Hay 100 imputados por el acuartelamiento de diciembre
Un documento firmado por cuatro fiscales fue presentado hoy ante el Juzgado Federal de Resistencia con la imputación a 100 personas, en su mayoría agentes policiales y del Servicio Penitenciario. Se los acusa de sedición e incitación a la violencia por los hechos ocurridos el 10, 11 y 12 de diciembre pasado.
Intervienen en la investigación los Fiscales Nicolás Sabadini en Resitencia, Carlos Enrique Sansserri, en Sáenz Peña, Carlos Martín Amad, de la Cámara Federal de Apelaciones, Federico Martín Carniel por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal.
Unos 25 testigos prestaron declaración para dar cuerpo a la investigación preliminar que resultó en estas 100 imputaciones. Algunos nombres en el centenar, son: el ex comisario Juan Ramón Cantero, los abogados Elena Irrazabal (defensora de Cantero) y Martín D’Alessandro, Karina Soledad Chas y Jorge Mario Duarte.
Entre las imputaciones se cuentan cargos por sedición e incitación a la violencia colectiva y agravantes como la "ultrafinalidad de aterrorizar a la población".
Por otra parte se establecieron diferentes jurisdicciones sobre las que se ejerció el supuesto accionar sedicioso: la División 911, la División de Atención a la Mujer, el Complejo Penitenciario de Sáenz Peña y las Comisarías Quinta, Séptima y Décima de Resistencia.
En la presentación se señala que no hubo saqueos "por hambre" sino saqueos con la sola finalidad de ocasionar un daño y que se aprovechó la sensación de caos para dar curso a actitudes de coacción con objeto sedicioso o de utilizar la fuerza para atentar contra el orden institucional.
El documento presentado hoy en la Justicia Federal también subraya como parte de este accionar sedicioso el uso de bienes del Estado destinados a la seguridad y la prevensión como patrulleros, chalecos, escopetas, armas reglamentarias. Planteando de este modo que tales bienes no estuvieron disponibles para su "uso reglamentario". Por otra parte se plantea que no se garantizaron los servicios mínimos por parte de la policía, y que tanto policías como agentes del Servicio Penitenciario se negaron a entregar chalecos antibalas, escopetas y llaves de los patrulleros, así como las llaves de las celdas.
Por tratarse de personal de las Fuerzas de Seguridad el documento considera que los responsables de la protesta tenían un claro conocimiento del peligro inminente de desmanes y saqueos, que encerraban sus acciones. Con todo, sostiene el documento, persistieron en su actitud.
Se considera que hubo uso de la fuerza con el objetivo de sumar adeptos y la obtención de forma ilícita de una medida administrativa que se hiciera eco del reclamo salarial. Estas acciones pueden ser justificadas desde el punto de vista jurídico, sostiene el documento, y son susceptibles de ser penalizadas según lo establece el Derecho Penal