Plan de Seguridad 2014 genera más dudas que certezas
La ley de seguridad pública (6976) establece que el secretario de seguridad pública debe presentar anualmente un plan a la legislatura provincial, junto con el presupuesto general al 30 de setiembre de cada año. El "plan general de seguridad 2014" presentado en la 10° reunión el Consejo Provincial de Seguridad Pública (CPSP) el pasado 8 de Octubre de 2013, es un plan trienal con metas plurianuales (2013/2015), compuesto por 7 objetivos estratégicos, 29 objetivos específicos y 92 actividades.
El plan presentado es técnicamente valorable, teniendo en cuenta que es el primero elaborado en el área de seguridad pública. Pero su contenido no se ajusta a los lineamientos establecidos en la ley 6976 (art. 9, 10, 11, 12) y el decreto 703/13 (art. 11 y 13). No se acompañan el cuadro de situación y diagnóstico, el plan de inteligencia criminal, ni las directrices técnicas y los objetivos de las políticas de seguridad acordadas en el seno del CPSP como establece la ley.
Para que el plan presentado sea real y no simplemente un listado de buenas intenciones o expresiones de deseos, es imprescindible identificar las fuentes de financiamiento y el costo estimado de objetivos específicos (1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 3.1, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.4, etc.). No existe información sobre financiamiento del plan.
Tampoco se hace referencia a proyectos de inversión formulados y evaluados para determinar el alcance del plan, problemas identificados que se van a resolver y cómo, y con qué costos. Y si de costos se trata, sería muy interesante conocer el costo total del plan de seguridad, y si está previsto el financiamiento presupuestario y extra presupuestario para su ejecución.
Se habría omitido incluir un objetivo estratégico muy importante: completar la ejecución del proceso de reglamentación e implementación de la ley de seguridad pública (6976). Algunas actividades vinculadas con dicho proceso (parcial) se incluyeron dentro de los objetivos estratégicos 1., 4. y 5., e inclusive otras ya fueron cumplidas.
Sin embargo existen actividades que no fueron incluidas en el plan, y se desconoce si se cumplirá con las tareas de elaborar los siguientes proyectos normativos, y su correspondiente implementación: secretaría de seguridad pública (art. 14 ley 6976); instituto superior de seguridad pública (art. 25 Ley 6976); estructura organizativa del sistema policial (Art. 62 de la ley 6976 y Decreto 703/13); unidades operativas medias y de base (art. 67 ley 6976); estatuto profesional del policía (art. 71 ley 6976 - plazo de 180 días vencido); agrupamientos y especialidades (art. 72, 74 y 75 ley 6976); régimen de promociones y ascensos (art. 83 ley 6976); defensoría del policía (art. 102 y 104 ley 6976.
En algunas metas se incluyeron responsables que están fuera de la gobernabilidad del poder ejecutivo provincial. Por ser factores externos no controlables en un plan de gobierno sería aconsejable excluirlos de objetivos específicos, por ejemplo en 4.1 actividad 2; 5.4 actividad 4; 6.1 actividades 3, 4, 5; 6.2 actividades 2, 3.
El objetivo estratégico 3., reducción de los factores de riesgo social que propician comportamientos delictivos, es toda una novedad en el esquema preventivo del gobierno. Inclusive es contraria a la postura política asumida por el oficialismo al momento de sancionar la ley 6976, cuando rechazó de plano una propuesta que definía las acciones de prevención primaria, quedando establecida únicamente la prevención secundaria del delito. Es muy difícil creer en un cambio de posición de hecho y de un año a otro, máxime cuando en otras áreas del poder ejecutivo no se tendría previsto el abordaje de la prevención social de los delitos.
En el objetivo estratégico 5., fortalecimiento de la Policía del Chaco, objetivos específicos 5.3 y 5.4, se podrían haber previsto metas de contención y reducción de la demanda, utilizando algunos indicadores de seguridad pública específicos como ser tasas de delincuencia, tasas de inculpación, tasas de esclarecimiento de hechos denunciados y tasas de victimización, que permitan medir la eficiencia de la prevención policial y la operatividad de la Policía. También podrían haberse previsto metas de distribución de recursos materiales y humanos en función de los mencionados indicadores y de otros que se relacionen por ejemplo con cobertura territorial, densidad poblacional y objetivos sensibles.
No haber incluido metas e indicadores como los enunciados, es una muestra de la poca confianza que tiene el Gobierno en resolver el grave problema de inseguridad que afecta a la comunidad chaqueña, y en la efectividad del esquema de seguridad preventiva que revierta las altas tasas de delitos registradas en los últimos años.
Se observa también cierto informalismo, improvisación y apuro en la elaboración del plan. Se parece más a un borrador de trabajo, no está suscripto ni instrumentado por resolución administrativa. En los objetivos estratégicos 6. y 7., referidos a la seguridad vial y al servicio penitenciario, se observa que se omitieron consignar plazos de cumplimiento de metas y los responsables. En cambio en los primeros objetivos estratégicos, y con mayor énfasis en el 5., fortalecimiento de la Policía del Chaco, el plan luce con todos los datos y mejor elaborado. Estas observaciones que parecieran ser detalles menores, son reveladoras de la falta de equipos técnicos de planificación homogéneos y adecuadamente coordinados en el ministerio de gobierno.
A pesar del discurso del gobernador sobre el enfoque sistémico en la gestión de la seguridad, el plan demuestra que hay componentes del sistema que no han colaborado y no han hecho los aportes necesarios. También quedan dudas sobre el grado de concientización y de preparación de las estructuras del sistema tanto en la planificación como para la ejecución de las numerosas actividades previstas. A la luz de los antecedentes de los últimos años, y del cambio reciente de autoridades en el ministerio de gobierno y en la secretaría de seguridad pública, a priori surge que no estarían dadas las mejores condiciones para la ejecución del plan.
En función de las debilidades descriptas anteriormente, sería recomendable reformular y completar el plan a través de un equipo de planificación multidisciplinario en el ámbito del MGJyT, con una amplia participación de los componentes del sistema de seguridad; incorporar la información adicional necesaria y revisar los puntos señalados como debilidades, y si corresponde corregir, modificar y/o ampliar su contenido; instrumentar el plan a través de una resolución de la secretaría de seguridad pública y elevarlo a la cámara de diputados; realizar actividades de sensibilización y de difusión interna; mantener informada a la opinión pública.
(*) Policías Autoconvocados - Vecinos Autoconvocados Resistencia.