Viernes, 10 Abril, 2020 - 11:54

Permiso de pesca: Las decisiones del gobierno deben respetar el principio precautorio
Por: Livio Gutiérrez (*)

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En general uno cuando trabaja en la función pública, el acceso a datos e información es algo que abunda, incluso en exceso; sin embargo es la capacidad de interpretarlos y en base a ello adoptar decisiones inteligentes, oportunas y correctas una condición que suele distinguir o no al funcionario público. Esta condición, debería agudizarse o por lo menos tratar de disminuir el margen de error cuando inciden directamente en nuestros recursos naturales y ambiente, porque está en juego nuestro futuro.  
 
Ahora fue el turno de la pesca lo que prendió nuevamente los alertas de todos (quisiera advertir al lector antes de iniciar que el gobierno provincial ya ha dado marcha atrás con la decisión), y con la presente nota aspiro a que consideremos la importancia de nuestras decisiones colectivas o individuales en materia ambiental y que tengamos en cuenta que no en todos los casos se tornan “inocuas”. En muchos casos podremos retractarnos antes de producir el daño (como espero que haya sido en este caso) y en otros casos nuestro arrepentimiento o nuestra acción tardía no servirá de nada. Por ejemplo ¿De qué serviría arrepentirnos de haber desforestado, pescado indiscriminadamente o contaminado con basura un afluente de agua?
 
Para evitar daños, nuestra Constitución Nacional y numerosos intrumentos jurídicos internacionales consagran en materia ambiental el “principio de precaución”, que está llamado a operar antes de que se ocasione un daño, bastando que existan sufientes elementos que permitan considerar que la decisión que vamos a adoptar puede tener virtualidad de ocasionar un daño ambiental.
 
En este contexto, la resolución dictada en fecha 6 de abril N` 0393/20 por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Ambiente donde se exceptúa de la suspensión ordenada a las actividades de “pesca comercial y artesanal, a partir del 06 de abril de 2020 en forma gradual progresiva implementando los protocolos de seguridad y prevención del COVID-19”, podría llevarnos a sostener que se ha adoptado sin evaluar los riesgos y la información que existía a la fecha en relación a las condiciones del río Paraná y riachos adyacentes, como de los numerósos cardúmenes de peces.  Ante tal decisión, sucedió lo esperado, se desataron miles de críticas en los medios de prensa y redes sociales, al punto de ser dejada sin efecto tal como lo señalaba precedentemente.
 
La justificación dada por la titular de la cartera fue que el DNU 297/20 dentro de las actividades exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” (art. 6) estableció en su inc. 13 a las “Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.”, pero si me permiten especular, difícilmente estén desde Nación evaluando las condiciones hidricas de nuestros ríos y riachos sino que se estarían refiriendose a la pesca maritima.
 
Pero aún si así fuera, nuestra ley de Pesca provincial autoriza claramente en su Artículo 7º al Organismo de Aplicación la posibiliad de suspender en cualquier momento la extracción de peces en caso de que “las condiciones del ambiente así lo exigen (seca, bajante pronunciada de ríos y riachos, contaminación, temperaturas extremas, u otros)”, o también si existe “concentración de peces que faciliten la extracción, que de continuar con las capturas, hagan peligrar la sustentabilidad del recurso.”
 
En consecuencia, existiendo una bajante historica y pronunicada de nuestros ríos y riachos que provoca concentración de peces, hecho que todos hemos visto en videos que circulaban por las redes sociales, la suspensión de la pesca debió sostenerse más allá de las medidas que se tomen en el marco del COVID-19 a nivel nacional, porque habilitar en estas condiciones la pesca comercial no será otra cosa que habilitar una masacre, desoyendo el énfasis preventivo constitucional.
 
El cambio climático, la protección de los recursos naturales y el ambiente son derechos basados en la solidaridad de los pueblos, y en consecuencia es nuestra obligación mantenerlos para las generaciones futuras, por tal motivo la moraleja que debe dejarnos este hecho es que debemos exigir a nuestros funcionarios que en materia de recursos naturales y ambiente tengan siempre presente antes de adoptar cualquier decisión la manda constitucional de tratar de prevenir cualquier daño, de lo contrario el arrepentimiento no siempre llegará a tiempo.
 
Desde el lugar que nos toca estamos dispuestos a aportar en la construcción de la “agenda ambiental” propuesta el Gobernador Capitanich en enero de este año al presentar el “Plan de Ambiente y Desarrollo Territorial”, de hecho tenemos varios proyectos en este sentido presentados en la Cámara de Diputados a la espera de ser tratados por la mayoría que detenta el gobierno, pero para ello es imprescindible que daño actual cese de inmediato y en ese mandato estamos todos incluídos.  
 
(*) Diputado Provincial por la UCR