Miércoles, 8 Enero, 2014 - 11:25

Policialización de la falsa seguridad democrática
Por Rolando Núñez (*)

Mandá tu info, fotos, videos o audios al 3624518042

El gobernador Jorge Capitanich promulgó en mayo de 2012, con bombos y platillos, la ley de Sistema Provincial de Seguridad Pública (6.976), que intensamente se  difundió como de seguridad democrática. Destacó que Chaco era la primera provincia del país que promovía –con la ley referida - un cambio estructural en la materia. Aseguró que  “La ley contribuirá a mejorar la calidad de vida del pueblo chaqueño”. El gobernador de entonces detalló que con la ley  se reglamentaría  la participación de los tres poderes del Estado en el Consejo de Seguridad Publica, la creación efectiva de una Secretaria especifica que se ocuparía del cumplimiento efectivo de la legislación respecto a las metas, objetivos, estrategia de intervención, observatorio del delito y la delincuencia en la provincia.

Además, Capitanich destacó que la ley de seguridad democrática contemplaba el control externo del funcionamiento de la Policía y del Servicio Penitenciario, subrayando que se contaría con un Tribunal compuesto por dos abogados civiles sin estado policial y un oficial de alto rango de la Policía. Señaló que la organización de la fuerza de seguridad tendría un modelo de control civil para garantizar su democratización. Remarcó la importancia de la participación de la sociedad civil

A su vez, el presidente de la cámara de diputados Eduardo Aguilar afirmó: "Este es un momento muy importante. Estamos saldando una deuda de la política y de la democracia, que durante mucho tiempo dejó los temas de seguridad y la policía bajo la alfombra. Recordó que “Desde el regreso de la democracia, hubo una suerte de pacto implícito por el cual la política no avanzaba en estos temas de la policía a condición de que no se generen grandes escándalos de seguridad. Pero la sensación de la gente va por otro lado, y nos dice que no podemos seguir haciéndonos los distraídos en este tema". Resaltó que “Esta ley tiene un espíritu que es plenamente reconciliable con el Acuerdo por la Seguridad Democrática, que ha sido firmado por todos los partidos políticos y pone bajo control político cuatro aspectos de funcionamiento de la policía: control de presupuesto, ascensos, sanción a las infracciones y el control a las actividades de inteligencia. Esto no puede estar fuera de un control democrático y político, y es fundamental para generar una reorganización del sistema de seguridad".

El titular del bloque justicialista Ricardo Sánchez ponderó que  “será la ley más importante de este año”. El diputado señaló que la norma planteaba un nuevo concepto de seguridad, con gran participación civil y para ello prevé cambios estructurales a corto y largo plazo.

NO SE PUSO EN VIGENCIA  LA LEY DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

A pesar de las altisonantes manifestaciones de las primeras figuras institucionales Chaco, lo cierto y concreto ha sido que la ley de seguridad democrática (6.976) no ha sido cumplida y se fueron venciendo los plazos para que fuera implementada. Por lo tanto, no se cambió el sistema de seguridad pública. Por el contrario, conviven el sistema viejo y el nuevo contemplado en la ley que no se aplica sino en sus formalidades  aparentes y menos sustanciales. De este modo se ha violado la ley tan ponderada de seguridad democrática. En el marco de los incumplimientos se destacan que no se produjeron los informes de los avances trimestrales que constituyen una obligación funcional de la secretaría de seguridad pública. Tampoco se han diseñado los planes estratégicos anuales con financiamientos presupuestarios apropiados. No se elaboró, en el plazo previsto de 180 días desde la promulgación de la ley, el estatuto profesional y no se implementó ni funciona el observatorio sobre violencia y seguridad. Tampoco fue creado el instituto superior. No se organizó la nueva estructura de control externo y la defensoría del personal policial y no funciona –con mínima eficiencia y oportunidad- la comisión legislativa de seguimiento y monitoreo de la implementación y reglamentación de la ley de seguridad. Las pocas reuniones del consejo de seguridad pública fueron absolutamente aisladas e ineficientes. Actuaron como receptores de las necesidades políticas circunstanciales del gobierno, como una especie de ONG dependientes de la gestión política, con convocatorias seleccionados como guante a medida de los intereses políticos, excluyéndose participaciones vitales. No se cumplieron los plazos y no se elaboraron dictámenes que contribuyeran a enfrentar y resolver la creciente seguridad pública. En definitiva, el funcionamiento de la Policía navega anárquicamente entre las prácticas del sistema antiguo, que sigue siendo dominante, y algunas aplicaciones de la nueva ley. Esto provocó un funcionamiento caótico, que ha contribuido al aumento sostenido de la inseguridad pública. La metodología aplicada fue y es desastrosa a pesar de que trabajo  y seguridad son los dos reclamos más fuertes de la comunidad chaqueña.

