Lotería apeló la cautelar que Skidelsky otorgó a Champion Games
El juez federal de primera instancia Carlos Skidelsky había hecho lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por Champion Games SRL, por lo que quedaban suspendidos los efectos de la licitación pública que otorgaba a Casinos del Litoral la explotación de salas de juego y tragamonedas de toda la provincia, excepto el Departamento San Fernando.
"El juez federal de Resistencia resulta ser manifiestamente incompetente para intervenir en la cuestión que determinó el despacho cautelar", escriben Martín Portela e Iván Zagert, apoderados judiciales de Lotería Chaqueña como cuestión preliminar de la apelación. La presunta "distinta vecindad" de las partes involucradas, según ellos no existe, puesto que una de esas partes (la UTE integrada por Champion Games) constituyó domicilio en Resistencia y se sometió voluntariamente a sus tribunales. Sostienen también que Skidelsky desconoció que esa empresa ya tenía abiertas causas similares en los fueros locales, para colmo desestimada por el STJ, con lo que el magistrado no sólo ignora la jurisdicción sino que siendo un juzgado de primera instancia "se erige en revisor de decisiones adoptadas por el máximo tribunal local".
Con todo, los abogados profundizan los fundamentos de la materia que está en discusión y hacen una detallada crónica de los pasos administrativos y legales que se llevaron a cabo desde el Decreto 303/14 del 27 de febrero de 2014, hasta la adjudicación tras la licitación pública, e insisten en la gran cantidad de pasos de verificación que hubo en el camino como para garantizar la transparencia de los actos.
Por otra parte advierten que "resulta materialmente imposible volver hacia atrás por vía cautelar con un contrato que ya se está ejecutando: Casinos del Litoral SA realizó el aporte de $ 10 millones al que se obligó en la oferta; ingresó tributos provinciales por aproximadamente $ 11,7 millones producto de la firma del contrato; absorbió el personal del Fondo Fiduciario Chaco SA y tomó posesión de las salas. Con lo cual no es un contrato que está en principio de ejecución, sino que es un contrato que está perfeccionado y ya se está ejecutando, por lo que operativa y funcionalmente es materialmente imposible retrotraer la situación".
Amén de hacer referencia a las sentencias en las cuales se desestimó la vía del amparo -en los fueros provinciales- para tallar en esta disputa, afirman que "el argumento de la privación de justicia esgrimido para despachar la cautelar no se sostiene e incursiona en la doctrina del absurdo", y detalla que "en la demanda se expone que otras empresas se vieron perjudicadas por el cambio de sistema de explotación de juegos de azar, con lo cual carecen desde ya de legitimación para cuestionar el mismo proceso".
"Pero además, al no haber comprado siquiera el pliego, ni recurrido actos administrativos firmes y consentidos, mal podrían cuestionar lo que antes consintieron. Se confunde "privación de justicia" con los adversos resultados en los procesos judiciales tramitados en sede provincial, producto de negligencias profesionales".