El Consejo de Abogados de Resistencia se expresó sobre la Reforma Judicial

Ante los proyectos de reforma centrados en elPoder Judicial de la Naciónque se encuentran en tratamiento parlamentario o que ya han sido aprobados porel Congreso de la Nación,el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la Primera CircunscripciónJudicial del Chaco, realiza las siguientes consideraciones y manifestaciones:La trascendencia de las reformaspropuestas por el Poder Ejecutivo Nacional ha motorizado a toda la abogacíaorganizada del País, generando un debate interno y plural que se hacristalizado luego en los pronunciamientos que progresivamente van tomandoestado público. En la misma senda nuestro Consejo Profesional de Abogados, comoinstitución que participa de la abogacía organizada argentina, ha debatido enlas reuniones ampliadas convocadas con ese solo objeto, escuchando lasopiniones de todos los colegas que han querido pronunciarse al respecto. Frutode esos debates abiertos y plurales, surgen estas manifestaciones que reflejanla posición que asume el Directorio del Consejo de Abogados como consecuencia ysíntesis de las opiniones recogidas en las mencionadas reuniones ampliadas.Explicado como está el contexto dedebate plural que ha precedido a nuestro pronunciamiento, no podemos menos queempezar por lamentar que esa misma lógica procedimental, esencial para todosistema democrático, no haya sido el principio que guiara la elaboración,primero, y el tratamiento parlamentario, después, de las trascendentes reformasque se dirigen a modificar sustantivamente el funcionamiento del Poder Judicialde la Nación. Eldebate siempre enriquece y otorga mayor legitimidad a cualquier decisiónadoptada por los Poderes del Estado, además de que compone un requisitoconstitucional de validez de las leyes, según lo establece el art. 78 de la ConstituciónNacional.En nuestra opinión, centramos nuestrascríticas en algunas modificaciones de los proyectos referidos al Consejo de la Magistratura, a laregulación de las medidas cautelares que se dictan contra el Estado Nacional ya la creación de las Cámaras de Casación en materia civil y comercial,contencioso administrativo y del trabajo y de la seguridad social.Como crítica que aplica para todasestas reformas, necesariamente debemos expresar preocupación por la afectaciónque representan para el principio fundamental de la división de poderes quesurge de la forma republicana de gobierno que establece el art. 1 de la ConstituciónNacional y que se traduce de manera específica y vigorosa enla necesidad de garantizar la independencia del Poder Judicial.El Poder Judicial es también parte delgobierno de una República, pero el tercio de poder que se le ha encomendadoejercer no ha quedado sometido a la regla de las mayorías electorales, deacuerdo con la arquitectura institucional que diseña la Constitución ni esrecomendable que sea de otra forma. Es esta una virtud prudencial y unanecesidad republicana que debe ser vista como un bien a custodiar y en su casoa resguardar y fortalecer, pero nunca puede ser tomada como una suerte deprivilegio indeseado y de aislamiento antidemocrático que deba ser combatido yextinguido.En cualquier caso la pretensión deacabar con la naturaleza contramayoritaria del Poder Judicial de la Nación exige una huida delsistema republicano que en nuestro País solo podría consagrarse mediante elprocedimiento de reforma constitucional que prevé el art. 30 de la ConstituciónNacional.
