Martes, 17 Septiembre, 2019 - 16:33

Tormenta perfecta
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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A juzgar por cómo suceden los acontecimientos, se cierne una tormenta perfecta sobre Argentina. Si son ciertos los vaticinios de las encuestas difundidas recientemente, Alberto Fernández obtendría el cincuenta y cinco por ciento de los votos en primera vuelta, guarismo que le asignaría al Justicialismo mayoría absoluta en Cámara de Diputados, además de la que actualmente ostenta en el senado.
 
Atribuir la suma del poder público a un Partido que ha evidenciado a través de décadas tendencias autoritarias podría significar un suicidio político. Subido al carro de la victoria luego de las PASO, Alberto Fernández está convencido, por lo menos es la sensación que trasuntan sus declaraciones, que es poco menos que un emperador romano. Viaja al exterior en representación del país (por más se alegue se trató de una visita privada); señala cuál es el valor adecuado del dólar; se trenza en disputas con mandatarios extranjeros como si estuviera en ejercicio de la Presidencia; adelanta al FMI qué imposiciones del organismo aceptará y cuáles rechazará; con la complicidad del partido “Podemos” preside una sesión en dependencias del parlamento español, farsa que fue exaltada y acogida con simpatía por el periodismo cómplice del país; y aunque suene ridículo, leo en un diario digital que la novia de Alberto realiza actividades sociales proselitistas en el conurbano bonaerense, etc. 
 
Lo grave es que todos estos hechos son bendecidos y ponderados positivamente por los medios masivos de comunicación del país. Si se repara en que simplemente ganó una encuesta electoral, esta suerte de usurpación de título es a todas luces inapropiada, pues se está cuestionando la autoridad del mandatario que ejerce el poder hasta el traspaso del mando, simple cuestión de respeto y prurito institucionales.
 
La consigna de la hora es demonizar el gobierno de Macri, deporte en el que están empeñados, pareciera, todos los medios del país. El propósito no es sino llevar al público la creencia de que todos los males que padecemos son producto de este gobierno y olvide quiénes, en realidad, gobernaron el país en las últimas tres décadas. 
 
Pero el ataque al gobierno en funciones no proviene solamente de los medios; también de otros factores de poder, como la Iglesia Católica. Antes de visitar Mauricio Macri Salta, a propósito de la celebración de la “Fiesta del Milagro”, hubo un presbítero cercano al obispo de esa ciudad que consideró que la invitación al presidente se trataba de "una provocación" y había sugerido que Macri los dejara tranquilos y se dedicara a "resolver los graves problemas en que nos embarcó". 
 
Además de constituir una ofensa cercana al delito de desacato, no recuerdo antecedente en que un prelado tuviese un exabrupto similar respecto de un presidente justicialista. Luego, el arzobispo de Salta, ni lerdo ni perezoso, aconsejó al Presidente: “Mauricio has hablado de la pobreza, llévate el rostro de los pobres. Son dignos, son argentinos y son respetuosos; merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos”. Estos dignatarios de la Iglesia Católica, tan altaneros y vehementes frente al ahora Presidente, dando lecciones de caridad hacia los pobres, son los mismos que frente a los integrantes de la junta militar del Proceso jamás levantaron la voz para denunciar las violaciones de los derechos humanos y en una muestra de cinismo extremo ven pobres solamente durante gobiernos distintos del justicialismo. Ceguera selectiva, parcialidad política, aprovechamiento de la coyuntura, militancia, cóctel puesto al servicio de la maquinaria peronista y la “filosofía de los pobres”.
 
También aporta su empujoncito hacia el abismo la justicia federal, que comenzó a liberar presos por corrupción del gobierno kirchnerista, Cristóbal López y Fabián De Sousa verbigracia. La corporación judicial se apresta a congraciarse con el futuro gobierno dando marcha atrás con las causas “sensibles” para Cristina y sus acólitos. No quieren problemas frente a un gobierno que “saben” no será respetuoso de las instituciones ni querrá gobernar con una justicia adversa (gran sentido de la oportunidad). Ya Alberto amenazó con revisar la actuación de los jueces que decretaron prisiones preventivas con privación de libertad y los jueces, por experiencia, son conscientes que el justicialismo no bromea.
 
Capítulo aparte, el sindicalismo, que se dedicó a hostilizar al gobierno de Macri desde que asumió, con huelgas, piquetes, declaraciones de confrontación y desestabilizadoras. Sin embargo, la agitación gremial se morigeró en las últimas semanas porque, según dichos de Moyano, Alberto Fernández está negociando un “pacto social” con los gobernadores. La alianza sindical peronista funciona en forma aceitada, los compañeros se preparan para una “Pax Kirchnerista” porque hay que dar una mano al eventual gobierno de Alberto y que nadie quede fuera de la fiesta. Estos sindicalistas son los que condenan cualquier norma jurídica sancionada por alguna dictadura militar, pero que sostienen a capa y espada la ley 18.610 de 1970, dictada durante el gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, negociada con los sindicatos peronistas y a expensas de la cual se otorga a los gremios el manejo de las obras sociales, fuente de dinero inagotable y fundamento de su hipertrofiado poder.
 
Es posible que las mayorías peronistas en Diputados y Senadores se acerquen a los dos tercios, lo que habilitaría al justicialismo a sancionar una ley que declare la necesidad de la reforma de la Constitución. Si eso ocurre, no hay que ser muy perspicaz para vislumbrar que la nueva constitución será de corte bolivariano o cubano.
 
Mayorías parlamentarias, justicia adicta, sindicalismo obsecuente, periodismo irresponsable, Iglesia Católica adepta, gobiernos provinciales del palo, una historia de terror que nos lleva al borde del abismo.
 
(*) Abogado
Presidencia Roque Sáenz Peña