Miércoles, 2 Octubre, 2013 - 21:09

Legislatura
Promovida por el poder Ejecutivo Provincial
Sancionaron la Ley de Agricultura Familiar y crearon el Instituto de Desarrollo Rural

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La iniciativa fue aprobada en general por unanimidad de los legisladores presentes con 25 votos.

El proyecto, que según los fundamentos del gobierno provincial se enmarca en el Plan Agroalimentario y Agroindustrial del Estado, fue aprobada en general por unanimidad de los legisladores presentes con 25 votos. En tanto, en particular el artículo 12 en la composición del directorio, las opiniones se dividieron y puesta a consideración la votación arrojó: 15 votos del Justicialismo y Aliados contra 8 votos de la Alianza, Libres del Sur y Frente Grande. 
 
Durante el desarrollo del debate estuvieron presentes en la barra del Recinto de Sesiones “Deolindo F. Bittel” agricultores, asociaciones de productores y representantes de los consorcios rurales y tras la sanción de la norma - en un cuarto intermedio - valoraron la aprobación de esta herramienta que les permite el desarrollo social, económica y tecnológico de los pequeños productores chaqueños que saludaron a los legisladores.
 
LA NORMA 
La ley se sustenta en la Constitución Provincial; en la ley 6547 de Consorcios Productivos de Servicios Rurales; en los Derechos, Deberes y Garantías de la Familia Rural “propendiendo a la elevación de la calidad de vida y el arraigo en el territorio; en la preservación del medio ambiente, los recursos naturales, el uso y tenencia de la tierra y el territorio; el desarrollo rural integral sustentable, la seguridad y soberanía alimentaria”. 
 
A los efectos de la norma, “se entiende por agricultura familiar todo tipo de producción donde la unidad doméstica y la unidad productiva están físicamente integradas. La actividad productiva artesanal es un recurso significativo en la estrategia de vida familiar empresaria”. Están comprendidos en esta categoría “los productores que, por su escala de producción, requieren de sistemas solidarios asociativos para acceder a las tecnologías apropiadas de producción, sistemas de mercadeos y participación en las cadenas de agregación de valor de sus productos”. Asimismo, “la extensión en hectáreas de sus explotaciones será considerada como dato relativo para dicha calificación, por cuanto la misma está condicionada a la zona ecológica a la que pertenece y al modelo productivo factible de ser implementado”.
 
En cuanto al desarrollo rural, se denomina de esa manera al “proceso por el cual se promueve el desarrollo social, económico y tecnológico de los pequeños productores familiares agrícolas y trabajadores rurales que  contribuyan a: mejorar la calidad de vida, modernizar y elevar su capacidad empresarial, organizacional y comercial, para que con su activa participación desde la producción agroalimentaria, industrial, comercial y de servicios, se integren como un agente económico sustantivo en el desarrollo provincial, que contribuya desde un proceso de desarrollo participativo, ecológico, económico y socialmente sustentable al arraigo en el interior de la provincia, al desarrollo local y a la preservación de valores, identidades y culturas locales y regionales”.
 
Los objetivos de la ley son la generación de nuevos polos económicos-productivos en zonas rurales y en localidades del interior provincial; el genuino enfoque integral del territorio, teniendo en cuenta criterios de regionalización y ocupación armónica del territorio; el fortalecimiento de cadenas de valor, promoviendo sistemas productivos sustentables en armonía con el medio ambiente y la idiosincrasia de los diferentes tipos sociales del medio rural y el desarrollo de políticas de comercialización que garanticen la colocación de la producción local en mercados más amplios.
Apunta también a la generación de empleo genuino; el conjunto de acciones que impulsen un asentamiento poblacional equilibrado en todo el ámbito de la Provincia, así como una equitativa distribución regional de la renta provincial y a promover el desarrollo local y la preservación de valores, identidades y culturas locales y regionales.
 
Por esta norma, se crea el Instituto de Desarrollo Rural y la Agricultura Familiar “como entidad autárquica del Estado Provincial, con dependencia funcional del Ministerio de la Producción, y con las atribuciones que le confiere la presente ley, en todo cuanto concierne a los aspectos de promoción del desarrollo rural sustentable, vinculado a la población rural, los productores familiares y trabajadores rurales”. La administración central del IDRAF tendrá asiento en la Ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y tendrá por objetivo impulsar las políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo rural y apoyo a la agricultura familiar de la Provincia del Chaco”.
 
El IDRAF tendrá como misión “proponer el diseño, la planificación y el control –con recursos propios o articulados con otras áreas- de las políticas principales y programas coadyuvantes relacionados a la tenencia y uso de tierras, los procesos productivos, la infraestructura rural, los servicios rurales, las tecnologías apropiadas y las políticas sociales del conjunto de la población rural, preponderantemente de las familias de pobladores más vulnerables en conjunto con la Asociación de Consorcios de Servicios Rurales”. 
 
El Instituto, en conjunto con la Asociación de Consorcios Productivos de Servicios Rurales, “promoverá la elaboración de un plan estratégico Agro Alimentario Provincial para la Agricultura Familiar con la participación activa de los municipios, organismos técnicos y de planificación que contemple el desarrollo integral de las comunidades rurales, con pleno acceso a los servicios básicos; la coordinación de acciones con los organismos competentes para lograr la definitiva regularización de la tenencia de la tierra a todos los productores familiares, que les asegure el  futuro; la definición de los modelos productivos adaptables según las características agro ecológicas de cada zona; el requerimiento de infraestructura predial y extra predial; la calidad, cantidad y continuidad en el abastecimiento de los productos y la infraestructura de procesos y de comercialización”.
 