A.- CONSEJO DE LA MAGISTRATURA.-En este sentido de preocupación por la República, expresamosnuestra disconformidad con la modificación del número y las reglas para laelección de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación. Se ha producido conesta reforma una inicial violación del art. 114 de la ConstituciónNacional que establece que debe respetarse el equilibrio enla representación de cuatro estamentos que se limita a identificar y que son losórganos políticos resultantes de la elección popular, los jueces, los abogadosde la matrícula federal y los representantes del ámbito académico y científico,delegando sobre estas bases para que la definición se haga por vía legal.Este equilibrio que debe existir entreesos estamentos se fractura tanto cuando se impone la elección popular de todoslos jueces, abogados y académicos o científicos, exceptuando solo a losrepresentantes de los órganos políticos, como cuando se amplia el número de losacadémicos y científicos a seis (6), dejando a los abogados y juecesrepresentados por tres para cada estamento, manteniendo la representación delos órganos políticos en siete (7) (uno para el Poder Ejecutivo y seis para elPoder Ejecutivo). De igual manera se violenta el art. 114 de la ConstituciónNacional cuando todos los estamentos no políticos pasan a serelectos popularmente, desconociendo la forma representativa estamental que surgede la norma constitucional y que es abonada por el debate mantenido en la ConvenciónConstituyente convocada en el año 1994. Los representantes delos jueces deben ser electos por los jueces, los representantes de los abogadosdeben ser electos por los abogados y los representantes de los académicos ycientíficos deben ser electos por quienes integran este sector de la sociedadcivil. Así lo ha querido la norma constitucional y eso se corresponde con lanaturaleza técnica del órgano que estos estamentos contribuyen a integrar, conel fin de aportar sus aptitudes y condiciones profesionales, funcionales ointelectuales.
Referido al Consejo de la Magistratura vemosigualmente con preocupación que los representantes de los jueces de la Nación deban ser electos enelecciones generales y que sea obligatoria su postulación por medio de partidospolíticos. La intención del constituyente de 1994 ha sido modificar elsistema de selección, nombramiento y remoción de los magistrados mediante laeliminación de la mayoritaria preeminencia de los partidos políticos en elprocedimiento hasta entonces vigente, que se limitaba a requerir la propuestadel Poder Ejecutivo o la acusación de la Cámara de Diputados y el acuerdo o el juicio,respectivamente, del Senado de la
Nación. Con la incorporación de esta elecciónpopular monopolizada por los partidos políticos, se retrotrae la situación almomento anterior a la reforma, extendiendo de un modo además peligroso para laimparcialidad e independencia de los magistrados, la influencia de los partidospolíticos en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.También nos pronunciamientos en contrade la modificación de la mayoría necesaria para seleccionar, acusar y sancionara los magistrados, reduciendo el número calificado de los 2/3 a la simplemayoría. La independencia de los magistrados se resiente perniciosamente cuandosu nombramiento o su destitución pende en el inicio de los procedimientos paraperfeccionarla, de una mayoría baladí en cuya conformación prima además el sectorpolítico.
B.- MEDIDAS CAUTELARES.-Con respecto a las medidas cautelarescontra el Estado Nacional, podemos decir que estamos de acuerdo con lanecesidad de regular estos instrumentos procesales que hasta ahora no teníanregulación procesal, pero de ninguna manera podemos consentir que se las limiteal punto de volverlas inoperantes o inalcanzables, tratándose como se trata deuna herramienta esencial para garantizar el acceso a la justicia y la tutelajudicial efectiva, derechos humanos reconocidos en los arts. 8 y 25 del Pactode San José de Costa Rica (Convención Americana de Derechos Humanos, conjerarquía constitucional, art. 75 inc. 22 CN).En efecto, la ley que ya ha sidosancionada por el Congreso de laNación establece la bilateralidad, es decir la notificaciónprevia al Estado, en un proceso de naturaleza urgente cuya naturaleza básica leimpone la necesidad de la sorpresa que se logra con su decretación sinconocimiento de la otra parte. De la misma manera la exigencia de interminablesrequisitos entre los que sobresalen la imposibilidad de afectar el interéspúblico o los servicios, bienes o recursos del Estado, vuelven casi imposibleencontrar un supuesto en el que la medida cautelar podría prosperar sin toparsecon estos presupuestos de cumplimiento negativo. Siempre habrá interés públicoo bienes, recursos o servicios del Estado afectados de una u otra forma por unamedida cautelar peticionada por un particular, impidiendo entonces suotorgamiento. Por si ello fuera poco, si el particular agotarasatisfactoriamente esta carrera de obstáculos, deberá lidiar con elestablecimiento de un exiguo plazo que nada tiene que ver con la realidad denuestros tribunales y procesos judiciales, imponiéndose un límite temporal deseis o tres meses, de acuerdo con la naturaleza del proceso, prorrogables porun plazo igual, previa sustanciación con el Estado. Este plazo es irrazonablepor donde se lo mire, toda vez que las medidas cautelares se dirigen apreservar una situación que de alterarse impediría la posterior intervenciónútil y eficaz de la sentencia que se dictara en el proceso principal.Tampoco es cierto que esto hará másrápidos los procesos, dado que no se modifican los verdaderos problemas queafectan la celeridad procesal y servirá solo para evitar el control judicial efectivoy oportuno contra la arbitrariedad e ilegitimidad del actuar estatal, privandoa los particulares de la única garantía que tienen frente a un Estado cuyosactos son, en principio y salvo intervención judicial, autoejecutorios, esdecir que pueden ser ejecutados de propia mano por la misma autoridad que losdecide.

