Jueves, 3 Septiembre, 2020 - 10:39

Quédate en casa
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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El gobierno ha proclamado insistentemente que, por causa de la cuarentena, prematuramente decretada el 15 de marzo de 2020, Argentina puede exhibir números positivos en el combate de la pandemia, cantidad de contagios, muertes en relación habitantes, excedente de camas a disposición de pacientes, etc.

Cinco meses y medio después del establecimiento de un confinamiento domiciliario sorprendentemente estricto, como el que más en el mundo, las estadísticas desmienten en forma rotunda las afirmaciones oficiales.

En estos momentos vivimos el pico de contagios, muertes por Covid 19, y los números no indican, precisamente, que Argentina es el niño aventajado de la clase. Se festejó antes de tiempo, en tanto la política estatal frente al flagelo se agotó en la admonición QUÉDATE EN CASA.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que las restricciones deben ser acompañadas de “políticas activas de testeos, aislamiento adecuado en casos positivos, investigación de cadena de contagios, aspectos en que el país está notoriamente rezagado” (La Política On Line, edición digital del 26 de agosto 2020).

No es mi intención soslayar la complejidad del tema, lo difícil que es lidiar contra una enfermedad desconocida, que no tiene vacuna para prevenirla, en un país que es el octavo del mundo en superficie, lo que torna sobremanera embarazoso dar respuesta satisfactoria al conjunto de la nación.

Dicho esto, también sería cínico desconocer que lo que acontece en la vida cotidiana argentina es ciertamente patológico. Es tal el terror que han inspirado los medios de comunicación desde que se desató la epidemia, TV a la cabeza, que la población está paralizada por el miedo.

Parecía que las medidas restrictivas de la libertad respondían al propósito de los gobernantes de ser responsables en la circunstancia. Sin embargo, a casi seis meses vista, son los mismos ciudadanos los que aceptan de modo sumiso, por efecto del pavor, la aniquilación de los derechos y garantías constitucionales.

¿No es acaso surrealista que los habitantes del país no puedan entrar a ciudades, pueblos, poblados, porque las autoridades locales lo impiden? ¿Que se hayan montado barricadas en los ingresos para prohibir la entrada de viajeros, muchos de ellos simplemente ejerciendo su actividad laboral o profesional?

Ver a los proveedores de mercaderías en los límites de los pueblos, cuando no en las rutas, conversando con los comerciantes porque no pueden ingresar al ejido municipal, es una suerte de epifanía diabólica.

Cual película de Fellini o Subiela, se han cavado fosas en límites interprovinciales. El pueblo, lejos de rebelarse frente a este estado de cosas, consiente cualquier exceso gubernamental o policial porque estamos, según la atmósfera reinante, AL BORDE DEL APOCALIPSIS.

Probablemente me equivoque, pero en ningún país del mundo ocurren cosas similares a las descriptas precedentemente, por lo menos, la TV no las ha reflejado. CAMPEONES EN DURACIÓN DEL AISLAMIENTO FORZOSO, TAMBIÉN EN EL RIGOR DRACONIANO DE LAS MEDIDAS PROHIBITIVAS.

Recuperar la normalidad va a ser un desafío gigantesco; hubo una suerte de verticalismo en el abordaje de la situación, pues las medidas restrictivas vinculadas a la cuarentena son impuestas desde Buenos Aires por el ejecutivo nacional, profundizadas a discreción por los gobiernos provinciales y municipales.

El resultado, es un caos que derivó en supuestos excesos policiales, con muertes y apremios físicos (la policía cumple órdenes), sin obviar cuestiones humanitarias, como la imposibilidad, de visitar parientes en estado terminal.

La paranoia hace que los ciudadanos se acusen unos a otros por transgredir las prohibiciones, en una escalada que causa alteración de la paz social e inhibición de la libertad.

Más edificante para la tranquilidad pública sería calmar los ánimos, contemplar la experiencia de países que han pasado por el clímax de la pandemia y han retornado, prácticamente, a la normalidad, fenómeno que seguramente se replicará en Argentina.

Una visión global de la pandemia sugiere que la reclusión del pueblo como estrategia exclusiva ha fracasado, siendo Argentina el caso paradigmático. TAMPOCO NUESTRO DESEMPEÑO HA SIDO EL PEOR, pero el espanto que experimenta la población genera dudas respecto de la capacidad de recuperación y el tiempo que demandará regresar a la normalidad.

