Timerman sostuvo que "no existió nunca un pedido de cooperación judicial entre el país y EEUU" para investigar tuiteros opositores
El canciller, Héctor Timerman, afirmó hoy que "no existió nunca un pedido de cooperación judicial" entre la Argentina y Estados Unidos para la investigación a usuarios de Twitter opositores al gobierno y señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores tramita 2.000 solicitudes de este tipo "y no se fija de quiénes son".
"No existió nunca ese pedido de cooperación judicial", afirmó el funcionario en una entrevista que le concedió a la radio Del Plata y de esta manera desmintió un informe periodístico según el cual el Gobierno había recurrido al "Homeland Security", el equivalente al Ministerio del Interior de Estados Unidos, para conocer los datos personales de este grupo de tuiteros.
"La Cancillería tramita 2.000 pedidos anuales de cooperación judicial. No se fija de quién son. Si vienen de una autoridad judicial y están hechos correctamente, bien confeccionados, los tramita, sean de quien sean. Son 2.000 por año y tardan seis días promedio cada uno. O sea, es rapidísimo el trámite", señaló Timerman para resaltar el rol de intermediador del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Y agregó: "No es la Cancillería la que pide (la cooperación judicial). Pero en este caso ni siquiera recibimos un pedido de la autoridad judicial para enviar a Estados Unidos un pedido de cooperación judicial".
En este sentido, el funcionario calificó la información periodística de "absolutamente falsa" y dijo que "es parte de la campaña que lleva adelante Clarín y sus medios satélites, radio, televisión y medios online, para crear una situación de caos, descontrol y autoritarismo en el gobierno y en la Nación, una situación que no existe".
"La cooperación judicial es de Justicia a Justicia. El Gobierno no tiene nada que ver. El Gobierno nacional, a través de la Cancillería, ha tramitado pedidos del juez (Ariel) Lijo contra funcionarios nacionales y lo ha hecho siempre en tiempo y forma", subrayó Timerman.
Sostuvo que la fiscala Cristina Caamaño, que coadyuva en reemplazo del suspendido José María Campagnoli en la fiscalía de Núñez-Saavedra, "se sintió amenazada por mensajes enviados por Twitter" y entonces "realiza una denuncia a una fiscala del fuero metropolitano (Daniela Dupuy), de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo intendente es el señor (Mauricio) Macri".
"La fiscala metropolitana no hizo un pedido a la Cancillería para pedirle ningún dato a Estados Unidos. No existe eso. Eso es una mentira del diario Clarín", insistió Timerman.
El martes la Cancillería negó que le hubiera pedido al Gobierno de Estados Unidos información sobre un grupo de tuiteros críticos, que apoya al suspendido fiscal José María Campagnoli.
El ministerio desmintió haber "realizado las gestiones ante el gobierno de los Estados Unidos descriptas por Clarín" y señaló que quiere "alertar a la población que no se deje engañar por campañas de medios y personas que invocando poseer información tienen como único objetivo engañar a sus consumidores".
Según la publicación periodística, "el pedido de cooperación del Gobierno se conoció cuando un grupo de tuiteros recibió el 16 de junio una solicitud del departamento legal de la empresa Twitter basada en San Francisco por orden del Homeland Security, según fuentes judiciales".
A pesar de la desmentida, dirigentes políticos se hicieron eco del informe periodístico y cuestionaron el supuesto pedido de informes de la Cancillería al Gobierno de Estados Unidos.
El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, pidió "ampliar" la libertad de expresión" y cuestionó la utilización de "mecanismos de espionaje" en las redes sociales.
"Creo que tiene que ver con la situación del jury de Campagnoli. Mientras que el grueso de la sociedad espera que Campagnoli sea repuesto en su cargo, algunos pretenden seguir hostigándolo", dijo Massa y agregó que "el fracaso del jury obliga a que Campagnoli sea repuesto inmediatamente".
"El kirchnerismo expuso, una vez más, su perfil autoritario, despótico y criminal contra los medios de comunicación. Esta vez decidió vulnerar a los usuarios de Twitter que defendían, y todavía lo hacen, al fiscal Campagnoli. Incluso, pidió cooperación a Estados Unidos para perfeccionar el uso de herramientas de seguimiento de usuarios", dijo, por su parte, la diputada Patricia Bullrich, de Unión-PRO.
Por su parte, el precandidato presidencial del Frente Amplio Unen (FAU) Hermes Binner afirmó que "investigar a tuiteros que apoyan a Campagnoli es una muestra más de la tendencia del gobierno a la hegemonía".
En el radicalismo, el diputado Ricardo Alfonsín acusó que en el Gobierno "están más preocupados por identificar a los tuiteros críticos que a los verdaderos dueños de Ciccone".