LAS NUEVAS DESIGNACIONES CONFIRMAN LA POLICIALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD

Después de que se promulgara la ley de Sistema Provincial de Seguridad Pública (6.976) se crearon las subsecretarías de seguridad pública y de  participación comunitaria, de asuntos penitenciarios, de seguridad vial y de asuntos policiales. Tales subsecretarías se reducen a los cargos de los subsecretarios porque no tienen estructura administrativa, como tampoco cuentan con manuales de funciones y misiones   que debían ser redactados a través de la correspondiente reglamentación. Los subsecretarios debían reemplazar a los directores generales de nivel estratégico de la Policía, debiendo desaparecer las direcciones de seguridad metropolitana, seguridad interior, dirección general de investigaciones, de recursos humanos y materiales y la policía caminera. Sin embargo, subsisten y se superponen tales  funciones, con altos niveles burocráticos  y de ineficiencias,  mientras persiste y crece la inseguridad pública.

En el caótico   esquema descripto aparecen las preocupantes designaciones de los comisarios retirados  Juan de la Cruz González al frente de Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios y de  Jorge Edmundo Caballero en la Subsecretaría de Asuntos Policiales. Los nombramientos de estos policías retirados evidencian los perfiles definidos de la actual gestión de gobierno, que se distancia cada vez más del control institucional y social del funcionamiento de la Policía, y de la democratización de la seguridad pública. De hecho, las prácticas del gobierno implican una tácita derogación de la ley de seguridad democrática. Los nombramientos significan un gran retroceso antidemocrático.  A la designación y permanencia, inexplicable, de Marcelo Andrés Churin como secretario de seguridad  -a pesar de que se encuentra en actividad, de los resultados negativos que se acumulan en su gestión y de que es de rango inferior al jefe y subjefe de policía- se agregan ahora los nombramientos de dos funcionarios policiales retirados, pero que conservan sus estados policiales, con lo cual se asegura mayor cuota de visión corporativa policía.

Juan de la Cruz González  conocía la realidad penitenciaria hasta su retiro porque fue uno de los policías formados para manejar el tema. Gozaba de un buen concepto en su desempeño policial. Pese a que se retiró no hace mucho tiempo, este factor conspira  en su futura gestión en virtud de la velocidad de la dinámica cambiante de las realidades. Mientras que el comisario retirado Jorge Edmundo Caballero genera una profunda preocupación por sus perfiles conocidos durante el tiempo en que estuvo en actividad. Su designación provoca mucha intranquilidad y malestar justamente por sus prácticas policiales, que seguramente fueron conocidas por el gobierno antes de su designación, con repercusiones que probablemente se manifiesten en algún momento, sobre todo frente a un desempeño ineficiente e infortunado del secretario de seguridad pública Churin, que ha tenido un flojo desempeño desde que asumiera, de manera que es previsible la futura influencia de Caballero, que si se concretara sería nefasta para la institucionalidad y la seguridad pública.

EL CONFLICTO POLICIAL PENDIENTE

El gobernador en ejercicio rubricó el 23 de diciembre pasado el  Decreto 3030, a través del cual dio por finalizado y aceptado el reclamo policial que se inició el domingo 8 de diciembre, estableciendo el pago de un anticipo no remunerativo y no bonificable de 1450 pesos para agentes y cabos y 1200 pesos para los restantes cargos.  Dispuso que tales anticipos serán imputados a cuenta de futuros aumentos.  Después de lo acordado en materia salarial, que comprendió un salario líquido inicial de bolsillo para el agente de policía  de 8000 pesos a partir del 1º de diciembre, el gobierno  aparentemente habría solucionado el conflicto   aunque la realidad marca que no es así porque el personal policial continua en estado deliberativo en torno a este tema, de tal modo de que  razonablemente debería entenderse que la conflictividad pendiente tendrá consecuencias negativas para la comunidad en términos de más inseguridad pública.

Una cuota de mayor conflictividad puede surgir  de lo que reflejan los números y  los recursos manejados por el Estado desde la salida de la convertibilidad dado que  demuestran que los fondos públicos fueron suficientes y la alteración se produjo por el inequitativo  sistema de distribución salarial que se aplicara, fundamentalmente por el festival de nombramientos de personal en el sector público que ensanchó -de manera extraordinaria- el impacto presupuestario del pago de sueldos. En el período 2002/2013 el sueldo mínimo vital y móvil se multiplicó por 18 veces, la coparticipación federal por 16 veces, el salario del maestro de grado de jornada simple por 12 veces, mientras que el del agente policial por  9 veces. Este análisis comparativo refleja claramente que no fue la escases de  recursos lo que generó los reclamos salariales, sino el sistema de injusta distribución. Aquí está la clave para comprender los conflictos que se desataron en el curso de los últimos años. Tomaron al Estado como un botín político y como una bolsa de empleo. Por lo tanto, las recurrentes crisis generadas en la gestión Capitanich a partir de los reclamos de recomposición salarial han tenido como único responsable al gobierno,  situación que se hace muy nítida producto de los efectos devastadores de la inflación, especialmente en materia de precios de los alimentos. 

(*) Centro de Estudios e Investigación Social Centro Mandela.