Martes, 17 Julio, 2018 - 21:08

Seguros de vida de empleados públicos, una estafa que lleva más de 20 años
Por Esteban Branco Capitanich

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Cuando Ángel Rozas asumió la gobernación del Chaco en 1995 la provincia tenía contratados los seguros de vida con la Caja de Ahorro de Tucumán. Pero como para la campaña, la aseguradora negó recursos para propaganda, el primer decreto que suscribió Rozas fue dejar sin efecto el contrato con la aseguradora. Y el segundo, disponer la puesta en marcha de su primer ilegalidad como fue armar un fondo con los importes que se retenían a los empleados públicos y "administrarlos"

Legalmente eso no se puede hacer. El concepto "seguro de vida" que figura en los recibos de haberes de los empleados públicos no puede tener otro destino que una empresa aseguradora habilitada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Conste que el INSSSEP tiene solo en su nombre la palabra "Seguros" pero nada más. Ninguna autorización para operar como aseguradora. Podría haber adquirido ese rol de dos maneras: Gestionando ante la Superintendencia la autorización, que no es nada sencillo por los requisitos exigidos, o comprar una aseguradora operable para incorporarla como empresa provincial.

Poner esas retenciones que se realizan a los trabajadores en una cuenta, caja o bolsa y de ahí sacar para pagar siniestros es ilegal.

En primer lugar, no tiene ningún tipo de sustento ni legal ni administrativo porque no está dentro de las normativas de las aseguradoras.

Y a la vista están los resultados.

Cuando operaba la Caja de Ahorro de Tucumán, los pagos de los siniestros se materializaban a los 30 días de completada la documentación, como marca la ley.

¿Por qué dentro de los 30 días? Porque se supone que la desaparición de una persona que aporta con su salario al mantenimiento de una familia deja un vacío no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Y porque además no hay razones para mayores demoras ya que probado el vínculo que indica quién es el beneficiario, no existe otra cuestión a resolver.

Decía Angel Rozas para justificar la rescisión del contrato con la Caja de Ahorro de Tucumán que la aseguradora se quedaba con una utilidad que superaba decenas de millones mensuales.

En una relación comercial, es normal que haya una utilidad para el prestador de servicios, es lícito. Luego se verá si esa utilidad no excede lo razonable, que en el caso de los seguros de vida es muy fácil de precisar, ya que el cálculo de siniestralidad es muy simple contrastando con el universo de asegurados y sus edades. Matemáticamente puede demostrarse con facilidad cuantos siniestros se producirán mensual o anualmente.

Pero vayamos al punto del argumento de Rozas sobre la cantidad que embolsaba a modo de utilidad la Caja de Ahorro de Tucumán.

¿Alguien preguntó o hizo el cálculo de cuanta plata debía haber en esas "bolsa" como sobrante ya que ahora nadie se llevaba esa utilidad?

Casi nadie. Solo Esteban Branco Capitanich hizo público un cálculo y pidió se diga que se hacía con esa plata. Por supuesto, la respuesta fue el más cerrado silencio. De eso no se habla.

Por otro lado, con ese sobrante y todo, las indemnizaciones comenzaron a dilatarse en el tiempo de manera grosera sin respetar el espíritu de lo que es un seguro de vida,

Se pagaron en la mayoría de los casos a más de dos años del fallecimiento y en tiempos de los "quebrachos", un 40% en esa moneda que la especulación, en el mismo gobierno la pagaba un 50%.

Y todo sigue igual.

Lamentablemente nosotros, los peronistas, ya estamos transcurriendo el tercer período de gobierno y no modificamos esta irregularidad. Bueno sería que terminemos con este atropello al bolsillo (porque las tasas de descuento son exageradísimas) sino que pongamos dentro de la ley un servicio tan importante que hoy sigue siendo un botín de vaya a saber quiénes.

Llamar a licitación va a permitir mejorar las prestaciones y bajar los descuentos, de esto no hay ninguna duda.

Y terminar con la irregularidad que el estado actúe como empresa aseguradora sin serlo, lo que constituye un pésimo ejemplo de respeto a las leyes y los derechos de los trabajadores, implicando responsabilidades civiles y penales para quienes mantienen esta grosera irregularidad.