Martes, 5 Agosto, 2014 - 08:33

Proceso inconcluso del nuevo modelo de seguridad
Por Livio T. Fernández

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Los principales impulsores del nuevo modelo de seguridad democrática en la provincia del Chaco, el ex ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini y el ex secretario de Seguridad  Javier Oteo,  renunciaron hace aproximadamente un año y  dejaron inconcluso el proceso de reglamentación e implementación de la ley de seguridad pública 6.976, que habían iniciado en mayo de 2012. 

La Secretaría de Seguridad Pública, que a partir del 14-08-2013 está a cargo de Marcelo Churín, no presentó a la Comisión de Legislación General, Justicia y Seguridad de la legislatura provincial, desde la promulgación de la ley, ocho informes de avance trimestrales del proceso, en cumplimiento de los artículos 172 y 173 de la ley 6.976.

Dicha Secretaría tampoco presentó a la Cámara de Diputados del Chaco el Plan General de Seguridad Pública que, de acuerdo con lo establecido en los arts. 9, 10 y 11 de la ley 6.976, debe ser elevado anualmente  junto con el proyecto de ley de presupuesto provincial. Los planes correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014, que debieron presentar Oteo al 30-09-2012  y Churín al 30-09-2013, brillaron por su ausencia.

Estas circunstancias demuestran que, la imprevisión y el incumplimiento crónico de la ley 6.976, son una constante en la formulación y ejecución de las políticas públicas de seguridad en los últimos dos años.

Por su parte, la comisión legislativa responsable del seguimiento y monitoreo fue ineficaz en el control de los plazos de reglamentación que los propios legisladores habían establecido en la ley 6.976.

En el marco de ese proceso no se  concretaron entre otros los siguientes proyectos: decreto reglamentario de la Secretaría de Seguridad Pública (Art. 14); decreto reglamentario del Instituto Superior de Seguridad Pública (Art. 25); decreto  reglamentario del sistema policial (Art. 62);  resoluciones  reglamentarias de las unidades operativas medias y de base  (Art. 67);  ley del estatuto profesional y sus respectivos decretos reglamentarios (Art. 71); decreto reglamentario de agrupamientos y especialidades (Arts. 72, 74 y 75); decreto reglamentario del régimen de promociones y ascensos (Art. 83); decretos y resoluciones complementarias del régimen disciplinario policial y Dirección de Control Policial (Arts. 89 al 101); decreto reglamentario de la Defensoría del Policía (Arts. 102 y 104).

Estos proyectos pendientes no son tareas fáciles ni sencillas de realizar, máxime cuando se observa una limitación muy importante: con el mismo equipo de trabajo, tanto en la Secretaría de Seguridad Pública como en la Policía, se debe continuar con la misión de brindar seguridad a la población, cumplir con otras funciones secundarias, y simultáneamente ejecutar cada una de las etapas del proceso de reglamentación e implementación de la ley 6.976.

Dicho proceso implica “cambiar las ruedas del tren con el tren en marcha”, como graficara magistralmente un profesor universitario y colega docente de la ex Escuela Superior de la Policía del Chaco,  allá por el año 2002 cuando, con la participación de poco más de 500 funcionarios policiales, iniciábamos el proceso de reglamentación e implementación de la Ley Orgánica Policial 4.987, con el asesoramiento y monitoreo de especialistas de la UNNE.

La reforma del sistema de seguridad plasmada en la ley 6.976 no tuvo su correlato en los hechos. Se quedó en el discurso de la seguridad democrática, avanzó muy poco y está prácticamente paralizada desde hace un año aproximadamente. Esta situación impone la necesidad de una revisión del proceso, y la adopción de medidas urgentes para ayudar a salir de la  crisis en que se encuentra inmerso el sistema de seguridad pública en el Chaco.

(*) Policías Autoconvocados / Vecinos Autoconvocados.