Por si ya no existieran suficientesviolaciones a derechos fundamentales y humanos, la ley que reglamenta lasmedidas cautelares impone que el Estado podrá apelar las sentencias que lasotorguen, adjudicándole a este recurso el efecto suspensivo que se traduce enla suspensión de la sentencia que otorga la protección cautelar, hasta tanto sepronuncia la Cámarade Apelaciones. El efecto suspensivo de los recursos de apelación cuando setrata de medidas cautelares equivale a extinguir el reconocimiento de laprotección cautelar en un sistema procesal, por cuanto que se elimina así suúnica fundamentación que consiste en resguardar anticipadamente una situaciónque se lleva a juicio y que no permite demora en su atención, bajo pena de queel daño se cause de modo irreparable e irretornable. Igualmente reprochable esque se prive al Juez de la potestad de imponerle a los funcionarios que nocumplen las medidas cautelares las sanciones pecuniarias sobre su propiopatrimonio, tal como ahora podía hacerse en tributo a un elemental principiorepublicano que consiste en la responsabilidad de los funcionarios ymagistrados. Tampoco estamos de acuerdo con lainclusión de la potestad cautelar que se reconoce al Estado como actor de lasmismas, sin límites equivalentes a los que se imponen a los particulares y conriesgo cierto para el derecho de propiedad, el derecho de protesta (peticionara las autoridades) y el derecho de empresa.
C.- CAMARAS DE CASACION.-Por último nos manifestamos endisconformidad con la ya sancionada ley que crea las Cámaras de Casación y queno hace otra cosa que prolongar los ya de por sí largos procesos judiciales enel ámbito federal y nacional, sumando una instancia destinada a intermediarentre las Cámaras de Apelación, presentes en todo el País y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, recortando así sucalidad como máximo tribunal de garantías y último interprete interno de la Constitución Nacional.
Si la queja de los justiciables y denosotros los abogados se pronuncia en el sentido de la demora en la resoluciónde las causas y si el plazo razonable de los procesos judiciales constituyetambién un Derecho Humano integrado a la tutela judicial efectiva antesmencionada, no es razonable que se incorpore una instancia más que los justiciablesdeberán soportar en términos de tiempo de sus propias vidas y sufragar con sudinero, afrontando los gastos que implica transitar una nueva instancia queademás estará radicada solo en la Capital
Federal. No se amplían derechos ni se favorece a los sectoresmás vulnerables cuando se impone una nueva instancia de litigación concentradaen una sola ciudad del País, generándose contrariamente más desigualdad entrelos litigantes según sean sus recursos económicos y lugar de residencia, No se agota en este comunicado eltratamiento de las críticas o de los aspectos favorables que se puedanencontrar en estas reformas, pues hemos intentado poner el énfasis en los puntosque consideramos negativos y que nos preocupan como actores del sistema dejusticia.Para concluir entonces dentro de estalimitación que nos hemos impuesto, expresamos nuevamente la necesidad demantener intacta la división de poderes y su consecuente que es la garantía deindependencia del Poder Judicial, preservando al sistema de justicia de lasmayorías contingentes que se pronuncian mediante elecciones para conformar losórganos políticos que integran esta tríada de poder estatal, resaltando que losjueces de la Nacióntienen y encuentran su legitimación democrática, de igual rango, exigibilidad eimportancia que los restantes poderes, en el sometimiento diario y en lacustodia permanente de la supremacía de la ConstituciónNacional y el respeto por los Derechos Humanos.