Lunes, 15 Abril, 2019 - 10:19

Proponen crear el fuero ambiental en la Justicia chaqueña

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El proyecto de ley Nº 1104/19 busca crear dentro de la órbita del Poder Judicial del Chaco el fuero ambiental, en el marco de la “imperiosa” necesidad de contar con una justicia especializada en materia ambiental.

Entre los fundamentos, el mismo menciona que “muchas actividades económicas de la provincia generan una gran cantidad de pasivo ambiental, más todos los accidentes que se derivan de la actividad, sin contar un sin número de problemáticas relacionadas con los residuos domiciliarios, patógenos y demás”.

La iniciativa fue presentada por los diputados diputados Alejandro G Aradas, Carina Noemi Batalla, Diputados Gustavo Silvio Corradi, Hugo Dardo Dominguez, Irene Ada Dumrauf, Claudia Noemi Gonzalez, Livio Edgardo Gutierrez, Carim Antonio Peche, Leandro Cesar Zdero,

En ese sentido, el diputado Livio Gutierrez indicó: “Esta no es una situación diferenciada de nuestra provincia, sino que ha sido una constante en las últimas décadas lo que generó que la reforma de la Constitución Nacional de 1994 incorpora el derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un medio ambiente sano y equilibrado”.

Asimismo recordó que el artículo 41 de la Carta Magna establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo.

“EL DAÑO AMBIENTAL GENERARÁ PRIORITARIAMENTE LA OBLIGACIÓN DE RECOMPONER, SEGÚN LO ESTABLEZCA LA LEY”

 “La creación de tribunales ambientales busca dar cauce a la creciente demanda relativa a la protección de los derechos ambientales. Esto permitirá que el fuero ambiental absorba todos aquellos pleitos en que se encuentra comprometido el interés colectivo ambiental y trate aquellos litigios con los operadores idóneos en la materia”, añadió el legislador.

“El fin es asegurar a la comunidad las herramientas necesarias para el ejercicio de la tutela jurisdiccional del derecho al ambiente sano, equilibrado, apto para un desarrollo en el que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras. La creación de un fuero exclusivamente dedicado a la materia ambiental, vislumbra la garantía de ejecución de la normativa específica”, aseguró Gutierrez. 

Por último, aclaró que “sin embargo, la instauración de un fuero ambiental avizora desafíos que deben ser tenidos en cuenta para evitar el naufragio de las garantías ambientales colectivas. Uno de esos desafíos tiene que ver con la incorporación de magistrados especializados en la resolución de causas ambientales.

La ley establece dentro de la órbita del Poder Judicial de la Provincia del Chaco el fuero ambiental, a través de órganos jurisdiccionales especializados con competencia en materia ambiental y recursos naturales cuya función es la de resolver las controversias medioambientales de su competencia y ocuparse de los demás asuntos que la ley somete a su conocimiento.

ALGUNOS DE SUS ARTÍCULOS

Artículo 2°) Los Juzgados Ambientales estarán integrados por jueces letrados, que deberán cumplir las exigencias establecidas en la Constitución Provincial y serán designados de conformidad a las leyes pertinentes. 

Artículo 3°) Los Juzgados Ambientales tendrán asiento uno en la ciudad capital y otro en la localidad de Juan José Castelli ejerciendo su jurisdicción en todo el territorio de la provincia. Se preverá, conforme al presupuesto lo habilite la creación de juzgados en otras jurisdicciones. 
El Superior Tribunal de Justicia, mediante acordada, establecerá la oportunidad de la puesta en funciones de cada uno de los Juzgados, atendiendo al número de causas y demás parámetros que den cuenta de la necesidad de su implementación. 

Artículo 4º) Como Juzgados de Primera Instancia conocerán: 

a. En los amparos ambientales. 
b. En los juicios ordinarios por reparación y/o remediación de daños ambientales, incluida la faz resarcitoria privada. 
c. En los procesos cautelares ambientales.
d. En todos los demás procesos judiciales de naturaleza ambiental y/o regidos por legislación específica vinculada al ambiente. 
El Superior Tribunal de Justicia reglamentará, mediante acordada, el procedimiento y las instancias de apelación de las resoluciones emitidas por los Juzgados Ambientales, en los términos de la legislación vigente y fueros existentes. 

