Sábado, 24 Febrero, 2018 - 10:43

Acabemos con la hipocresía
Que el aborto sea legal, seguro y gratuito
Por Sandra Saidman (*)

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Todavía recuerdo algunos titulares del tiempo en que se debatió la ley de divorcio. Según algunas opiniones de la época, nos arriesgábamos al fin de la familia.

En los juzgados se preveía el aluvión de presentaciones de los matrimonios que la ley vendría a destruir. La catarata de demandas ocurrió, pero de matrimonios que llevaban muchos años separados y a los cuales la ley 23.515, sancionada en junio de 1987, les permitió regularizar (legalizar) una situación existente.

Según un informe realizado por la ONG Amnistía Internacional, en Argentina se realizan 450.000 abortos por año. El dato surge de un trabajo efectuado en 2005 a requerimiento del Ministerio de Salud Pública de la Nación.

Todos conocemos a la hermana de la amiga de una prima que se hizo un aborto. Es una realidad. Negarlo es hipocresía.

Los abortos transcurren en la clandestinidad y según la situación económica de la mujer, en condiciones seguras o no.

No se trata de considerar si estamos a favor de la vida o no, o si las mujeres que deciden hacerse un aborto son buenas o malas. Este es un debate perimido, sepultado por una realidad innegable.

Se trata de evitar las hipocresías y de que nuestros legisladores consideren de una buena vez la realidad de miles y miles de mujeres. La función pública implica valorar, diagramar e impulsar políticas públicas que propendan al bien común, sin anteponer creencias personales.

En Argentina el aborto es un delito, excepto cuando está contemplado en las causales del Art. 86, inc.2° del Código Penal: todos los casos de violación, sin importar la capacidad de la mujer.

Una ley que prevea el derecho al aborto, como sucedió con la de divorcio, no implica su obligatoriedad ni que las mujeres concurrirán en masa a un sanatorio u hospital público a requerir una práctica.

Muchas mujeres pierden la vida a consecuencia de prácticas inseguras, la mayoría de ellas son jóvenes y empobrecidas. Esto es muestra de las desigualdades que atraviesa el problema a su acceso cuando una mujer decide que no puede seguir adelante con un embarazo no deseado.

El aborto debe ser seguro porque es un problema de salud pública. Su penalización no impide la práctica y sólo expulsa a casi medio millón de mujeres por año a la clandestinidad.

Debe ser gratuito para que las mujeres sin cobertura de una obra social, puedan tener acceso a la atención de un profesional médico. Evitando de esta forma un enorme negocio que ocurre diariamente en la ilegalidad.

Que el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, definitivamente, se haga efectivo.

(*) Área género, Asociación Pensamiento Penal.