Viernes, 13 Septiembre, 2019 - 16:49

Vargas y Charole reconocieron al Equipo Argentino de Antropología Forense

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Las legisladoras María Elena Vargas y Andrea Charole reconocieron al al Equipo Argentino de Antropología Forense “por su contribución a la reconstrucción y ejercicio de la memoria histórica de nuestra provincia”
 
Además destacaron “la encomiable labor de los investigadores que contribuyeron a que la Masacre de Napalpí sea una causa llevada a la justicia como crimen de lesa humanidad”,
“La masacre de Napalpí es una de las mayores masacres argentinas del siglo pasado, sucedió el 19 de julio de 1924, en el marco de un proceso social genocida ante la acción de resistencia”, señaló Vargas.
 
En ese marco agregó: “el silencio institucional sobre la masacre impulsó la iniciativa de recuperar la historia, rescatar del olvido y rendir tributo a las víctimas de aquellos cruentos hechos”.
 
“La revisión de archivos dispersos en diferentes reservorios, de entrevistas realizadas en la zona y de un trabajo de reconstrucción de la memoria colectiva junto a la comunidad, tuvo como resultado arribar a la conclusión de que Napalpí  no fue una matanza aislada, sino una práctica recurrente del poder político y los terratenientes”, destacó.
 
Así, sostuvo que fueron llevados adelante “con la mano de obra policial o militar, para privar a los pobladores de sus tierras, modificarles su forma de vida e introducirlos por la fuerza al sistema de producción”.
 
El contexto jurídico en el que se insertan las demandas por la reparación y la memoria de las víctimas de la masacre de Napalpí se inicia en 2004, cuando un estudio de abogados inició una demanda civil. 
 
Por ello los fiscales federales Carlos Ammad, Patricio Sabadini, Diego Jesús Vigay y Federico Carniel iniciaron una investigación preliminar para investigar las masacres de Napalpí y de El Zapallar, que tuvieron como víctimas a integrantes de comunidades originarias, hacheros y campesinos en 1924 y 1933, respectivamente, bajo la presunción que aquellos hechos “podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que el Estado nacional tendría la obligación ineludible de juzgarlos en función de los compromisos ante la comunidad internacional”, concluyó.