El IDRAF instrumentará una estrategia de capacitación permanente para los productores, mujeres y jóvenes rurales, tendiente al “fortalecimiento institucional de los consorcios productivos de Servicios rurales; la formación de idóneos en las diversas disciplinas productivas; el cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales y la difusión e implementación de las técnicas de producción agro ecológicas que permitan producir alimentos sanos, libres de agro tóxicos, en armonía con el medio ambiente”.
 
En lo referente a la comercialización, el IDRAF “promoverá en el ámbito de la agricultura familiar, sistemas de comercialización asociativa que permitan a los productores acceder a los distintos mercados, como así también directamente a los consumidores, con certificación de origen y marcas registradas”. Asimismo, “promoverá la instalación de infraestructura de procesos intermedios e industriales en las zonas de producción, que posibilite a los productores, la comercialización de productos elaborados”.
 
La norma establece en su apartado referido a la organización del IDRAF, que la dirección y administración del mismo estará a cargo de un directorio “conformado por 3 miembros: 1 presidente y 2 vocales, uno de los vocales designado por el Ejecutivo Provincial y el otro en representación e la Asociación de consorcios productivos de servicios rurales” agregando que “en todos los casos la designación requerirá acuerdo de la Cámara de Diputados”. Los integrantes del Directorio podrán ser removidos por igual procedimiento al de su designación, las decisiones se tomarán por simple mayoría.
 
Para ser designados los miembros del directorio deberán ser argentinos nativos o naturalizados, con un mínimo de 5 años de ejercicio de ciudadanía; tener 5 años de residencia en la provincia a la fecha de su designación; no hallarse en estado de quiebra, concurso o interdicción, y  poseer conocida aptitud y experiencia en asuntos agropecuarios, forestales o aquellas actividades encuadradas en la agricultura familiar. Durarán 2 años en sus funciones y serán personal y solidariamente responsables de los actos del Directorio, salvo expresa constancia en acta de quien estuviera en disidencia.
 
Serán deberes y atribuciones del presidente ejercer la representación legal del IDRAF, cumplir y hacer cumplir la presente ley; informar periódicamente al poder Ejecutivo de las actividades del IDRAF y presentar al final de cada ejercicio para su consideración y posterior aprobación la memoria y balance anual, el proyecto de presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el nuevo ejercicio; firmar convenios y programas de desarrollo rural con organismos nacionales; proponer al poder Ejecutivo convenios con organismos extranjeros; disponer la ejecución de todas las medidas administrativas que fueran necesarias para mejor desenvolvimiento del organismo; adquirir los bienes necesarios para su funcionamiento y disponer la contratación de obras y servicios de conformidad con las normas vigentes; proponer y establecer medidas, normas y procedimientos que se consideren necesarios para la buena marcha del IDRAF y proponer una activa articulación con organismos provinciales, nacionales e internacionales a efectos de difundir, implementar y aplicar medidas que favorezcan la agricultura familiar y el desarrollo rural sustentable.
 
Los recursos del IDRAF estarán conformados por los presupuestados anualmente para el funcionamiento y mantenimiento del Instituto y los fondos destinados a la Agricultura Familiar generados a partir de programas o leyes provinciales, nacionales o internacionales de acuerdo con los porcentajes que determine el poder Ejecutivo.
 
El Poder Ejecutivo en sus planes y programas “apoyará y fortalecerá prioritariamente los emprendimientos trabajados y gestionados por comunidades indígenas, criollas y gringas de productores familiares en consonancia con la letra de la resolución 11/04 del grupo mercado común, que jerarquiza a las políticas públicas del MERCOSUR a la Agricultura Familiar e interpretando el espíritu de la misma que aspira desarrollar y consolidar una agricultura con agricultores arraigados en su territorio”.
 
Las tierras que se sometan a planes generales o especiales de desarrollo rural, tendrán como objetivo poblar el interior de la provincia; colocar las tierras que se incorporen al proceso productivo en un nivel racional de explotación y de equidad de oportunidades y atraer inversiones de capital hacia la provincia. A los efectos indicados los planes de desarrollo rural deberán contemplar muy especialmente el establecimiento de adecuada vías de circulación y medios de comunicación; el fomento de la instalación de industrias transformadoras; la creación de centros urbanos y de consorcios productivos de servicios rurales; el acceso y elevación del nivel educativo y cultural medio; el aumento del nivel de ingreso per cápita de los productores de la agricultura familiar, y de la región; la creación de centros granjeros que permitan un adecuado abastecimiento local; creación de cooperativas o grupos asociativos, de consumo y comercialización de la producción zonal; el acceso a una vivienda digna y agua potable; el acceso a servicios adecuados de salud y otros servicios sociales y el fortalecimiento institucional de asociaciones de productores, organizaciones de apoyo, municipios y ámbitos de articulación del desarrollo rural.
 
Los planes, programas o proyectos, generales o especiales, de desarrollo rural que se realicen en tierras o territorios pertenecientes a comunidades indígenas serán elaborados, previa consulta con las mismas con la correspondiente asistencia económica, técnica, financiera y administrativa del Estado Provincial, y otros ámbitos estatales y no estatales.
 
Los planes o proyectos de desarrollo rural aprobados por el poder Ejecutivo, podrán ser ejecutados directamente por el IDRAF de acuerdo con las normas de la presente ley y lo que determine la reglamentación; por Consorcios Productivos de Servicios Rurales, cooperativas o grupos asociativos legalmente constitutitos bajo la supervisión del IDRAF o mediante la constitución de fideicomisos públicos, mixtos o privados.