Carta abierta al Sr. Gobernador

El 23 de junio de 2014 ratifiqué y amplié ante la Cámara de Diputados el pedido de Remoción del Administrador General de la ATP contador Ricardo Ramón Pereyra, esgrimiendo nuevos fundamentos y más pruebas irrefutables, que además de revalidar la incompatibilidad de dicho funcionario determinada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por Resolución Nº 1.779/14, hacen presumir la existencia de delitos perseguibles de oficio (evasión fiscal, estafa o fraude al Estado, tráfico de influencia, uso ilegal de título profesional, asociación ilícita).

Cuál es el motivo para que se siga sosteniendo esta situación de ilegalidad insanable que afecta la imagen del Organismo y a la gran mayoría de los trabajadores decentes del sector.

O mejor dicho sanable solamente con la intervención de la ATP; la realización de una auditoría integral para evaluar el cumplimiento de la normativa vigente en el control interno y en las fases de recaudación, fiscalización y cobranza de impuestos provinciales; la fiscalización especial sobre los estudios contables del contador Pereyra y de los contadores que dijo que "trabajaban" con él y de sus respectivas carteras de clientes, para examinar la consistencia y/o deficiencias de las declaraciones juradas presentadas por los mismos; y la intervención de la Dirección Provincial de Sumarios, a fin de investigar los hechos, acciones y omisiones que involucran a personal directivo y administrativo, que pudieran generar responsabilidad patrimonial o disciplinaria.

Ninguno de los actos irregulares con visos de corrupción que proliferaron durante la gestión del contador Pereyra, reiteradas veces denunciados hasta públicamente por el Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco (SiEmpRe) y el suscripto, hubieran prosperado sin el consentimiento o el silencio cómplice de agentes de la ATP.

Se puede inferir que armó una red de partícipes y/o encubridores a tales efectos, designando a dedo al frente de direcciones de áreas y jefaturas de departamentos vacantes a agentes con dudosos o pésimos antecedentes laborales, violando la Ley Nº 6.611 de Autarquía que la ATP vigente desde el mes de Septiembre del 2010, que establece que la cobertura de cargos jerárquicos vacantes deberá efectuarse por concurso interno de oposición y antecedentes; a quienes en compensación al principio gratificó con el pago de jugosos porcentajes de bonificación por dedicación, y a la postre por Decretos Provinciales Nros. 715/14 y 716/14 con el reconocimiento y pago de diferencias de sueldos en concepto de subrogancias en forma retroactiva al año 2012. Al que le quepa el sayo que se lo ponga.

Como es posible que ningún agente responsable del control de cumplimiento de las obligaciones tributarias provinciales, recibir planes de financiación de deudas, gravar en el sistema información los trámites de los contribuyentes, emitir Certificado Fiscal para Contratar, etc., no se haya percatado y advertido los trámites realizados por el contribuyente Ricardo Ramón Pereyra?

Cuando todos los trabajadores y funcionarios de la ATP saben que se encuentran comprendidos por el Régimen de Incompatibilidad previstos por las Leyes Nros. 1.276 y 330 t.v, en el caso especial del contador Pereyra además por el Decreto Nº 1.895/10, cuyo cumplimiento es obligatorio y requisito inexcusable para percibir los adicionales salariales Fondo de Estímulo y Bonificación por Dedicación.

Cuando saben que las Leyes Ley 2018 (Art. 9º, Inciso E) – Reglamento de la Función del Director – y 2017 t.v (Art. 21º, Inc. 8) – Estatuto para el Personal de la Administración Pública -, establecen que son Deberes del personal de planta permanente : "Llevar a conocimiento de la Superioridad, por vía jerárquica todo procedimiento irregular que pueda causar perjuicio patrimonial, moral o configurar daño para la administración".

La cuestión es que el titular de la ATP conforme a lo dictaminado por la FIA, violó el Régimen de Incompatibilidad vigente y viene percibiendo en forma indebida remuneraciones en concepto de Fondo de Estímulo y Bonificación por Dedicación desde el mes de febrero de 2012, aunque lo correcto hubiera sido asumir que fue así durante todo el tiempo desde que es funcionario.

