Lunes, 16 Septiembre, 2019 - 19:17

“Situación catastrófica”: el 95 por ciento de las clínicas del país piden intervención del gobierno para no quebrar

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Cámaras y asociaciones que nuclean al 95 por ciento de la clínicas, sanatorios y hospitales privados de la Argentina ya adelantaron a la Secretaría de Trabajo que si la situación no se revierte habrá “masivas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis” en los próximos días. En el caso de Chaco, a la última devaluación se suma el conflicto con Pami.
 
La inminencia de suspensiones y despidos, además del impacto en la prestación del servicio de salud que alcanzó a los hospitales públicos, mantiene en alerta a los trabajadores nucleados en Fatsa. En Chaco, la localidad de Villa Ángela fue una de las más afectadas dado que las tres clínicas de la ciudad pertenecen a la red prestacional Aclysa, con la que el Pami dio de baja el convenio para atender a los abuelos de la zona. Ahora los jubilados deben trasladarse unos 100 kilómetros hasta Roque Sáenz Peña, pero sin garantías de que serán atendidos.
 
El gobierno provincial se mantiene al margen del conflicto a pesar de que las autoridades del hospital 4 de Junio de la ciudad termal manifestaron no poder contener el flujo de pacientes en situación de internación. A nivel nacional, sin embargo, las cámaras del sector ya tomaron contacto con funcionarios de la Secretaría de Trabajo pidiendo la intervención del Estado para evitar cierre de establecimientos y despidos. 
 
Según publicó este lunes el diario Página|12, la nota presentada la semana pasada señala que “el sector médico prestador, que venía con una situación muy golpeada por la crisis de 2018” con la última devaluación recibió “un virtual tiro de gracia”, y “las cuentas entre los prestadores médicos están totalmente desestructuradas con tendencia muy negativa”. 
 
En declaraciones al programa radial Abrir el juego, de Radio Cooperativa, Jorge Cherro, presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Argentina (Adecra), calificó la situación de “catastrófica”. Recordó las deudas millonarias de las prepagas, las obras sociales nacionales y provinciales y el Pami, –que en el caso de Chaco alcanza un monto cercano a los $900 millones– y pidió que se pongan al día con sanatorios, centros de diagnósticos, laboratorios, instituciones de salud mental y geriátricos. 
 
“Aquí no se puede hacer el desentendido nadie”, dijo. “A esta situación catastrófica nos trajo el Gobierno, que es el que debe adoptar las medidas para sacarnos con medidas urgentes, contundentes y creativas”. Cherro insistió en la responsabilidad del macrismo y advirtió que de no mediar soluciones, habrá “masivas presentaciones de procedimientos preventivos de crisis con las consecuencias que ello conlleva: suspensiones, despidos de personal, cierre de establecimientos y peligro de deterioro de la calidad de la prestación”.
 
También criticó que la obras sociales y la prepagas decidan “unilateralmente cuáles serán los ajustes de precios” pese a que los prestadores privados tienen una inflación de costos que es siempre superior a la inflación general. En el pedido solicitaron “promover la activa participación” de “prestadores, el Estado y la representación gremial” para “encontrar alternativas de solución a la grave problemática económica planteada en la salud”.
 
COSTOS
 
Aproximadamente el 74 por ciento de los costos de las clínicas y sanatorios de todo el país van a parar al pago de salarios del personal, que es altamente calificado. Si a esto se suman los costos de insumos biométricos, que se dispararon tras la devaluación posterior a las Paso del 11 de agosto, el escenario se agrava. Para colmo, los proveedores retienen la mercadería porque carecen de precios de referencia”. 
 
Charro aseguró que de seguir por este camino que ya afecta a miles de afiliados a obras sociales de todo el país, “el colapso del sector privado llevará al colapso de la atención de la salud en general, ya que el sector público no estará en condiciones de resolver la demanda que quedaría insatisfecha por el sector privado”. En Chaco ese pronóstico ya se está cumpliendo en distintas localidades del interior provincial. 
 
Según el dirigente, se elevaron distintas propuestas para mejorar la situación fiscal de las empresas, pero cuando esos planteos “llegan al Ministerio de Hacienda, rebotan porque tocamos el órgano más sensible que tiene el Estado, que es la recaudación”.
 
Las cámaras y entidades que presentaron el escrito ante Trabajo son Adecra, Cedim (Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio), Copsal (de Entidades Prestadoras de Salud), Confeclisa (de Clínicas, Sanatorios y Hospitales privados), Cadime (de Instituciones de Diagnóstico Médico), Cacep (de Clínicas y Establecimientos Psiquiátricos) y AAEG (Asociación de Establecimientos Geriátricos).
 
La semana pasada, durante el congreso de la Asociación Civil de Actividades Médicas (ACAMI) que tuvo lugar en Rosario con empresarios del sector, el co-titular de la CGT Héctor Daer y funcionarios nacionales, entre ellos el director del PAMI, Sergio Cassinotti, y el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, se planteó una vez más el problema. Incluso el secretario de Salud reconoció que “el 70 por ciento de las obras sociales son inviables”, pero nadie habló de medidas para revertir el colapso inminente.