Masivo rechazo de jueces a la implementación del nuevo Codigo Procesal: "es de imposible materialización"
El 75 por ciento de los jueces penales nacionales de primera instancia considera que el proyecto de implementación del nuevo Código Procesal Penal es "de imposible materialización", y se lo informaron a la Comisión Bicameral del Congreso que estudiará la puesta en marcha del nuevo sistema.
Además, dijeron con ironía que "bueno sería que la delincuencia diera tregua y nos permitiera congelar los tiempos" para poder aplicar el sistema nuevo. "La implementación progresiva en el ámbito de la Justicia Nacional propuesta por la ley de implementación es de imposible materialización, sin merma al principio constitucional de igualdad ante la ley (...). Ello es así, por razones tanto materiales como formales", sostiene el informe que firmaron 41 de 55 jueces penales de instrucción, correccional y de menores de la Capital Federal, donde primero entrará en vigencia.
El informe fue presentado al presidente de la Cámara del Crimen, Rodolfo Pociello Argerich, quien lo remitió a la Comisión Bicameral adhiriendo a los fundamentos de los jueces, tras varias reuniones en las que se debatió el tema.
Fuentes judiciales informaron a DyN que el objetivo es hacer aportes para la puesta en marcha del nuevo sistema y que los jueces sean convocados al Congreso a explicar sus objeciones.
El Congreso aprobó la ley 27.063 por la cual reformó el Código Procesal Penal que pasa de un sistema inquisitivo a uno acusatorio donde las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales, y se fijarán plazos para resolver la causas, con audiencias orales y con el objetivo de acelerar los procesos.
El nuevo Código requiere modificar otras leyes y el dictado de una norma para su implementación, cuyos proyectos ya fueron elaborados por el Ministerio de Justicia de la Nación.
Ese proyecto fija que el nuevo Código entrará en vigencia el próximo 1ro. de septiembre de manera progresiva, dividiendo a la Ciudad de Buenos Aires en cuatro circunscripciones.
Los jueces advirtieron que la puesta en marcha progresiva genera que en algunos lugares de la Ciudad se aplique un Código y en otras uno distinto, por lo que algunas personas "van a tener derecho a juicios rápidos y orales mientras que los demás deberán continuar transitando el proceso formal inquisitivo".
"Parece absurdo que los habitantes de Parque Patricios puedan adquirir mayores derechos sustanciales y garantías procesales que los de Boedo y Bajo Flores -dijeron-, solamente porque las jurisdicciones policiales de los primeros pertenecen al Distrito III, en tanto la de los segundos corresponde al Distrito IV".
También señalaron que la división en circunscripciones "se hace sin un previo estudio de impacto y agrupa a locaciones que, según indica la experiencia, tienen una cartera criminógena cuantitativa y cualitativamente distinta entre sí".
Otra crítica apunta a que la Justicia federal, encargada de investigar a funcionarios públicos por corrupción y causas de narcotráfico, queda afuera de la implementación y su puesta en marcha quedará sujeta a la decisión de una nueva Comisión.
"Si la idea es de optimización de los sistemas y el aceleramiento de juicios, no se explica por qué no se aplica en aquél ámbito en el que tramitan las investigaciones de mayor envergadura y de relevancia institucional", dijeron los jueces.
El informe critica la "drástica modificación de la estructura orgánica" vinculada a los cambios de personal que el nuevo Código trae, ya que los funcionarios de los juzgados no podrían pasar a desempeñarse en las fiscalías, que requerían más personal, porque están "contaminados" con el viejo Código.
"La propuesta impide trabajar en funciones del nuevo sistema a personas con prolongadas carreras, capacitación, afán de progreso e incluso consustanciadas con los valores del modelo acusatorio de enjuiciamiento. En este marco, el desecho propuesto configura una exclusión inadmisible", señalaron.
Y advirtieron con ironía que "bueno sería que la delincuencia diera tregua y nos permitiera congelar los tiempos para que los nuevos ingresantes del sistema adquieran todos los recursos necesarios, en tan breve lapso, para desarrollar una gestión veloz, eficaz, eficiente y coordinada".
Otra crítica apunta a la implementación de una oficina judicial que fijará los días y horarios de audiencias de los jueces con sanciones ante incumplimientos.
"Una fijación de audiencias inconsulta con el Magistrado puede obstaculizar seriamente su labor. Confiar en que los jueces controlen sus agendas no significa renunciar a estándares de eficiencia ni a la posibilidad de controlar su gestión, que con el sistema de oralidad implementado y con el avance de los sistemas de información se encuentra expedito. Simplemente supone un voto de confianza en los mecanismos de selección de jueces", sostuvieron.
Tras aclarar que el informe "no constituye una oposición a un nuevo modelo de enjuiciamiento", insistieron que se advierte "la inadmisibilidad de la implementación progresiva sugerida".