Martes, 2 Junio, 2020 - 17:48

Piden que la ministra de Seguridad explique el alcance del ciberpatrullaje en las redes sociales

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Diputados de Cambiemos pidieron este martes que la ministra de Seguridad Sabina Frederic explique al Congreso el alcance del protocolo que autoriza a las fuerzas de seguridad a realizar tareas de ciberpatrullaje en las redes sociales.

Los diputados José Cano, Ezequiel Fernandez, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Luis Petri, Álvaro de Lamadrid, Roxana Reyes, Claudia Majul y Miguel Bazze, presentaron un proyecto que critica varios de los puntos del protocolo publicado en el Boletín Oficial.

El abril se abrió una polémica cuando la ministra dijo en una videoconferencia que las fuerzas de seguridad hacían ciberpatrullaje para “medir el humor social”. Luego de ese debate, Frederic se reunió con representantes de organismos de derechos humanos y elaboró un protocolo que dice que está de acuerdo con estándares internacionales en la materia.

El proyecto de resolución de los diputados de Cambiemos afirma que el protocolo “busca evidentemente, callar voces disidentes, aprovechando el marco del decreto presidencial que establece la cuarentena por el COVID-19, ya no midiendo “el humor social”  como había dicho la Ministro Sabina Frederic, sino yendo un paso más adelante al investigar de forma policial las redes sociales y la vida de los ciudadanos”.

El protocolo permite investigar a ciudadanos que “no han cometido acciones delictivas al momento, para luego imputarlos de posibles y potenciales delitos, criterio que dependerá de la determinación del peligro “potencial” de la persona, según parámetros del actual Ministerio de Seguridad y las fuerzas que dependen de ella”.

Los diputados destacan que el Protocolo en su artículo 3° señala que “la prevención policial del delito en el espacio cibernético procurará el conocimiento de posibles conductas delictivas cuyo acaecimiento sea previsible en función de la emergencia pública en materia sanitaria”.

En este sentido también establece que "se considerarán presuntamente delictivas aquellas conductas a cuyo respecto pueda evaluarse que están dirigidas a incitar o producir una inminente acción delictiva”.

Este último punto, dicen los diputados, “es particularmente contrario a nuestro sistema jurídico vigente, ya que busca imputar sobre un delito, pero antes de que este haya sido cometido, es decir es similar a detener a alguien por “portación de rostro” y no por las acciones que está haciendo”, subraya.

Para los diputados de la oposición, según el protocolo “sería un delito futuro o potencial, algo que vulnera los principios constitucionales de Culpabilidad y de Reserva debido a que nadie puede ser culpado, investigado o imputado por una acción que no cometió o simplemente por su forma de pensar”.

“Estos principios constitucionales son un límite al poder del Estado. Nuestro Código Penal no castiga la forma de ser, la pertenencia de un individuo a un grupo determinado o la personalidad del sujeto, solo investiga y juzga conductas y hechos delictivos determinados y específicos”, agrega el proyecto opositor.

Luego afirma el pedido de informes que al excluir “al personal de inteligencia de las fuerzas de seguridad -agentes se encuentran obligados bajo las leyes que regulan la materia con las restricciones y limites correspondientes- de las tareas denominadas de ciberpatrullaje o búsqueda en fuentes digitales abiertas, se procura enmascarar tareas de inteligencia con personal de otras áreas del Ministerio, pero que en la práctica realizarán estas funciones sin las restricciones legales ni la formación correspondiente”.

Finalmente, el proyecto de Cambiemos dice que espera que “una tragedia mundial como ha sido la propagación del Virus Covid-19, no sea una excusa para que los Estados, en este caso el argentino, puedan instalar un estado policial de vigilancia masiva indiscriminada que suspenda las garantías fundamentales y principalmente la libertad de sus ciudadanos”.

El Gobierno nacional creó este martes el "Protocolo General para la Prevención Policial del Delito con Uso de Fuentes Digitales Abiertas", a través del cual definirá normas para detectar actividades ilegales en internet relacionadas al coronavirus​.

La medida, publicada en la Resolución 144/2020 del Boletín Oficial, lleva la firma de la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic​, tiene como objetivo principal detectar la reventa de insumos de salud que son necesarios en la pandemia.

El protocolo estará vigente mientras se extienda la emergencia pública en materia sanitaria por el Covid-19 y las cuatro fuerzas federales tendrán un plazo de 20 días para designar a cada funcionario encargado de "ajustar" a las regulaciones vigentes de cada cuerpo todos "los principios, criterios y directrices generales" de la resolución.

De acuerdo a la resolución, la Policía Federal, la de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y Prefectura Naval tendrán sectores dedicados especialmente a detectar en la web “la comercialización, distribución y transporte de medicamentos apócrifos y de insumos sanitarios críticos", así como también la venta de presuntos fármacos anunciados "bajo nomenclaturas y referencias al COVID-19 o sus derivaciones nominales, sin aprobación ni certificación de la autoridad competente”.

Otra tarea será prevenir “los ataques informáticos a infraestructura crítica (especialmente a hospitales y a centros de salud)”, así también como combatir “la trata de personas; el tráfico de estupefacientes; el lavado de dinero y el terrorismo”.

Todas las tareas de ciberpatrullaje deberá realizarse en base a “fuentes digitales abiertas”, las cuales el Gobierno definió como “los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad, cuyo acceso no implique una vulneración al derecho a la intimidad de las personas”.

Justamente, el protocolo plantea una serie de prohibiciones para las fuerzas federales, que no podrán “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas o usuarios por el sólo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política” o “emplear métodos ilegales o violatorios de la dignidad” humana para realizar las averiguaciones.

Además, se indicó, Frederic coordinará una Mesa Consultiva que se reunirá al menos una vez cada dos meses y deberá controlar la correcta aplicación de estas nuevas reglas, " elaborar los lineamientos de un mecanismo de auditoría, transparencia y publicidad" del accionar policial y “proponer modificaciones o disposiciones complementarias” al protocolo.

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Fuente: 
Clarín