La Constitución, una Catedral: Cristina, Lorenzetti y el debate a micrófono abierto sobre el rol de la justicia

Los discursos de la presidenta Cristina Fernández ante la Asamblea Legislativa y del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en el inicio del año judicial, respectivamente, brindaron una excelente oportunidad para retomar el debate sobre el rol de la Justicia y, en especial, de qué modo se concibe a la Constitución.

La Carta Magna tiene una doble función. Por un lado, organiza el esquema de poder para que ninguno sea ilimitado y, por otro, establece una serie de derechos y garantías para que ninguna mayoría circunstancial pueda avasallarlos. De esta manera, el Poder Judicial debe velar por los derechos de las minorías y limitar al resto de los poderes. Este es el rol tradicional (originalista, se podría decir) del Poder Judicial.

Es importante retomar la metáfora expresada por el jurista Carlos Nino, para quien una Constitución se asemejaba a una Catedral, una obra colectiva construida a lo largo de cientos de años y decenas de generaciones. Quien toma una Catedral a medio construir no puede obviar lo ya construido, pero sí sumar su propia impronta. 

Es decir, no es posible independizarse en forma total del proyecto original (al menos no sin destruirlo), aunque no se está irremediablemente atado a él. Esto implica que el rol del Poder Judicial no debe concebirse de forma descontextualizada.

¿Cuál es contexto actual? En primer término, la Argentina muestra una ruptura notable entre una Constitución rica en derechos y una realidad bastante alejada de sus promesas. En segundo, como lo explican Diego Balán y Federico Tiberti en el libro "La República Pendiente", el nivel de institucionalidad en el país es alarmantemente bajo y presenta, además, la paradoja de un Estado tan hipertrofiado como ausente.

Este punto dificulta aún más el acercamiento entre el texto constitucional y la realidad.

En este marco, el Poder Judicial debe tener un rol activo, aunque ello no significa que la judicatura deba reemplazar o asumir facultades de otros poderes, sino que debe constituirse en una herramienta más del andamiaje normativo para detener la inercia institucional que perpetúa situaciones estructurales de vulneración de derechos humanos: superpoblación carcelaria, contaminación ambiental, pobreza y marginalización estructural, por mencionar algunos. Como tal, debe velar también por la inclusión, el debate, el diálogo entre los poderes y con la sociedad.

Un ejemplo claro de las ventajas del vínculo entre poderes es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, del cual se vanaglorió la mandataria en su discurso en el Congreso. Sin perjuicio de que existen avances en materia de recuperación de la cuenca, todavía dista de encontrarse saneada. Si fuera así, hay que destacar que el puntapié inicial para la transformación de la cuenca no lo dieron el Poder Ejecutivo ni el Legislativo, sino que surgió de los Tribunales a partir de la causa conocida como "Mendoza".

La función judicial exige que los jueces sean conscientes de las promesas constitucionales insatisfechas pero, como explica el jurista Martín Böhmer, deben entender que toda autoridad gana en legitimidad cuando se limita y que el desafío exige balancearse sobre la fina línea entre un rol activo y un rol que avanza sobre las facultades de otros poderes. Esta visión es, sin dudas, ambiciosa, pero también lo es la Constitución.

No es error dotar de legitimidad democrática a la supremacía constitucional. Lo que no puede hacerse es destruir la porción ya construida de la Catedral. Lo imperativo, como señala lúcidamente el abogado Gustavo Maurino, es no caer en la trampa (lamentablemente inducida) de confundir la democratización de la Constitución con la desconstitucionalización de la democracia.

SG HEG SMB (*) SERGIO GIULIANO es abogado y docente de la Universidad de San Andrés.