El Consejo de Abogados presentó a Aguilar su propuesta de reforma sobre la ley de concursos y antecedentes

El organismo presentó sus fundamentos para la reforma que propone, destacaron la necesidad de que los aspirantes sean evaluados adecuadamente, para que se cumpla con amplitud el concurso de antecedentes y oposición. También detalla el rol del Consejo de la Magistratura, cuerpo colegiado encargado de resolver la designación de jueces, y que a esa instancia deben llegar solo los que han pasado debidamente por un proceso de evaluación anterior. También hicieron referencia a la importancia de evaluar en cuanto a idoneidad a los que pretendan ocupar un cargo, y dedicaron un espacio a lo que significa la relación con lapolítica dentro delMáximo Tribunal Provincial.Específicamente, detallaron:"Debe señalarse en primer lugar y como presupuesto de la propuesta de modificación que aquí presentaremos, que la sanción de la Ley Nº 7157 en cuanto cumple con el mandato constitucional establecido en el art. 167 inc. 1º de la Constitución del Chaco, conforma un sustantivo avance en relación comparativa con la omisión inconstitucional en que nos encontrábamos bajo el régimen anterior, que consagraba la exclusión del concurso de antecedentes y oposición cuando el cargo a cubrir fuera el de Juez del Superior Tribunal de Justicia"."Sin perjuicio de ello, el actual régimen reglamentario de la norma constitucional antes mencionada, padece propiamente de omisiones e incorrecciones que deben ser asumidas y reformadas, de tal modo de intentar una efectiva y sincera satisfacción del fin que persigue la norma constitucional que impone la selección mediante concurso de antecedentes y oposición, previos a cualquier propuesta efectuada por el Consejo de la Magistratura.Fuera de esta real voluntad de cumplir con la Constitución Provincial, es posible diseñar un procedimiento de selección que formalmente satisfaga la exigencia constitucional, pero que al mismo tiempo se desentienda de la realización efectiva de la selección fundada en criterios de objetividad para determinar la aptitud profesional, académica y científica de los aspirantes al máximo Tribunal de la Provincia del Chaco"."Esta intención formal que no se dirige a conseguir la plena ejecución de la manda constitucional es la que advertimos realizada en la Ley Nº 7157, a partir de encontrar dos déficits que apuntan a debilitar el núcleo indisponible de todo concurso que pretenda ser tal. Nos referimos en primer lugar a la inexistencia de un Tribunal examinador imparcial e independiente del órgano constitucional que tiene en definitiva la competencia constitucionalmente atribuida para seleccionar y proponer el candidato al Poder Ejecutivo, en el caso que nos ocupa conforme lo dispone el art. 158 de la Constitución del Chaco. En segundo lugar nos merece igual crítica la inexistencia de una instancia de evaluación práctica, consistente en la resolución de un caso mediante una sentencia o dictamen, equivalente a la que establece la Ley Nº 4885, referida a los magistrados inferiores"."Los puntos antes mencionados no pueden ser eludidos en el diseño de un procedimiento destinado a cumplir con el presupuesto del concurso de antecedentes y oposición sin causar al mismo tiempo el vaciamiento del instituto. Dicho de otro modo, sin que exista un jurado técnico que tenga a su cargo la definición de las modalidades y el contenido de los exámenes y sin que exista evaluación efectiva y adecuada de los aspirantes, no podrá existir real oposición conforme lo impone la manda constitucional"."Es que el Consejo de la Magistratura debe seleccionar sobre la base de criterios objetivos que solo puede proporcionarle un jurado integrado técnicamente que además se encuentre escindido del órgano constitucional. Al decir escindido nos referimos a la necesaria independencia que debe existir entre quien realiza la evaluación de la capacidad técnica, profesional y científica del aspirante y el órgano constitucional que finalmente incorpora este elemento como uno de los puntos para seleccionar al candidato que considera más idóneo"."No se trata de transferir toda la competencia para decidir a un cuerpo exclusivamente técnico, sino de procurar los medios para que la decisión final que adoptará el Consejo de la Magistratura se encuentre provista de legitimación abonada por la introducción de criterios de selección objetivos.-La idoneidad que es la aptitud específica para ejercer una función pública, es el requisito que debe ser evaluado por el Consejo de la Magistratura para seleccionar y proponer el candidato que podrá cubrir la magistratura vacante. La evaluación de la idoneidad es una competencia que la Constitución del Chaco atribuye al Consejo de la Magistratura, pero que éste órgano constitucional debe buscar sobre la base de elementos objetivos que le proveen las anteriores instancias de evaluación y calificación que a su vez deben erigirse de un modo suficientemente autónomo"."Concentrar todas las instancias de evaluación, calificación y selección en un solo órgano, priva al concurso de antecedentes y oposición de la eficacia que le provee la división en etapas en que intervienen diversos mecanismos para establecer la aptitud del aspirante en relación al aspecto particular que en tal instancia se evalúa.