Viernes, 7 Febrero, 2014 - 09:17

Recaudar a toda costa
Por Juan Santiago Piñero (*)

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La creciente demanda económica del Estado alcanza a influir en los más diversos órdenes de la vida cotidiana. El ámbito jurídico no es la excepción.

La necesidad de recaudar llega así a dañar considerablemente la estructura constitucional liberal que protege a los ciudadanos frente a los abusos del poder.

Conforme lo expone el estudio de la historia, existen en el mundo dos tipos de sistemas jurídicos penales. Uno de carácter liberal constitucional y otro de corte inquisitivo persecutorio.

Nuestro derecho penal, al igual que nuestro sistema de gobierno, es de raíz constitucional. Principalmente, esto quiere decir que, ante todo, debe respetar la Constitución Nacional y sus principios derivados.

Sin embargo ello no sucede cuando un Gobierno determinado se apropia de la Ley y sus conceptos, utilizándolos para sus propios fines. Es lo que sucede con la Ley Penal Tributaria Argentina.

Las Constituciones han surgido en los estados naciones con la finalidad de organizar la vida institucional y demarcar los límites de la intervención estatal, realzando las libertades y derechos del ciudadano. En este sentido, en lo que al derecho penal importa, se deriva de la Constitución Nacional el principio de Culpabilidad.

Este principio, expresión más acabada de la exigencia de respeto a la dignidad del ser humano, pretende evitar que una persona pueda ser tratada como un medio para la realización de algún fin. La persona debe ser un fin para el Estado y no un medio.

Así, entre otras funciones, excluye la legitimidad de toda pena que no tenga por presupuesto la culpabilidad del autor y que exceda la gravedad equivalente a la misma. Su funcionamiento se presenta cuando, por un lado condiciona el sí de la pena y por el otro el cuánto de la misma. En otras palabras: 1° sólo es punible el autor, si ha obrado culpablemente; 2° la gravedad de la pena que se le aplique debe ser equivalente a su culpabilidad.

Aquí aparecen los conceptos jurídicos de dolo y culpa. Ningún delito puede existir sin alguno de ellos. Sin entrar en detalles, debe quedar en claro que ambos conceptos exigen que entre autor (imputado) y resultado (daño) exista cierta conexión psíquica. Cabe agregar que, de acuerdo al modo de redacción de nuestro Código Penal, todos los delitos deben serlo a título de dolo, con excepción de aquellos que expresamente sean habilitados a título de culpa.

El art. 1 de la Ley Penal Tributaria (y consecuentemente artículos subsiguientes) dispone que la evasión tributaria sólo será delictiva cuando supere los 400.000 pesos, de lo contrario será juzgada como simple infracción administrativa. De acuerdo a lo antedicho, la lógica constitucional indicaría que el delito de evasión tributaria debe serlo a título de dolo. Ahora bien, la mayoría de los jueces, legisladores y doctrinarios, entiende que dicho monto ($ 400.000) no necesariamente debe ser abarcado por la culpabilidad del autor. Más claramente, pretende esta corriente que la evasión tributaria no requiere dolo para existir (ni siquiera culpa) deviniendo en un delito meramente causal.

Es en este punto donde se menoscaba la Constitución Nacional. ¿Cómo puede pretenderse que un resultado dañoso que habilita el castigo estatal no requiera una mínima conexión subjetiva con su autor? De ser así se estaría castigando un mero resultado, con lo cual el derecho penal no tendría sentido y además sería totalmente incoherente con sus propios postulados. Peor aún, contrariando el principio de Culpabilidad, se estaría utilizando a una persona con finalidad recaudatoria.

Precisamente, es esto último lo que demuestra el diario de sesiones de los antecedentes legislativos de esta norma. Abierta y descaradamente afirmaron algunos legisladores esta finalidad recaudatoria de la norma.

El congreso puede tener diversas pretensiones y ello, en principio, no es objetable. Hasta incluso puede incurrir en errores conceptuales en su obrar. Lo que nunca puede permitirse es que el derecho ceda ante ellos. La ciencia jurídica debe contener los abusos con la Constitución como primera herramienta. En esta línea de pensamiento, la política criminal de un estado nunca puede posicionarse por encima de los principios liberales.

(*) Abogado

DNI 31971448

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