Sábado, 3 Julio, 2021 - 11:34

Que es una asamblea legislativa
Por Luis Rodríguez Martínez (*)

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La perplejidad se ha apoderado de las mentes bien pensantes de este país, cuyo futuro está en manos de una dirigencia política con ideas que en el mundo desarrollado no dan lugar más que a burlas y desprecio. 
 
Por más verborragia que empleen los acólitos del gobierno, con la consabida calificación de sus detractores de gorilas, cipayos, vendepatrias, no se puede tapar el sol con las manos: la administración kirchnerista (si es que algo en cierto momento administró) es el hazme reír de la comunidad internacional.    
 
Por más se cuestione este aserto, las evidencias son abrumadoras; Argentina se ha caído del mundo por propia voluntad; la clase política sigue defendiendo ideas delirantes, perimidas, verbigracia, propugnar una economía de autosuficiencia, aislada de la comunidad internacional.  
 
Estamos peleados con la globalización, aunque amamos Netflix, el cine norteamericano, los grupos de rock anglosajones, las series inglesas, los viajes de turismo a Nueva York o Miami y los partidos de baloncesto de la NBA (esto es innegociable). 
 
La pretensión de dar la espalda al mundo, de preservar la casa libre de influencias foráneas es una quimera; los esfuerzos en ese sentido están destinados al fracaso. Con la llegada de internet a la mayoría de los países de la tierra, el auge del turismo, que conecta las más diversas costumbres, culturas, idiosincrasias, la globalización llegó para quedarse. Más que desconocerla, conviene a las naciones adaptarse y ver el rol que pueden cumplir con eficiencia y más convenga a sus intereses.  
 
El “efecto demostración” descrito por la sociología es imparable; los medios masivos de comunicación, canales de entretenimiento de impacto global, persuaden a la población que una vida de mayor calidad, con más libertades y bienestar, es posible. 
 
Que las perversidades e ignominias de la política vernácula no son una regla en la comunidad internacional, sino una lamentable excepción. Que los regímenes autocráticos no tienen buena prensa y si esto no es la cruda verdad, cómo es posible que ningún jefe de estado de país desarrollado tenga en su agenda una eventual visita a Argentina.
 
Se ha violentado la tradición de defensa de los derechos humanos y condena de regímenes autocráticos en las Naciones Unidas. El país se abstuvo a propósito de la votación efectuada en el Consejo de Derechos Humanos para condenar al gobierno de Nicaragua por detención ilegal de opositores políticos. Todos los países de la región votaron afirmativamente la amonestación salvo dos, Méjico y Argentina. Desde que Fernández/ Fernández asumieron sus cargos han demostrado invariablemente empatía con cuanto gobierno autoritario exista en el planeta: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, China, todos los africanos sometidos por tiranos, etc.
 
Hace pocos días se produjo un hecho de significativa importancia para el futuro del país, Argentina perdió su calificación crediticia de “emergente” para ser incluido en la categoría “stand alone”, vale decir, parado solo, a la que pertenecen naciones inelegibles para cualquier tipo de inversión privada.
 
Empleando una metáfora futbolística, este gobierno nos mandó al descenso, pero no al “Nacional B”, sino a la cuarta división sin escalas. Una noticia que debiera ser particularmente ponderada por aquellos que son en extremo vehementes cuando denuestan el gobierno de Mauricio Macri, presidente que posibilitó que Argentina fuese calificada “emergente” luego de dieciocho años de ser considerada “mercado de frontera”. Ahora, ni siquiera hemos recuperado el estatus precedente, sino que fuimos degradados, relegados a la más ruinosa calificación.
 
La indignación se debe a que el infortunio era perfectamente evitable; cualquier pago simbólico hubiese permitido sortear la encrucijada hasta tanto se llegue a un acuerdo de financiación de la deuda externa con el FMI. No hay voluntad política de acordar, lo que es interpretado en los cenáculos kirchneristas como un acto de soberanía. 
 
Como siempre, el tiempo demostrará que se trata de un grave error, una verdadera irresponsabilidad, no solamente porque devendrá difícil recuperar la calificación de riesgo, sino porque se traducirá en cierre de mercados de crédito o pago de intereses usurarios (en buen romance, menos obra pública, menos planes de asistencia social, menos modernización, menos actividad, menos desarrollo económico).  
 
Estos datos, unidos a la ruinosa gestión de la pandemia (Argentina es el país del planeta con más muertos por millón de habitantes); la extemporaneidad de la vacunación masiva, producto de negligencias o preferencias ideológicas, pues se jugaron todas las fichas a Rusia como principal proveedor; el abandono de la conducta diplomática del país referida anteriormente, constituyen un cóctel que hubiera eyectado a cualquier administración que no fuere peronista. 
 
Sin embargo, prueba del idilio existente entre el pueblo argentino y su torturador (parafraseando a Fernando Iglesias), la estabilidad del gobierno no está en peligro; gobierno y oposición están enfrascados en sus campañas proselitistas, como si no dimensionan la gravedad de los acontecimientos.
 
