Miércoles, 18 Diciembre, 2019 - 20:04

Usurpaciones y desalojos, moneda corriente en toda la provincia durante el 2019

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El 2019, signado por un gran despliegue electoral y proselitista, fue un año de convulsiones para la provincia y en eso tuvieron que ver las decenas de usurpaciones de terrenos públicos y privados en diferentes localidades.

Resistencia fue la más afectada por las tomas de tierra, al menos cuatro o cinco casos se registraron a lo largo del año y el más significativo sucedió en el expredio del Ejército entre septiembre y noviembre.

Sin embargo, no fue la excepción, Sáenz Peña, Castelli, San Martín, y otras ciudades del Gran Resistencia también fueron escenarios de tensión por usurpaciones de terrenos.

EL EXPREDIO DEL EJÉRCITO

Fue a mediados de septiembre que un grupo de un poco más de 50 personas se instaló en el predio ubicado entre las avenidas Arribalzaga, España y Castelli. Con el paso de los días, se fueron sumando familias.

No sólo se apostaron en el lugar, sino que realizaron la marcación de espacios para viviendas y levantaron instalaciones precarias con lonas, chapas y maderas, entre otros elementos. Un mes y medio después, sumaban más de 400 las familias instaladas en el terreno y la Justicia intervenía para dar lugar al desalojo.

Previo a esto, a inicios de octubre, la cuestión se judicializó. Fue la Agencia de Administración de Bienes de Estado nacional que inició acciones judiciales contra las personas que usurparon y la justicia ordenó por primera vez un desalojo de ese predio.

No obstante, el operativo no se concretó ante la intervención del Comité de Prevención de la Tortura del Chaco que recomendó al Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, interviniente en la causa, que suspenda la orden de desalojo; pedido al que dio lugar finalmente el juez federal subrogante Enrique Bosch. 

Tras desactivar el desalojo, la causa ingresó en un proceso de negociación. La magistrada federal Zunilda Niremperger convocó a la ministra de Desarrollo Social de Chaco, Silvana Tayara en ese momento, en representación de la provincia, y al delegado de la Agencia de Administración de Bienes del Estado como parte de Nación, pero a la audiencia solo compareció Tayara.

Allí se solicitó pasar a un cuarto intermedio para efectuar un censo de las familias que verdaderamente tienen problemas habitacionales, un proceso de “depuración”. Además, se abrió un proceso de negociación con los delegados de los grupos que usurparon los terrenos.

Así se logró un acuerdo con 15 de los 16 delegados, quienes finalmente días después se retiraron voluntariamente del lugar, previo a la realización del acordado censo que encabezaron los organismos estatales junto a las fuerzas de seguridad.  

El arreglo, que supuso la prioridad de que las familias que se retiran del lugar público serán tenidas en cuenta cuando se urbanice el espacio, no fue con la totalidad de los delegados y Niremperger finalmente ordenó el desalojo.

El operativo se realizó temprano el 4 de noviembre con la participación de al menos 600 efectivos de todas las áreas de la Policía de Chaco. Momentos de tensión se vivieron durante esa mañana hasta que se desalojó al grupo de entre 40 y 60 personas que se negó a retirarse voluntariamente del predio y que en esa jornada esperó a la policía con barricadas, palos y piedras. No hubo heridos ni detenidos, el operativo culminó con buenos resultados y la maquinaria avanzó sobre las instalaciones precarias que habían levantado las familias.

Horas después continuaba la limpieza y las acciones preventivas de la Gendarmería Nacional. Sin embargo, al día siguiente otro grupo de personas intentó usurpar las mismas tierras. Esta vez, la situación fue más hostil. El operativo, desplegado por la policía para impedir que se instalen nuevamente, terminó con enfrentamientos entre los uniformados y los usurpadores y con 12 detenidos.

Semanas después, se registró un nuevo intento de toma pero la guardia preventiva de la Gendarmería logró frenarlo y, si bien trascendieron en redes sociales convocatorias del mismo tenor, al cierre del año no se produjeron nuevos casos ni en ese amplio terreno perteneciente al Estado nacional ni en otro del Gran Resistencia.

EN EL INTERIOR

Casi en simultáneo con el primer desalojo en el predio de Resistencia, en la segunda ciudad de la provincia también se vivían situaciones similares.

Durante los primeros días de noviembre, unas 30 familias usurparon terrenos ubicados en el predio del ferrocarril, en la zona de los barrios Hipólito Yrigoyen y San Martín, propiedad también de la Administración de Bienes del Estado (AABE) y cedidos al ferrocarril.

El desalojo se postergó ante las negociaciones entre la justicia federal, la Gendarmería, la Policía Federal, autoridades de la Policía de la Provincia, del Municipio de Sáenz Peña y el abogado del Belgrano Cargas.

Finalmente, los últimos días de noviembre un importante número de agentes de la fuerzas federales y de la Policía de la provincia dieron cumplimiento a la orden de desalojo emitida por el juez federal de Sáenz Peña, Miguel Aranda.

El operativo recorrió desde sector detrás de la Ferichaco hasta la calle 51. Solo quedaban unas pocas familias, las que al momento del desalojo estaban presentes pero fueron retirando sus pocas pertenencias y abandonaron el lugar.

En Castelli, a principios de diciembre, la Justicia ordenó suspender un desalojo en el barrio 25 Viviendas de Castelli, usurpado por varias familias desde 2015.

Tal como sucedió con los desalojos en Resistencia, antes de efectuarse el operativo, el Comité de Prevención de la Tortura realizó un pedido para evitar la desocupación y la Fiscalía de Investigación N° 2 de Castelli, a cargo de Hugo Obregón, resolvió “suspender la medida... por el término de 15 días”, informar al Comité, a la Procuración General y Adjunta para que “arbitren las medidas necesarias”, y llamó a que junto al Municipio de Castelli, la Provincia y el Instituto de Vivienda “resuelvan el estado de urgencia” de la usurpación.

Las viviendas se encuentran tomadas desde el año 2015 y pertenecen al plan “Techo Digno”. Fuentes cercanas informaron que hasta la fecha los empresarios no han recibido la totalidad del pago, debido a que hay gente usurpando.

En San Martín, durante la primera semana de noviembre, alrededor de 30 familias llegaron al terreno ubicado sobre la calle Dónovan, lo limpiaron y se asentaron allí. Casi una semana después, las fuerzas de seguridad realizaron un allanamiento y desalojaron el lugar. 

 

El operativo terminó con seis personas detenidas por la causa de “Supuesta Usurpación”.

Otros casos se dieron a lo largo del año, en el barrio legislativo, en un terreno aledaño al polideportivo de Fontana; un nuevo predio en avenida Edison y calle 26; otro sobre la calle Tránsito Cocomarola; y en las tierras aledañas a los tanques de YPF en Barranqueras.