Martes, 14 Mayo, 2019 - 20:08

Según Amnistía, en Venezuela hay "violación masiva" y "sistemática" de derechos humanos

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La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) denunció hoy que el gobierno chavista de Venezuela aplicó, “de forma sistemática y generalizada desde al menos 2017”, una política de “ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias y muertes y lesiones por uso excesivo de la fuerza”.
 
Esa afirmación figura en el informe “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, que se presentó hoy y reseña los hechos ocurridos en el país caribeño a fines de enero.
 
“En Venezuela hay una política sistemática de represión en contra de personas opositoras o quienes son percibidas como tales simplemente por el hecho de protestar”, afirmó la directora para las Américas de AI, Erika Guevara Rosas.
 
Por ese motivo, “el gobierno de Nicolás Maduro tendrá que rendir cuentas ante la justicia internacional”, agregó la dirigente al presentar el trabajo a través de redes sociales y correo electrónico.
 
El documento sostiene que Venezuela enfrenta desde hace años una “profunda crisis de derechos humanos” debido a la “violación masiva de derechos civiles, políticos, económicos y sociales”.
 
Esa situación se manifestó “en la escasez y falta de acceso a alimentos y medicinas, el deterioro de los servicios de salud, así como en la violencia y la represión política del Estado”, todo lo cual “ha obligado al menos a 3,4 millones de personas a huir del país desde 2015”.
 
AI recordó los ciclos de protestas callejeras cotidianas de 2014 y 2017, ambos de cuatro meses de duración, que dejaron 43 y más de 120 muertos, respectivamente, “la mayoría a manos del Estado y de grupos civiles armados progobierno (‘colectivos’)”.
 
Añadió que el último caso causó además 1.958 heridos y más de 5.000 detenidos, y un año después “solo se conocía un proceso judicial abierto en contra de un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militar)” por el uso excesivo de la fuerza.
 
Asimismo, AI subrayó que a principios de este año “miles de personas salieron a las calles a exigir un cambio de gobierno” y solo entre el 21 y el 25 de enero, en 12 de los 23 estados del país, “al menos 47 personas fallecieron”.
 
De ellas, 33 murieron “a manos de agentes de las fuerzas del Estado” y seis, por “terceros que actuarían con su aquiescencia”.
 
A la vez, “a lo largo de esos cinco días, más de 900 personas fueron detenidas de forma arbitraria en prácticamente todos los estados del país”, incluidos “niños, niñas y adolescentes”, dice el informe.
 
Además, entre el 31 de enero y el 17 de febrero, un equipo de AI documentó “seis ejecuciones extrajudiciales, tres casos de uso excesivo de la fuerza y seis detenciones arbitrarias, así como el encubrimiento y falta de investigación de varias de ellas”.
 
El documento advierte que “estos 15 casos paradigmáticos son una representación de la pauta más amplia de posibles violaciones de derechos humanos que tuvieron lugar en enero de 2019”.
 
Resalta además que “en todos los casos” los asesinados fueron “hombres jóvenes disidentes” de “zonas de escasos recursos” que murieron “por herida provocada por proyectil de arma de fuego en la zona torácica” y cuando “se encontraban sometidos por la autoridad”, lo que revela que “fueron ejecuciones selectivas en razón del perfil de las víctimas”.
 
Sin embargo, “luego de ejecutarlos, la autoridad los presentó públicamente como delincuentes que habían muerto en enfrentamientos y les inició investigaciones penales por resistencia a la autoridad”, señaló AI.
 
La entidad responsabilizó por las ejecuciones extrajudiciales a “la Policía Nacional Bolivariana (PNB), fundamentalmente a través de sus Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)”, y a esas instituciones y a la GNB por los “casos documentados” de “uso desproporcionado e innecesario de la fuerza letal en contra de manifestantes”.
Fuente: 
Télam