Preocupación "ante el ataque del Estado Provincial a dirigentes indígenas"
Vemos con enorme preocupación que en la Provincia del Chaco se haya dado un evidente y violento cambio de rumbo en las políticas hacia los pueblos originarios en el último año. Se ha pasado del diálogo y la búsqueda de consensos instalados a partir del 2007, al cierre de todos los canales de relación democrática para dar paso al autoritarismo y la represión como imposición de políticas absolutamente alejadas del espíritu que amina a las mayorías populares y al Proyecto Nacional.
Preocupa que pequeños nichos con profundas raíces ideológicas cercanas a los azotes que sufrió la humanidad toda y la argentina durante la última dictadura se expresen desde el ejecutivo provincial y el poder judicial como una continuidad de las peores campañas de exterminio que como un baldón oscuro y repudiable recuerda nuestra historia, y que llevaremos como un estigma definitivamente.
Este retroceso en modo alguno puede ser silenciado, porque ello constituye una omisión intolerable para una sociedad y un gobierno que ha dado pasos positivos para restañar las profundísimas heridas que tanto desprecio, sufrimiento, dolor y muerte han causado en quienes han sido objeto de aquellos criminales ataques por la apropiación de sus territorios.
También preocupan las actitudes de ciertos operadores de sectores políticos minoritarios que con engañosas posturas de defensa de las causas indígenas impulsan su criminalización con el único objetivo de convertir a los hermanos originarios en víctimas, para luego usarlos como estandartes de sus campañas políticas en contra del Proyecto Nacional y Popular. Llamamos a desenmascarar a estos estafadores de la confianza y la buena fe, que usan una falsa prédica reivindicativa para esconder el viejo estratagema de "cuanto peor mejor" impulsando a dirigentes de los pueblos indígenas a hacer el juego a represores y filonazis enquistados en el poder para luego levantar estandartes con las víctimas y posibles mártires.
Resulta evidente aquí la tácita alianza entre sectores de cierta ultraizquierda delirante y la derecha, para el logro de mezquinos réditos políticos, dado que a sabiendas de los objetivos, perfil ideológico y estrategia del fiscal José Sorobella y del Juzgado de Garantías de General San Martín, se ha alentado, impulsado y apoyado a seguir el juego a las provocaciones del poder, generando de tal modo las condiciones para que los dirigentes queden expuestos ante estos personajes de la justicia, y sean procesados.
Todo ello, sin que siquiera estos mismos operadores políticos pseudo indigenistas les garanticen a los dirigentes indígenas la defensa en juicio correspondiente, lo que certifica la intención de buscar el procesamiento y la condena para usar luego esto como bandera política. Conociendo perfectamente el odio racial, autoritarismo, saña y conducta fascista de la justicia interviniente, y el apoyo a éstas prácticas por el actual poder político que conduce la provincia, han maquinado aviesa y arteramente todo lo posible y necesario para exponer a confiados dirigentes originarios a ser llevados a prisión, con el objetivo vil de convertirlos en víctimas para usarlos miserablemente como estandartes de sus absurdos intereses políticos.
Entendemos necesario poner sobre relieve este uso traidor y criminal de las personas, quienes sorprendidos en su confianza y buena fe son ofrecidos a fiscales, jueces y funcionarios alejados del espíritu democrático, y admiradores de prácticas discriminatorias, represivas y violentas hacia los pueblos indígenas, porque ello también configura un despreciable uso violento de los sectores que se dice defender.
Apoyamos las expresiones del Defensor del Pueblo doctor Gustavo Corregido quien solicita al Porcurador General doctor Jorge Canteros arbitre los mecanismos necesarios para evitar la criminalización de la legítima protesta social de los pueblos indígenas, a fin de evitar un dispendio jurisdiccional que acarrea la investigación sobre integrantes de las comunidades que reclaman que el Estado cumpla con una sentencia judicial, y los asista con agua, alimentos necesarios para sobrevivir, como así también asistencia sanitaria. Y que como no poseen acceso a medios de comunicaciones, ni diálogo con los gobernantes, el único medio que encuentran para ser escuchados es interrumpir el tránsito de una ruta, por lo que las peticiones formuladas deberían generar una obligación mínima de los gobernantes, como es la de atender y analizar las peticiones que reciben, dialogar, consensuar y pacificar, más nunca enviar las fuerzas represivas, acribillar, encarcelar y condenar a pobres que buscan hacerse visibles para un estado hoy ciego y sordo.
Para terminar queremos también manifestar nuestro repudio a la virtual condena a prisión que significa la imposición de fianzas de veinticinco mil pesos a dirigentes indígenas indigentes que reclaman comida, y que por tal hecho han sido judicializados. Constituye esta imposición judicial una verdadera y preocupante muestra de mala fe y saña, por parte de quién debiera tomar en consideración las posibilidades fácticas del procesado, el contexto socioeconómico, y las reales y en este caso nulas posibilidades de profugarse por parte de quién no tiene para comer. Esto también expresa una clara discriminación al indígena dado que en situaciones similares y aún más graves no se aplican estas condenas ocultas tras la certeza de imposibilidad de cumplimiento de la fianza impuesta.-