Artículo 5º) Créanse dos (2) secretarías para los Juzgados Ambientales.

Artículo 8º) Créanse, en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, dos (2) Fiscalías Ambientales que tendrá competencia para realizar investigaciones preliminares y apoyar las investigaciones en curso en materia de infracción a la ley de residuos peligrosos, todos aquellos delitos que protegen la salud pública vinculados con la protección del ambiente conforme lo determinan los tipos penales establecidos en los arts. 200 al 207 del Código Penal; las infracciones a la ley 22.421 de Protección y Conservación de la fauna silvestre, así como los delitos conexos con la materia. 

Artículo 9º) Los Fiscales Ambientales tendrán, con competencia abarcativa, las siguientes atribuciones y deberes para abordar integralmente la problemática ambiental: 

a) Extrajudiciales administrativas: 

1. Solicitar informes, realizar presentaciones o peticiones a organismos nacionales, provinciales o municipales, que tengan por objeto la tutela del ambiente ante la acción o inacción de organismos públicos o privados. 
2. Tomar vista obligatoria y actuar como fiscal de la ley en los procedimientos sancionatorios previstos en la normativa que regula los recursos naturales de la provincia. 
3. Recibir toda denuncia y, en su caso, efectuar derivaciones dentro del Ministerio Público o a otros organismos o instituciones. 
4. Concurrir, en caso necesario para el cumplimiento de sus cometidos, a las audiencias públicas que se lleven a cabo sobre cuestiones ambientales. 

b) Judiciales: 

1. Dictaminar en todas las causas que tramiten ante los Juzgados Ambientales.
2. Velar por el efectivo cumplimiento de las sentencias emitidas por los Juzgados Ambientales, con exclusión las acciones resarcitorias de carácter privado. 
3. Promover y ejecutar la tutela jurisdiccional del ambiente, mediante las acciones previstas en la legislación vigente. 
4. Promover la actuación de la Provincia ante la justicia, en defensa de los intereses generales ambientales protegidos en el artículo 38 de la Constitución de la Provincia. 
5. Coordinar la acción de prevención, reparación e investigación con distintas dependencias judiciales, administrativas y policiales, pudiendo incluso requerir la colaboración a instituciones universitarias, técnicas y profesionales provinciales, nacionales e internacionales especializadas en materia ambiental. 
6. Accionar judicialmente, en lo posible de manera preventiva y/o precautoria, en protección del ambiente para detener el daño o para que se adopten las medidas tendientes al cumplimiento, la reparación o recomposición, según fuere el caso, y siempre con exclusión de las acciones resarcitorias de carácter privado. 
7. Instar métodos de solución alternativas de conflictos y la celebración de acuerdos de conciliación, cuando las circunstancias del caso y la gravedad de los hechos ameriten su realización. 
8. Contravencionales: Intervenir en los procedimientos seguidos por contravenciones contra el ecosistema previstos en el Código de Faltas de la Provincia del Chaco (Ley 850-J), o las que en el futuro las reemplacen. En la aplicación de los criterios de oportunidad velará por la priorización de la recomposición del ambiente degradado. 
9. Penales: Investigar, previa denuncia o de oficio, y promover la acción penal pública ante los organismos jurisdiccionales con competencia penal, ante la probable comisión de delitos que menoscaben el medioambiente, tales como hechos derivados del uso de residuos peligrosos y/o patológicos, hechos contra la seguridad pública y la salud pública de repercusión ambiental negativa, hechos contra la propiedad que involucren un daño ambiental, hechos contra la fauna silvestre o la violación de deberes de funcionario público vinculados a la gestión política del ambiente. En la aplicación de los criterios de oportunidad y suspensión del juicio a prueba velará por la priorización de la recomposición del ambiente degradado.

Artículo 10º) Los Fiscales Ambientales podrán ser asistidos por profesionales universitarios del ámbito científico con especialización en ciencias, carreras y disciplinas ambientales. Podrán asistir al Fiscal Ambiental en el correcto examen y análisis de los hechos de naturaleza científica, elaborando los informes y dictámenes que les sean requeridos a tal fin y colaborando en la producción en tiempo y forma de la prueba necesaria en los distintos procesos en que se persiga la protección de ambiente.