Sábado, 28 Diciembre, 2013 - 20:06

Triste final para el año del tobogan kirchnerista: la gente quiere luz y el gobierno explica lo inexplicable
Por Hugo E. Grimaldi

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Los antikirchneristas más furiosos creen por estos días que sólo una misteriosa inercia es la que provoca que hoy parezca que hay un gobierno formal en la Argentina. Ni siquiera dicen que el barco cortó motor y está al garete, sino que suponen que existe alguna fuerza que está llevando la nave de modo consciente hacia el mar de los Sargazos, una suerte de agujero negro predecesor del triángulo de las Bermudas, para que se lo trague junto a sus tripulantes.
 
En tanto, desde el kirchnerismo más ultra se agita el fantasma de otro tipo de complot, el de quererle hacer pagar ahora al gobierno de Cristina Fernández, como tantas otras cosas, los costos políticos de los cortes de luz, sólo para desgastarlo cada vez más y removerlo si fuere menester. En su justificación, suelen manifestar que se trata de la venganza de los sectores concentrados porque la "década ganada" les anuló sus ventajas.
 
Entre tanta confabulación, ejercicio de esgrima verbal que le quita el sueño a los extremistas de ambos lados y que sólo es una pérdida de tiempo, la más sencilla verdad es que mucha gente de toda condición social está sufriendo un terrorífico fin de año en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, porque ni el calor extremo ni la falta de luz y agua eligen a los ciudadanos por sus preferencias políticas. 
 
Lo cierto es que en medio del agobio climático, de los odiosos cortes de electricidad y de las protestas de la impotencia que se multiplican día tras día, todas convulsiones que comenzaron con los reclamos de las policías provinciales y sus secuelas de saqueos, existen en la Argentina de este fin de año que para muchos va a ser otro lamentable recuerdo, varias situaciones de extrema gravedad a las que convendría prestarles mucha atención.
 
La primera de ellas es totalmente externa, parece ser la más peligrosa y de consecuencias imprevisibles: la alteración de la paz social, cuya responsabilidad primaria está, aunque no le guste, en cabeza del gobierno nacional. Quién se va a hacer cargo efectivo y de qué manera de contener las chispas que pueden llegar a saltar a partir de la indiferencia y la subestimación que sufre tanta gente es la gran duda del creciente desmadre que se observa en las calles.
 
Las otras dos cuestiones, hacen a la sicología de masas, como son la sensación de abandono y la de estar siendo protagonistas de un nuevo fracaso de todos.
 
Justamente, esa percepción tan argentina y paternalista de haber sido dejados a la buena de Dios por la dirigencia a la que se eligió como salvadora es algo que viene de largo, a través de un proceso que probablemente se haya comenzado a gestar el día en que, como los adictos, el Gobierno creyó que un poco de inflación era tolerable y que se podía manejar. Luego, como ocurre siempre que se recae, tras el elixir del momento, las consecuencias son cada vez peores y el tobogán económico se torna imparable.
 
Hoy, ya se han comenzado a pagar los costos de tanto desbarajuste fiscal, monetario y cambiario y si no se le quiere colgar aún el mote de ajuste, ello va por cuenta de quienes han diseñado la aceleración devaluatoria o el tarifazo del transporte público en la zona Metropolitana para recuperar subsidios por 3 mil millones de pesos anuales.
 
A las trompadas, la Argentina ha entrado en un proceso de reacomodamiento de variables, parido sin un plan integral ni mucho menos metas que lo hagan creíble. Como algo poco serio para empezar con esta estrategia, a la inflación se la pretende controlar con un acuerdo de precios avisado con antelación, que aún no tiene productos… ni precios.
 
El flagelo inflacionario, al que se le pueden sumar errores ideológicos y de gestión y desvíos de fondos inexplicables, muchos de los cuales se acumulan en millonarias denuncias de corrupción, fue llevando desde 2007 para acá al deterioro cada vez más doloroso de las capas sociales más vulnerables, situación que el Observatorio de la Deuda Social de la UCA acaba de reflejar de modo descarnado.
 
De todo lo descripto, hay algunas pautas objetivas del otro tobogán, el político, que convendría subrayar. En primer término, que el Gobierno aún no se ha repuesto de las dos palizas electorales del año, ya que deambula groggy por el ring y, aunque de vez en cuando se cuelga de las cuerdas, no logra recuperar todavía ciento por ciento la vertical.
En tanto, quienes ganaron en octubre dicen que, para ayudar a la institucionalidad, ahora no es momento de pegar más y que, por eso, se han retirado de la pelea, pero esta actitud marca también cierta irresponsabilidad que deja para la especulación la falta de alternativas, incluido el apuntalamiento del sistema que deberían proveer las fuerzas opositoras.
 
En segundo lugar, está más que claro que al Gobierno no le ha hecho nada bien que la presidenta de la Nación se muestre ausente y en la última semana hasta ajena a la propia celebración de la Navidad. Cristina Fernández seguramente teme que en estos tiempos de agitación su palabra termine en un cacerolazo, al estilo de aquel discurso de Fernando de la Rúa que unos días después lo desalojó del poder. Pero, cuánto peor parece haber sido el ostracismo que ha elegido la Presidenta, sobre todo para el ánimo de los kirchneristas de a pie.
 