-El concurso de antecedentes y oposición sirve al proceso de selección de magistrados en la medida en que no sea solo una puesta en escena destinada a justificar visualmente lo que en verdad no es más que el resultado del voluntarismo de los números que se logran por adición a la hora de nominar al candidato". "El tránsito por el concurso debe ir aportando una evaluación objetiva de las aptitudes que se consideran parte imprescindible para alcanzar la idoneidad en el sentido específico antes aludido.-Esta naturaleza progresiva y eminentemente técnica del concurso, excluye por naturaleza la concentración de competencias y funciones en un solo órgano que al tiempo en que debe seleccionar puede también evaluar y calificar. La objetividad en la evaluación se perdería sometiendo esta vital instancia que permite la oposición, imprimiendo una excesiva discrecionalidad a un procedimiento que se ha instituido precisamente con el objeto de aportar independencia y transparencia en la selección de los magistrados"."La historia nos muestra que las sucesivas integraciones del Superior Tribunal, tenían un recaudo no escrito, que era el transito previo por funciones partidarias, legislativas, ejecutivas, o de otra índole siempre vinculadas al poder político; dicho de otro modo aquella idea original de despolitizar el Poder Judicial con la incorporación del Consejo de la Magistratura, solo intento regir para instancias inferiores. De lo contrario, quienes asumen otra posición, que digan frontalmente de cara a la sociedad, que lo que se quiere es continuar con esta tradición, y que el poder político se seguirá turnando para integrar el Superior Tribunal de la Provincia, en cuyo caso no haremos sino sincerar un debate legítimo, y no oculto entre los pliegues del poder"."Acompaña nuestra posición conceptual en este aspecto, la exposición del Presidente del Bloque Justicialista, a cuyos conceptos nos remitimos.-El Consejo de la Magistratura debe seleccionar a los que resulten antes evaluados como aptos para alcanzar la instancia de la selección, siendo necesario para que el concurso de oposición exista que la evaluación se encuentre sometida exclusivamente a criterios objetivos, establecidos por un jurado técnico donde la discrecionalidad se anule por sujeción a la racionalidad impuesta por la naturaleza técnica de la evaluación y los evaluadores"."Piénsese como ejemplo del error en que ha incurrido la Ley Nº 7157, en que el Consejo de la Magistratura puede no estar integrado por personas que reúnan la mínima idoneidad que debe exigirse a quien aspira a evaluar a un abogado para ejercer una magistratura judicial, esto es ostentar la condición de abogado. Es posible entonces y de hecho sucede en la actual composición con dos de los suplentes, que el Consejo de la Magistratura se integre con miembros no abogados. En tal caso se dará la paradoja que el jurado o tribunal examinador será el que carezca de la idoneidad más básica para juzgar sobre la idoneidad de los aspirantes.-A ello se suma el segundo déficit que advertimos en el actual texto de la Ley Nº 7157 y que radica en la inexistencia de un examen destinado a establecer la aptitud jurisdiccional de los aspirantes a integrar el máximo tribunal provincial". "Es que en el texto legal vigente la evaluación se limita a una exposición oral referida a temas preestablecidos que se conocen con anticipación y que surgen delimitados en su materia por elección del candidato. Sigue a ello la exposición relativa a un plan de gobierno, sobre el cual no planteamos objeción y que de hecho propiciamos, pero que no alcanza para suplir la omisión en la evaluación de la principal función que habrá de cumplir el magistrado seleccionado, que no es otra que la de dictar sentencia desde la cúspide del Poder Judicial local.-La omisión resulta fatal para la eficacia de todo el procedimiento de concurso por antecedentes y oposición, en tanto que se supone que la oposición debe referirse a la evaluación del candidato en el ámbito de la función que aspira a desempeñar". "De tal manera en el caso de un concurso para cubrir un cargo docente universitario, tiene razón de ser que se evalúe al concursante en el marco de una clase relativa a los contenidos que habrá de dictar. No se juzgan aquí conocimientos genéricos sino la aptitud específica para encarnar el cargo por el cual se concursa.Como se advertirá fácilmente, ambos extremos que son materia de nuestra crítica y consecuente propuesta de reforma, se hallan estrechamente vinculados. Ello así en cuanto que la concurrencia de estas omisiones ayuda a vaciar de contenido esencial y de eficacia efectiva a la faz más importante del concurso y a la que además aporta mayor objetividad por medio de sus criterios cuantificables de evaluación, restando sustantiva legitimidad al producto del concurso". "Nos referimos por supuesto al vaciamiento de la fase de oposición.La oposición en la Ley Nº 7157 se reduce a una exposición oral de temas sorteados previamente, ceñidos a la materia seleccionada por el aspirante y a un plan de gobierno expuesto también de forma oral. Comparativamente este temario y forma de examen representa además una perniciosa desigualdad en relación a los magistrados de instancias inferiores al Alto Tribunal, quienes deben atravesar instancias de evaluación mucho más exigentes que las que debería transitar un candidato al máximo sitial jurisdiccional de la Provincia del Chaco". "Por las razones expuestas propiciamos la reforma de la Ley Nº 7157, focalizando nuestra atención en los puntos antes señalados y de acuerdo con los fundamentos aquí expuestos.