajo de los agentes públicos, optimizando los espacios de uso y circulación en las oficinas, respetando el medio ambiente y utilizando mecanismos organizacionales que permitan potenciar los niveles de productividad en los trabajadores públicos, mejorar ante la ciudadanía la imagen de las dependencias públicas que ofrecen sus servicios y tener un manejo confiable de sistemas de información confidencial o de seguridad provincial".
"La estrategia que posibilitaría el cumplimiento de estos objetivos – analiza - es el establecimiento de un espacio físico que concentre a los organismos de los tres poderes del Estado, con infraestructura moderna y sustentable que incluya tecnología de avanzada en equipamiento y redes de comunicación, administrado por un ente autárquico con competencia suficiente para coordinar el funcionamiento de los mismos, dotado de los recursos necesarios para hacer frente a la administración de este espacio y la prestación de servicios anexos a los específicos de cada organismo, que contribuyan a la satisfacción de las necesidades de los agentes públicos y de la ciudadanía en general".
En el texto de la futura norma se incluyen la ubicación que tendrá, - nomenclatura catastral: Circunscripción II, Sección B, Chacra 102, Parcela 4, Plano 374, tomo 7, año 1974; dominio: Matrícula 13800, ciudad de Resistencia, Departamento San Fernando - la creación de la Administración Ciudad Cívica como Organismo Autárquico de conformidad con lo establecido en la ley de Administración Financiera- la que tendrá a su cargo la administración de la Ciudad Cívica.
Esta administración estará a cargo de un Administrador, el que será propuesto por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la mayoría simple de los integrantes de la Cámara de Diputados, durará en sus funciones por un lapso de 4 años, pudiendo ser reelecto por un nuevo período y por única vez. Si ha sido reelecto, no podrá ser elegido nuevamente si no con intervalo de un período. El Poder Ejecutivo elevará los pliegos de 3 postulantes, para su tratamiento y elección del candidato por parte de la Cámara de Diputados.
Sus competencias serán asumir la representación legal del Organismo, aprobar y controlar la ejecución del plan operativo anual de las actividades del Organismo, definir las políticas de prestación de servicios destinados al funcionamiento y mantenimiento de la Ciudad Cívica en lo que respecta a los espacios comunes (edificios de uso común, espacios abiertos y de circulación) y lo que respecta a infraestructura de servicios básicos (electricidad, agua, gas, internet, telefonía y otros). Será competencia de cada organismo definir lo que respecta al mantenimiento de menor envergadura de la infraestructura restante siempre que se respete el diseño y estética general del edificio.
Asimismo se propone establecer políticas de prestación de servicios anexos tendientes a satisfacer necesidades de los agentes públicos y ciudadanos, administrar el presupuesto asignado al Organismo, proyectar construcciones nuevas, modificaciones y adecuaciones edilicias y urbanísticas existentes, requeridas para el mejor desenvolvimiento de los organismos comprendidos, gestionar el otorgamiento de concesiones o locaciones de los espacios físicos o edificios destinados a la realización de actividades definidas en la reglamentación. El administrador general podrá proponer al Poder Ejecutivo la realización de otras actividades comerciales no previstas en la reglamentación.
Podrá administrar los recursos económicos, financieros, materiales y humanos asignados a la Administración Ciudad Cívica, definir y aplicar políticas referentes a medidas de seguridad, protección y conservación del espacio físico y edilicio afectado al predio, conforme la normativa vigente en la materia, controlando la correcta utilización de los espacios físicos que comprenda la Ciudad Cívica.
La remuneración de este funcionario será similar al cargo de Secretario del Poder Ejecutivo y la administración contará con un presupuesto anual que estará integrado por recursos asignados por ley de presupuesto, los que provengan de actividades propias del Organismo, y las derivadas de alquileres y/o concesiones del espacio físico ocupado por la Ciudad Cívica, afectación de recursos por convenios o normas específicos, subvenciones, donaciones, legados y aportes de cualquier naturaleza de las que pueda ser beneficiaria la Administración Ciudad Cívica y todo otro ingreso no previsto en los incisos anteriores y que se derive de la aplicación de la presente ley.
Asimismo se transferirán a la Administración Ciudad Cívica, todos los recursos humanos y los bienes de uso afectados a la actual Dirección de Intendencia, perteneciente al ámbito de la Secretaría General de la Gobernación.
Las inhabilidades e incompatibilidades para ser Administrador se equipararán con las definidas para ser Diputado Provincial y el personal de la Administración Ciudad Cívica estará comprendido en las Leyes Nº 1276, Nº 2017 y Nº 2018 con sus respectivas modificatorias y complementarias y finalmente se faculta al Poder Ejecutivo a reglamentar los aspectos necesarios que permitan el cumplimiento efectivo de la presente ley.