El periodismo no pide en estos momentos renuncia del ejecutivo más los funcionarios que continúan en el orden sucesorio presidencial, de tal manera se constituya el congreso en “asamblea legislativa” habilitada para designar nuevo presidente que complete el período de cuatro años. Eso propugnaba (asamblea legislativa) un afamado columnista cuando a Macri le faltaban seis meses para concluir su mandato presidencial.
 
Cuando en el lenguaje jurídico político se hace referencia a la expresión “asamblea legislativa” se aborda el tema de la acefalía presidencial, hecho histórico que se produjo en varias oportunidades en la historia argentina, regulado en la constitución nacional y la ley.
 
La carta magna, en su art. 88, dispone lo siguiente: “En caso de destitución, muerte, dimisión o inhabilidad del presidente y vicepresidente de la Nación, el Congreso determinará qué funcionario público ha de desempeñar la Presidencia, hasta que haya cesado la causa de inhabilidad o un nuevo presidente sea electo”.
 
En 1868, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se sancionó la ley 252 de “acefalía” que regula la hipótesis de vacancia simultánea de presidente y vicepresidente. 
 
Esta ley contempla el siguiente orden sucesorio: en primer término debe asumir el presidente provisional del Senado; en su defecto el presidente de la cámara de diputados y en último término, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
Cuando la inhabilidad fuere de carácter permanente, los funcionarios deben, dentro de los 30 días de haber asumido el ejercicio de la presidencia, convocar a elecciones para elegir nuevo presidente y vicepresidente. La norma determina que ninguno de ellos termina el periodo presidencial en curso.
 
Esta ley estuvo vigente durante cien años, hasta que en  1975 se sanciona la ley de acefalía N° 20972 que deroga la anterior y trae como novedad la eliminación de la obligación del presidente provisorio elegido por la asamblea legislativa de convocar elecciones dentro de los treinta días de asumir el cargo. Se entiende por asamblea legislativa la reunión en pleno de ambas cámaras, senadores y diputados, como si fueses un solo órgano legislativo.
 
Ratifica el orden sucesorio de la ley 252, pero confiere a la asamblea legislativa la potestad de elegir presidente, regulando quórum y mayorías necesarias para consagrarlo. La elección debe recaer en un senador nacional, diputado nacional o gobernador de provincia.
 
La ley 20972 fue a su vez modificada por la ley 25716, sancionada el 28 de noviembre de 2002, momentos en que naufragaba el gobierno de Fernando De la Rúa por el acoso y embestida peronista en el congreso.
 
La ley 25716, en apariencia, no hizo innovaciones sustanciales, simplemente sustituyó en dos artículos la palabra “elección” por “designación”, pero el propósito inocultable fue el último párrafo agregado al art. 4 que reza lo siguiente:  
 
“El tiempo transcurrido desde la asunción prevista en este artículo hasta la iniciación del período para el que hayan sido electos, no será considerado a los efectos de la prohibición prevista en el último párrafo del artículo 90 de la Constitución Nacional”.
 
De toda evidencia es que en el congreso la oposición tenía en claro la extrema debilidad de De la Rúa, quien a la sazón no tenía vicepresidente por la renuncia de Chacho Álvarez. 
 
La sanción de esta ley, impuesta por la mayoría justicialista de ambas cámaras, autorizaba al mandatario electo por la futura asamblea legislativa a terminar el mandato del presidente De la Rúa y postularse nuevamente en el siguiente turno electoral presidencial sin que se compute el interinato como primer período, salvando el impedimento del art. 90 de la constitución nacional.
 
No transcurrió un mes desde la sanción de la ley 25716 (28 de noviembre 2001) hasta la fecha de renuncia del presidente Fernando De la Rúa (20 de diciembre del mismo año), dato que resulta harto sugestivo. 
 
Este instrumento legal fue producto de un contubernio entre peronistas, liderados en ese momento por Duhalde, y radicales, conducidos por Alfonsín, no por casualidad el adversario político que tanto admiran y exaltan los compañeros, particularmente, el “piloto de tormentas” (que no es Carlos Pellegrini), Eduardo Duhalde. 
 
Vaya a saber por qué misterio inescrutable (no se comprende racionalmente) de una situación de doble acefalía el presidente electo por la asamblea legislativa (Eduardo Duhalde) no perteneció al partido elegido para cumplir un mandato de cuatro años (radicalismo). La soberanía popular, pilar del sistema republicano de gobierno, traicionada. 
 
La actual gestión, producto de la rigidez de nuestro sistema de gobierno presidencialista, difícilmente sea removida sobre la base de la ley de acefalía, pues para ello es menester la renuncia sucesiva de presidente, vicepresidente, presidente provisional del senado, presidente de la cámara de diputados y presidente de la Corte Suprema de Justicia (los cuatro primeros cargos en manos del justicialismo). UN POCO DE MEMORIA HISTÓRICA NUNCA VIENE MAL.
 
(*) Abogado
Presidencia Roque Sáenz Peña