Es verdad que su intervención autoreferencial con el pingüino y el perro chavista y sobre todo la noche del baile en la Plaza de Mayo con un país plagado de muertos y en medio de las dificultades económicas y sociales que se están viviendo no fueron muy edificantes, pero haberse tomado el trabajo en medio del desbarajuste de desmentir hace tres días una versión política tan lejana como una eventual candidatura en 2015 la volvió a mostrar ajena a las necesidades reales de la gente.
 
Un tercer apunte de la realidad hace a la polémica sobre la responsabilidad de los cortes de luz. El Gobierno dice que es de las distribuidoras eléctricas y las manda a castigar por sus voceros, mientras que Edenor y Edesur se callan la boca, aunque se sabe que sostienen que la política tarifaria es la que las llevó a esta situación. Hay también en el medio, situaciones que muestran la desorientación de los funcionarios, más preocupados porque decir que las compañías no atienden los teléfonos y que las van a multar, que por encontrarle una solución al problema.
 
Hay otras cosas que son patéticas, como que los ministros Jorge Capitanich y Julio De Vido hayan amenazado varias veces con quitarles la concesión a ambas empresas, algo que les jugaría en su propia contra ya que, entonces, no tendrían a quien culpar, ni excusas para arreglar algo que ellos saben que es inarreglable en el corto plazo.
También es muy poco alentador que el ministro de Planificación intente a cada rato vender gato por liebre y decir que el sistema trabaja "normalmente" refiriéndose a la generación y al transporte de energía, cuando la luz no llega a las casas. Y también habría que ver, si no hubiese cortes, hasta cuánto ascendería la demanda y si el parque de usinas que realmente funciona es capaz de abastecerla.
 
Pero, tampoco es verdad que el gobierno nacional no tiene nada que ver con el servicio, ya que, además de ser el concedente, dispone de veedurías y de directores (vía ANSeS, el Estado es dueño de 26,8% de Edenor) y debería ejercer el control de las empresas en todos sus movimientos, tal como lo manda el Marco Regulatorio del sector, a través del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE).
 
No obstante, como el organismo está cruzado por la política, suele hacer la vista gorda ante las órdenes de Planificación. El ENRE tiene hoy en funciones sólo a tres de los cinco directores que marca la Ley, mientras que ninguno de ellos fue nombrado a través de concursos que garanticen su idoneidad. En este sentido, el especialista en temas energéticos, Mauricio Roitman opina que la vigencia de la Ley de Emergencia Económica le permite al Gobierno continuar "renegociando" los términos contractuales y tarifarios de los contratos con las distribuidoras "en un acuerdo ad hoc" y señala que eso "pone en duda la aplicación del marco regulatorio, mientras esa incertidumbre contractual esté vigente".
 
En materia de sanciones, el experto añade que "como las empresas tenían patrimonios netos y resultados negativos y fueron compensadas parcialmente con subsidios, sería un contrasentido multarlas para que deban pedir más subsidios para la operación o para el pago de las multas".
 
Más allá de todas estas elucubraciones sobre penalidades, hay detalles técnicos sobre los que vale la pena reparar. En general, la gente cree que la perversidad de las empresas es la que "corta" la luz, cuando la realidad indica que nadie "baja la palanca", sino que "salta la térmica".
 
Roitman lo explica de modo bien sencillo y lo despoja de condimentos políticos, aunque bien podrían servir sus argumentos para pedirle solidaridad a quienes no tienen cortes o para justificar que se apaguen carteles, vidrieras o la iluminación ornamental de edificios públicos: "al incrementarse la temperatura y por ende la demanda, se supera la capacidad térmica de las líneas y de la potencia instalada de los transformadores, principalmente en los barrios con instalaciones más antiguas de CABA y GBA. En términos hogareños, el problema es análogo a cuando se enchufa en una sola zapatilla más y más artefactos eléctricos. Llega un punto donde, o bien se agranda la sección del cable de aquella, o nos arriesgamos a que el calor destruya ese conductor", agrega.
 
A partir de este punto, se llega a la cuestión tarifaria y otra vez a la responsabilidad indelegable del Estado. Si esos cables no se cambiaron porque la tarifa no alcanzaba, adónde fueron a parar los subsidios destinados a compensarla. Y si se desviaron, ¿dónde estaba el ENRE y el gobierno nacional para denunciarlo? Allí, es donde el ministro De Vido suele derrapar cuando culpa a las empresas, a la hora de seguir a rajatabla la tradición kirchnerista de no mostrar flaquezas, ni aún en los errores de diseño de casi todas las áreas a su cargo, que han sido muchos, en trenes, rutas, puertos, telefonía celular, gas y petróleo.
 
Ante este panorama, alguna vez alguien deberá hacerle al Gobierno una pregunta de fondo: ¿cuál fue el motivo real por el que se incentivó que, durante diez años, las tarifas eléctricas y las de transporte público en el Área Metropolitana que hoy se han comenzado a ajustar de modo violento fuesen varias veces inferiores a las del resto de la Argentina? Como si cordobeses, marplatenses o tucumanos viviesen en otro país.
 
 
 
Fuente: 
Agencia DyN