Miércoles, 5 Febrero, 2020 - 21:08

El Gobierno provincial ratifica que la tarjeta alimentar garantiza derechos sociales para todos

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El programa nacional contempla los derechos de las personas privadas de su libertad. Se trata de 20 mujeres con niños de hasta seis años que recibieron la tarjeta y representan un 0,03% del padrón total de beneficiarios.
 
El Gobierno provincial, desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, continúa con la entrega de las tarjetas alimentarias a personas privadas de su libertad, en el marco del plan nacional Argentina contra el Hambre.
 
Durante los operativos de entrega de tarjetas, se detectaron titulares del beneficio que cumplen con los requisitos de ANSES pero que por algún motivo - enfermedades o privación de la libertad - no pudieron retirar sus plásticos. 
 
“Son 20, y son mujeres las que se encuentran en esta situación, todas madres de niños de hasta seis años, de un total de 66.499 beneficiarios en toda la provincia. Ellas ya cuentan con las tarjetas, gestionadas desde el Centro de Liberados”, detalló la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez. 
 
En detalle, son 15 madres con prisión domiciliaria más 4 casos de mujeres alojadas en establecimientos carcelarios bajo la órbita de la Jefatura Policial de la Provincia del Chaco y del Servicio Penitenciario Provincial, al que se suma un caso de otra mujer con imposibilidad por enfermedad grave. 
 
En relación al padrón total de beneficiarios, que asciende a 66.499 en toda la provincia, las personas privadas de su libertad que recibieron las tarjetas representan un 0,03% del total. Paralelamente, se trabaja en un protocolo de actuación interinstitucional que garantizará que el beneficio llegue a los niños y niñas de estas personas, con autorización judicial del fuero federal o provincial, según corresponda.
 
En ese contexto, la seguridad alimentaria es un derecho del que la población destinataria del plan nacional debe gozar libremente, teniendo en cuenta que la resolución nacional del programa incluye a las personas privadas de su libertad. Se trata de una decisión del gobierno nacional que está siendo ejecutada y garantizada por el gobierno provincial acompañado por diversas organizaciones de control como el Comité Provincial de Prevención de la Tortura.
 
Paralelamente, desde la Secretaría destacaron la “importancia de garantizar la autonomía en el acceso a la tarjeta como así también en la compra. Las mujeres privadas de su libertad deben poder ejercer su derecho al acceso al plástico y a la compra libre garantizado por la seguridad con los traslados y las custodias policiales correspondientes y con la garantía de que la compra sea coordinada con los comercios cercanos a los lugares de detención en el caso de mujeres que estén en instituciones de detención y en comercios aledaños a las casas en los casos de las mujeres que estén privadas de su libertad en sus domicilios”.