Piden que la Comisión de Derechos Humanos evalúe la legalidad de la resolución que establece suplir a docentes que hagan paro
En horas de la mañana de hoy,16/04/2013, ingresó la Nota 4838/13 firmada por los diputadosCarlos Martínez(Libres del Sur-FAP), Elba Altamiranda (Bloque UCR-Alianza) yJorge Varisco (Bases y Principios) por la cual se dirigen a la Presidenta de laComisión Permanente Legislativa de Derechos Humanos, Profesora Mariel NancyGersel, a fin de solicitarle proceda ainiciar las actuaciones correspondientes a los fines examinar, investigar ydictaminar respecto a los alcances, congruencia y eventuales transgresiones dela Resolución 506/2013 dictada a fines de marzo por el Ministro de Educación,Sergio Soto con relación a la legislación de orden internacional, nacional yprovincial vigente.
El diputado Carlos Martínez, uno de los impulsores delinicio del pedido, señaló que "el dictado de esta resolución por parte de lasautoridades del área educativa del gobierno del contador Capitanich, y suinicial y más que problemática aplicación en los establecimientos escolares, hagenerado resistencias en una parte importante del sector docente , al tiempoque plantea severas dudas respecto a sueficacia práctica como instrumentocomponedor del conflicto educativo asícomo serios y fundados interrogantes de que sea esa la medida discrecional degobierno óptima y adecuada desde el punto de vista legal yconstitucional".
Finalmente, agregó que "los legisladores no debemos serespectadores pasivos de las normas que hemos sancionado desde esta legislaturay estamos obligados a controlar su real cumplimiento; de igual forma estamosllamados a evaluar la adecuación normativa de la legislación reglamentaria quese dicte desde el Ejecutivo y sus organismoscon el derecho internacional de los derechos humanos, en particular, loreferente a normativa laboral vigente. Estamos de esta forma cumpliendo cabalmentenuestro rol, como integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, de garantizarla protección no solo de los derechoshumanos civiles y políticos sino también los derechos sociales, económicos,culturales y de incidencia colectiva, tal como lo establece la ley provincial2971 y el artículo 67 de la Resolución828/2001 de la Legislatura Provincial".