La política en Chaco sería distinta si funcionara el juicio político

La reforma de la Ley vigente 3222 que regula el juiciopolítico a los funcionarios públicos, mediante la Ley 7256 recientementesancionada, era innecesaria y en todo caso jugaría a favor de quieneventualmente pudiera ser alcanzado por dicha medida.
Los partidos mayoritarios compiten electoralmente paraturnarse al frente del gobierno provincial con mayoría de diputados en el Poderlegislativo, pero podría decirse que entre ellos la adversidad no llega alpunto de que se impulse este procedimiento contra altos funcionarios, por maldesempeño o falta de cumplimiento a los deberes a su cargo y otros motivos,previstos en el Art. 120º de la Constitución Provincial; si no hubiera sido deesta manera, desde al año 1983
a la fecha hubieran habido centenares de pedidos juiciospolíticos y podría haber significado la culminación de la carrera de muchosdirigentes políticos.
También nos parece desatinado que la diputada Elda Pertile,promotora de la modificación de la Ley 3222, haya argumentado "Lo que buscaesta ley es evitar que venga un denunciante, que nunca hayan tenido rostro, niuna dirección donde ubicarlos, y que no se hagan responsables de las denunciasque realizan".Por experiencia sabemos cómo funcionan las cosas.
En nombrey representación del Sindicato de Empleados de Rentas de la Provincia del Chaco(SiEmpRe), el 04/07/2011 solicitamos Juicio Politico contra el ex Ministro deEconomía, Obras y SErvicios Públicos Lic. Eduardo Aguilar, actual Presidentedel Poder Legislativo (acusado de haber incurrido en las previsiones de losArt. 12º de la Constitución Provincial : mal desempeño y falta de cumplimientoa los deberes de su cargo y Art. 248º del Código Penal: abuso de autoridad yviolación de los deberes de funcionario público; de atentar contra el sistemarepublicano, el orden democrático y cláusula ética, previstos en los Arts. 1º y11º de la Constitución Provincial (1957 ? 1994); de haber cometido el delito defalsedad ideológica, conforme a lo previsto en el Art. 292º del Código Penal;de haber violado el Art. 16º de la Constitución Nacional con prácticas denepotismo; de defraudar la voluntad ylas esperanzas del Pueblo del Chaco), y quedó inconcluso por desidia de loslegisladores. El que calla otorga, dice el refrán.La Ley 3222 exige para pedir Juicio Político que se acreditefehacientemente ante el Poder Legislativo, identidad y domicilio legal yefectuar la manifestación de cargos e imputaciones, con fundamentos de hecho,de derecho, con documentación respaldatorias de las mismas, etc.; ni más nimenos como lo hicimos en el caso del Lic. Aguilar. En consecuencia se habilitatodo un procedimiento donde se garantiza al acusado el pleno ejercicio delderecho a defensa, establecido en el Art. 130º de la Constitución Provincial.Hubiéramos preferido que los diputados dejaran este temacomo estaba y se ocuparan de contestar sobre el pedido de remocióndel Administrador General de la ATP contador Ricardo Ramón Pereyra, acusado decometer infracciones más graves aún que las señaladas en el caso del exMinistro de Economía, Obras y Servicios Públicos.(*) Secretario General del Sindicato de Empleados de Rentasde la Provincia del Chaco.