Básicamente en Derecho, "se denomina asociación ilícita a un grupo de individuos constituido con el objetivo de cometer un acto contrario a la ley, ya sea un ilícito civil o un delito sancionado por la ley penal; algunos ordenamientos (por ejemplo Argentina) establecen que para la existencia de una "asociación ilícita" es necesario que ésta se hallase formada por al menos tres individuos …".

¿Qué lo que está ocurriendo en la ATP no configuraría los delitos de asociación ilícita, de fraude o estafa al Estado Provincial?

Aunque resulte redundante, estimo importante transcribir a continuación el significado del concepto Incompatibilidad, según el Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel Osorio – Abogado – Editorial Heliasta S.R.L.:

"Es el impedimento o tacha legal para ejercer una función determinada o para ejercer dos o más cargos a la vez. El concepto se halla especialmente referido a los empleos y funciones públicas. Capitant lo define como la imposibilidad legal de acumular funciones públicas, o mandatos electivos, con determinadas ocupaciones privadas. El error de la definición se encuentra en atribuir a la incompatibilidad un origen exclusivamente legal, cuando lo cierto es que puede ser meramente de hecho; puesto que no estando prohibido en todos los casos el desempeño de dos funciones, o de una función y un mandato, o de un empleo público y otro privado, la incompatibilidad estaría originada en la superposición del horario en que se tendría que desempeñar una y otra ocupación. Así como hay igualmente otras incompatibilidades que pueden no ser de hecho ilegales, sino éticas (que a veces pueden ser también legales). Las incompatibilidades más fundamentales son las que afectan a los miembros del Poder Judicial, no solo como garantía de su independencia, sino garantía pública de que su falta de vinculaciones ajenas a la función judicial los pone a cubierto de toda sospecha de parcialidad. Por regla general, el cargo de juez es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función o empleo. En la Argentina, lo mismo que en otros países americanos, la función judicial es compatible únicamente con la docencia universitaria; compatibilidad basada en seria razones, no compartidas por todos".

Con el anhelo de que se revalorice la finalidad perseguida por los fundadores del Estado provincial cuando incorporaron dicha pauta jurídica en la Ley 330 t.v. de creación de la ATP (ex DGR), sancionada el 23 de agosto de 1960; la cual en el Art. 10º bajo el título "Incompatibilidades", reza : "Sin perjuicio de las disposiciones que sobre régimen de incompatibilidades se dicten, el Administrador General y el Subadministrador General no podrán: a) Actuar como patrocinante o apoderado en asunto judicial o/administrativo en que el fisco sea parte o tenga interés contradictorio; b) Ejercer profesiones liberales; c) Desempeñar cualquier otra actividad remunerada, a excepción del ejercicio de la docencia y de aquellas actividades que, por no dar lugar a un interés contradictorio, real o potencial con los del estado provincial y por no provocar superposiciones horarias, sean autorizadas por el poder ejecutivo a través del ministerio de economía y obras públicas. Articulo 14 : Los agentes que desempeñen cargos para los que por leyes especiales se prohíba en forma total el ejercicio de la profesión, oficio o actividad rentada, salvo la docencia secundaria o universitaria, tendrán derecho a una bonificación por incompatibilidad del treinta por ciento (30%) sobre el sueldo básico mas la compensación jerárquica correspondiente al cargo del agente".

Paradójicamente, teniendo en cuenta todas las denuncias que pesan sobre la gestión del contador Pereyra ante autoridades superiores del gobierno provincial, los Organismos de Control del Estado Provincial, la Justicia y por los medios, que pudieron redundar en beneficio de intereses subalternos al fisco provincial, como se dice en la jerga popular, parece que "pusieron al zorro a cuidar el gallinero".

O es que acaso se cree que la ATP es una isla, ajena al Estado de Derecho que convivimos, y entonces hay que dejar que sea manejada por los caprichos del contador Pereyra y compinches?.

Aguardo vuestra respuesta.

(*) D.N.I. Nº 11.820.666.