Martes, 6 Diciembre, 2016 - 18:37

Por unanimidad, el Consejo de la Magistratura suspendió al juez Pedro Juárez

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El magistrado está involucrado en una investigación por estafas y acusado de ser “organizador” de una banda criminal, según la fiscal saenzpeñense Liliana Lupi. El STJ había encomendado al procurador Canteros el pedido de jury.

La investigación de una presunta asociación ilícita de la que forma parte el juez Civil y Comercial Nº 1 de Sáenz Peña, quien será notificado formalmente este miércoles de la suspensión resuelta por el órgano encargado de nombrar y remover jueces, alcanza hoy un punto de inflexión, ya que desplaza al magistrado y se espera que de esta forma facilite el trabajo del equipo fiscal.

Atentos al cúmulo de documentación que comprometía a Juárez, a mediados de septiembre los ministros del Superior Tribunal de Justicia habían encomendado al Procurador Jorge Canteros presentar ante el Consejo de la Magistratura el pedido de enjuiciamiento.

Cabe aclarar que la suspensión del magistrado es el primer paso en el marco del proceso de enjuiciamiento en el que eventualmente se habilitarán las correspondientes instancias para que el acusado ejerza su defensa. 

CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO JUÁREZ

En la denuncia articulada en los autos caratulados “Señor Procurador General Dr. Jorge Omar Canteros s/ Acusación C/ Dr. Pedro Alejandro Juárez- Juez Civil y Comercial Nº 1 de PCIA. Roque Sáez Peña. Expte Nº 242/16, se resolvió por unanimidad declarar procedente la acusación deducida por el señor Procurador General DR. Jorge Omar Canteros contra el Juez Juárez y por lo tanto suspender al Dr. Pedro Alejandro Juárez o en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo previsto y normado por el Art 169 de la Constitución Provincial y el art 6 de la ley Nº 188. 
 
Cabe agregar en lo que respecta a la Denuncia presentada por Tjor Alejandro Daniel contra el Juez Civil y Comercial Pedro Juárez. Expte Nº 239/ 16. El consejo decidió rechazar la imputación por considerar que “… para dar curso a las denuncias formuladas contra magistrados o funcionarios, se requiere que la imputación se funde en hechos graves o inequívocos o, por lo menos, en la existencia de presunciones serias que autoricen razonablemente poner en duda la rectitud de conducta de un juez o funcionarios…”

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