Miércoles, 13 Noviembre, 2019 - 20:00

Renuncia de Evo Morales
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042
Con la dimisión del presidente Evo Morales en Bolivia el tablero de la política latinoamericana está convulsionado. Inmediatamente, figuras políticas, periodistas desde sus columnas, radios y canales de TV, comenzaron a brindar su interpretación de los sucesos que culminaron con la renuncia del mandatario boliviano. Como era de esperar, las conclusiones difieren sustancialmente según la postura ideológica de quienes emiten su parecer.
 
El tema central que se debate por estas horas es dilucidar si lo acontecido en la nación hermana es o no un golpe de estado. Quienes están enrolados en un pensamiento afín al socialismo del siglo XXI, no dudan en calificarlo de tal. Aseguran que Evo fue desalojado del poder por las fuerzas armadas, ignorando en forma deliberada la sublevación y protestas civiles callejeras que se produjeron en todo el territorio boliviano luego que, suspensión del escrutinio mediante, Morales se proclamase vencedor en primera vuelta con justificadas sospechas de fraude electoral.
 
No es ajena a este pensamiento la convicción de que las revueltas callejeras en Chile expresan la disconformidad del pueblo con las políticas públicas del presidente Piñera o directamente con el modelo de desarrollo chileno, disturbios a los que observan con simpatía. Es para ellos irrelevante que estuvieran jalonadas de actos de violencia, destrucción de bienes públicos y atentados contra la integridad física de los miembros de las fuerzas de seguridad chilenas. El incendio y destrucción de estaciones del metro de Santiago, el más moderno y extenso de Sudamérica, reflejan la saña e ilegalidad del modus operandi de los agitadores, quienes debieran ejercer su derecho a protestar o peticionar a las autoridades de manera pacífica y civilizada en consonancia con el estado de derecho.   
 
Curiosamente, para la corrección política argentina, la resistencia boliviana es un movimiento insurgente que atenta contra la institucionalidad del país, pues derrocó a un gobierno legítimo; el relativismo moral a que nos tiene acostumbrada la izquierda es patético. Es de toda evidencia que los desmanes, agitación callejera, manifestaciones de repudio, que se extendieron por gran parte del territorio de Bolivia son el detonante de la renuncia de Morales, acorralado ante la negativa de las fuerzas armadas a reprimir la insubordinación.
 
Esa moral selectiva, parcial, impide analizar objetivamente los casos de Bolivia y Chile. Piñera no ha violado norma constitucional o legal alguna, sin perjuicio del descontento popular por la desigualdad social imperante en el país, que no es una novedad, pues la situación no difiere de la existente durante el gobierno de Michel Bachelet. ¿No es suspicaz que faltando considerable tiempo para que expire el mandato de Piñera se produzca una escalada de violencia que no tiene sino otro objetivo que desalojarlo del poder? ¿Acaso, no se reproduce lo ocurrido en Argentina, donde el gobierno de Macri debió sobrellevar sucesivos movimientos destituyentes protagonizados por la acción vertebrada, mancomunada, de los movimientos sociales y los sindicatos peronistas?
 
El fenómeno boliviano difiere totalmente del chileno. No es posible hablar de golpe de estado cuando Evo Morales, transgrediendo la constitución boliviana que le prohibía la reelección, convoca un plebiscito ilegal para consultar al pueblo boliviano si autorizaba que se postule para un nuevo mandato y el resultado de las urnas fue negativo.
 
No contento con ello, Morales acude al poder judicial para que dicte una sentencia que, con argumentos que desconozco, pero seguramente reñidos con la constitución, autorice su participación en las elecciones.
 
Es en este momento cuando se produce la quiebra del orden constitucional que es consustancial, de la esencia, de un golpe de estado. Morales es quien detenta el poder como gobernante de facto desde que subvirtió el estado de derecho para perpetuarse en el poder, de modo que los casos boliviano y chileno no pueden ser abordados con el mismo criterio ni ser objeto de decisiones diplomáticas argentinas equivalentes.
 
Para llegar a esta conclusión es irrelevante la eficacia o performance de Evo Morales como presidente; puede haber sido quizás, no tengo fundamentos para juzgarlo, un buen administrador, pero su espíritu mesiánico, sus ambiciones desmedidas, lo condujeron a comportarse como un déspota, desatando una reacción espontánea de resistencia del pueblo boliviano.
 
Piñera ha conocido las mieles del poder porque había ejercido la presidencia antes del actual mandato; sin embargo, jamás pensó en permanecer en el cargo incurriendo en violaciones de la constitución o apelando a chicanas judiciales.
 
Si la efervescencia de la protesta social derivara en Chile en la renuncia del presidente, seguramente el kirchnerismo y la izquierda no dudarían de presentar al evento como una legítima reivindicación del poder por parte del pueblo, pero tratándose de Evo Morales alegan al unísono que el pueblo boliviano atentó contra el orden constitucional. En un caso la resistencia popular es bienvenida y en otra calificada de golpista y subversiva.
 
Presentada la renuncia por Evo Morales, su vicepresidente y miembros del Congreso, el orden sucesorio catapultó a una presidencia temporaria a Jeanine Áñez Chávez, a quien los diputados del MAS pretenden quitar legitimidad no dando quórum para la sesión de investidura.
 
En una palabra, la situación planteada en el país hermano de Bolivia no difiere sustancialmente de la acontecida con la renuncia de Fernando De la Rúa a fines de 2001, en que la asamblea legislativa subsanó el vacío de poder mediante la designación de Eduardo Duhalde.
 
Los que afirman sin hesitaciones que en Bolivia se produjo un golpe de estado, forzosamente deben reconocer que lo propio ocurrió con la renuncia de De la Rúa, pues en ambos casos se respetó el orden sucesorio para el caso de acefalía. 
 
Un tema digno de tratamiento especial es el concerniente a la manera en que se gestionan las crisis políticas en un sistema de gobierno presidencialista, que es el predominante en
Latinoamérica, por un lado, y en las monarquías o repúblicas parlamentarias, por el otro, con los votos de censura que, en caso de prosperar, dan lugar a la formación de nuevo gobierno por delegación del parlamento. Es de toda evidencia que el segundo sistema es el que mejor respuesta da a las crisis políticas, porque su solución se produce dentro del orden jurídico establecido, cuestión harto dudosa cuando se trata de un sistema presidencialista, como acontece con el fenómeno planteado en la limítrofe Bolivia.
 
(*) Abogado