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La "injerencia de la iglesia" divide a la comunidad homosexual respecto al Código Civil

Las organizaciones homosexuales mostraron hoy discrepancias tras la aprobación de la reforma y unificación del Código Civil y Comercial, dado que, si bien se reconocieron muchos "avances jurídicos" de la nueva norma, también se rechazaron las "presiones de la jerarquía católica".

El presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), César Cigliutti, apoyó las reformas al Código "luego de más de 140 años de su aprobación", en tanto aseguró: "Seguiremos trabajando para que las leyes sean todavía más inclusivas de la diversidad".

A través de un comunicado, Cigliutti destacó como "importantes avances jurídicos" la posibilidad de "poder elegir entre dos tipos de acuerdos prenupciales, divorciarse en cualquier momento de la relación matrimonial y adoptar una unión convivencial con status legal", entre otros. 

Pedro Paradiso Sottile, secretario de la CHA, sostuvo que el nuevo Código Civil "es una excelente noticia en el camino a más igualdad, más libertad y más democracia. Un acto de justicia, de reparación y de absoluta necesidad para la realidad en que vivimos las diversas familias y la ciudadanía en nuestro país".

Al rechazar el artículo 19 de la nueva norma, que considera la existencia de la persona "desde el momento de la concepción", Paradiso Sottile repudió "la injerencia de la jerarquía católica", a la que acusó de "realizar lobby en pos de restringir derechos".

Si bien también cuestionó "la quita de la gestación por sustitución", el secretario de la CHA sostuvo que el proyecto aprobado "rompe con paradigmas tradicionales y excluyentes".

En cambio, la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y la Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA) prefirieron ver el vaso medio vacío y rechazaron los "recortes" en el proyecto por "presiones de la jerarquía católica".

Ambas organizaciones señalaron en un comunicado que "la eliminación de la gestación por sustitución, la polémica definición de los embriones como personas y las trabas a las técnicas de reproducción humanamente asistida son algunos de los puntos más controvertidos" de la nueva norma.

También consideraron como un "retroceso" la "eliminación de la función social de la propiedad, el reconocimiento de la personería de la Iglesia como persona jurídica pública, lo que le otorga privilegios inaceptables, y el derecho al agua".

De todos modos, destacaron "el nuevo régimen de adopción, la creación de la figura de las "uniones convivenciales", el "divorcio abreviado" y la inclusión de la "voluntad procreacional"", entre otros.

Esteban Paulón, presidente de la FALGBT, sostuvo que "es cierto que en numerosos aspectos el texto del nuevo Código representa un avance, pero con la misma convicción expresamos nuestro rechazo a los recortes en materia de derechos que se habían logrado incorporar en los primeros textos".

"La eliminación de la gestación por sustitución y la redacción final del artículo 19 muestran la descarada injerencia de la jerarquía católica en el texto final", cuestionó Paulón.