Pasó a un cuarto intermedio la conciliación obligatoria en la Subsecretaría de Energía
La próxima audiencia se concretará el 22 de noviembre, y se exige que para ese día el Gobierno aporte los instrumentos legales para la reasignación de funciones de las personas que promovieron los conflictos en la Subsecretaría de Energía.
El Secretario General de Unión del Personal Civil de la Provincia (UPCP), José Niz, junto con los delegados de la Subsecretaría de Energía cumplieron con la convocatoria efectuada por la Dirección Provincial del Trabajo, pero no ocurrió lo mismo con la autoridad de la Subsecretaría de Energía, quien faltó a la cita.
Como resultado de ello, y teniendo en cuenta que el representante enviado por el Gobierno carece de poder decisorio, se reclamó que para la próxima vez se presente Knorre.
La UPCP solicitó, además, el inicio de sumario administrativo a efectos de investigar las irregularidades cometidas en el sector por parte del subsecretario recientemente desplazado.
Afirmó el dirigente, este es la cuarta vez que asistimos a la Dirección Provincial del Trabajo para demostrar nuestra voluntad de solucionar en forma conjunta la problemática del sector, pero lamentablemente no hemos logrado contar con un funcionario con facultades de decisión, por eso pusimos como fecha límite el 22 de noviembre y esperamos que se aporten todas las respuestas a los puntos de conflicto que fueron notificados a la parte empleadora.
En tal sentido, indicó aportamos una agenda de trabajo para ejecutarla gradualmente, pero para que podamos comenzar a tratarla pedimos que se dicten los instrumentos legales que garantizan que las personas que promovieron los conflictos sean definitivamente separadas de sus funciones y sean reasignadas en otras áreas pero fuera dela Subsecretaría de Energía.
Agregó el Secretario General, que presentarán un proyecto para que se califique como actividad riesgosa, la labor que desarrollan los trabajadores, con el objetivo de habilitar la percepción de la bonificación correspondiente, dado que este personal realiza obras eléctricas y trabaja en altura lo que obliga al Estado a reconocer ese beneficio, concluyó.