No se puede perder de vista que la prórroga de la vigencia de las medidas anti Covid 19 implica extender una situación que, a más de anómala, es para muchos INJUSTA.

El derecho constitucional que más se ha afectado es la libre circulación, definido por el art. 14 de la constitución nacional como de “entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino”. Claro está que, todas aquellas actividades asociadas a esta garantía fundamental, han sido particularmente perjudicadas por la cuarentena: hotelería, turismo, aviación civil, gastronomía, etc.

Evidente inequidad existe entre los empleados que trabajan en el sector público y privado. Los primeros con un sueldo garantizado por el estado, incólume durante la emergencia; los segundos, con sueldos recortados y paritarias a la baja (sin compensar inflación).

Si reparamos en que gran parte de la economía nacional está en la informalidad, los trabajadores que militan en este segmento se ven seriamente dañados, pues sus ingresos son a destajo, quien no trabaja no percibe retribución. Esto viene a cuento de la injusticia que implica prolongar el estado de parálisis en que se encuentra el país.

El virtual estado de anarquía en que se encuentra la nación obedece al quebrantamiento de la legalidad desde que se implementaron las medidas anti Covid 19. He señalado en artículos anteriores, publicados por este diario digital, que los decretos de necesidad y urgencia (DNU) promulgados por la presidencia, que importan afectación de garantías constitucionales, no superarían un test de constitucionalidad, porque solamente el estado sitio (art. 23 CN), de modo parcial, faculta una decisión de tal naturaleza. 

No se entiende cuál fue el impedimento para ponerlo en vigencia, decisión que hubiere sido aprobada por el senado (condición impuesta por el art. 99 CN), donde el oficialismo tiene mayoría absoluta.

Salvar la legalidad, el estado de derecho, fue un objetivo postergado por su impopularidad (quedó grabado en el imaginario popular que el presidente De la Rúa fue desplazado inmediatamente ponerlo en vigencia), a diferencia de muchos países de la comunidad internacional que apelaron a los estados de excepción previstos en sus respectivos ordenamientos jurídicos.

Además, es de dudosa constitucionalidad que los DNU dictados por el presidente Alberto Fernández tuviesen alcance nacional, pues todo lo inherente a políticas públicas, en este caso sanitarias, es de resorte provincial; son facultades reservadas por los estados provinciales no delegadas al estado nacional (art. 121 CN).

No se me escapa que, para afrontar la emergencia, es necesario coordinar las medidas entre nación y provincias, lo que presupone adhesión de éstas a la normativa federal, exigencia jurídica que no siempre fue satisfecha. 

La ley de emergencia N° 27.541 sancionada por el gobierno -con apoyo de la oposición- en la primera semana de instalarse en la casa rosada, a expensas de la cual el congreso delegó sus atribuciones constitucionales al poder ejecutivo, no purga la ilegalidad de los decretos, porque si el congreso no puede “per se” limitar los derechos constitucionales, menos puede hacerlo el ejecutivo vía delegación.

En el país existe un caos normativo producto que las políticas públicas no fueron vertebradas para evitar que las provincias y municipios se transformasen en territorios inexpugnables por normativas locales.

Este fenómeno entra en pugna con los artículos 9, 10 y 11 de nuestra carta magna que prohíben aduanas interiores y garantizan la libre circulación de personas, mercaderías, medios de locomoción, entre las diversas jurisdicciones provinciales, prerrogativa que no puede estar sujeta a tributación (art. 11 CN).

En el momento en que estas líneas se escriben, la TV da cuenta de incidentes en los límites interprovinciales y municipales en que se detienen camiones de aprovisionamiento, se colocan fajas en sus puertas y se impide a los choferes bajar del vehículo, todo ello, se sobreentiende, por prescripciones locales.

¿Tan sórdida y poco solidaria puede ser la actitud de las autoridades argentinas? Debiéramos preguntarnos cómo hemos llegado a semejante disgregación social y pérdida de valores; si no es preferible encarar la emergencia con libertad responsable en vez de obstaculizar el funcionamiento normal del país con prohibiciones medievales.

Preocupa el presente, sucintamente descripto en estas líneas, pero más el futuro, porque la tarea de desarmar el sistema de destrucción de libertad y derechos erigido desde el inicio de la cuarentena -sobre la base del espanto- devendrá un desafío ciclópeo. 

(*) Abogado. Presidencia Roque Sáenz Peña.